La nueva Ley de Participación Ciudadana ‘desafía’ al Congreso de la CDMX
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El primer Congreso de la Ciudad de México, que inició funciones en septiembre pasado, enfrenta uno de sus primeros grandes desafíos: aprobar una nueva Ley de Participación Ciudadana acorde con la primera Constitución de la capital, que entró en vigor en 2018.
Los diputados tienen ocho meses para cumplir con esta tarea y fijar las reglas para que operen los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos, así como el Presupuesto Participativo de la capital.
En ambos casos, se trata de mecanismos clave para la participación de los ciudadanos en las decisiones de sus entornos en la CDMX.
Los comités y consejos son espacios en los que la gente de colonias y pueblos se organiza para contactar a las autoridades y exigir soluciones en problemas como baches, desabasto de agua, inseguridad e iluminación. El Presupuesto Participativo es una bolsa de recursos públicos que se emplean para realizar proyectos específicos —como reparación de parques, compra de luminarias, pintura u otras obras—, elegidos a partir de una consulta pública.
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¿Cuál es la situación en el Congreso de la CDMX?
Los diputados locales trabajan en la nueva ley y, mientras tanto, ya tuvieron que empezar a hacer ajustes en otros temas relacionados.
La semana pasada, aprobaron una reforma a la actual Ley de Participación Ciudadana para ampliar el plazo para la renovación de los 1,815 comités ciudadanos de la capital. La convocatoria para dicha renovación debía lanzarse en abril, pero ahora se estableció que sea hasta que exista la próxima legislación.
Con esta modificación —avalada con 37 votos a favor de Morena, PES y PT y 19 en contra de PRD y PAN—, se determinó el plazo para la nueva ley —de la que aún no existe borrador— y que a más tardar en la primera semana de diciembre se elija a los nuevos comités.
¿Cuál es la polémica con los comités?
Los actuales seguirán en funciones hasta el 31 de diciembre próximo. Están integrados por entre cinco y nueve personas cada uno, hay uno en cada colonia, su función es ser un intermediario entre las autoridades y los habitantes, y no están exentos de polémica.
Durante años, el PAN y el PRI acusaron al PRD y sus gobiernos de ‘infiltrar’ los comités para poder controlarlos, realizar prácticas clientelares y obtener beneficios económicos, políticos y electorales. Para ello, según panistas y priistas, el PRD colocaba funcionarios delegacionales en estos espacios, a pesar de que está prohibido en la Ley de Participación Ciudadana.
Por ejemplo, en 2013 el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF, hoy IECM) encontró 344 candidatos a formar parte de los comités que eran servidores públicos de seis delegaciones, todas encabezadas por el PRD.
El mismo año, se dio a conocer que la delegación Magdalena Contreras gastaba hasta 331,000 pesos en el salario de 56 representantes de comités. Entre ellos estaba Abel Pérez Acevedo, quien cobraba 29,390 pesos como subdirector de Colonias y Viviendas y, al mismo tiempo, era presidente del comité de la colonia Vista Hermosa.
Hoy, expertos llaman a evitar que esas mismas prácticas se repitan ahora con una administración de Morena.
Ivonne Acuña, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), advirtió que Morena ahora busca “desmontar la estructura de poder del PRD”, partido que gobernó la CDMX durante 21 años, para ahora crear una propia. En ese sentido, consideró posible que, con la nueva ley, la mayoría de Morena busque evitar rechazo de los capitalinos a acciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Yo creo que (la nueva norma) es para asegurar el control en función de las facultades que puedan tener o la incomodidad que puedan causar estos comités, como ocurrió con el Corredor Cultural Chapultepec, un proyecto de Miguel Mancera que se enfrentó con la resistencia de los comités”, dijo.
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¿Y qué hay del Presupuesto Participativo?
En el otro tema, el del presupuesto, los expertos también llaman a poner lupa para evitar que haya irregularidades en su ejercicio.
Actualmente, según la norma vigente, esa bolsa equivale a 3% del dinero anual que tienen las 16 alcaldías. Esto se traduce hoy por hoy en 1,284 millones de pesos.
¿Qué se debe tomar en cuenta?
Manuel Saturnino Canto, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que el Congreso debe apegarse a lo que marca la Constitución de la CDMX y elaborar una norma que favorezca la participación y evite las malas prácticas.
En esa línea, llamó a los legisladores a incluir a la propia ciudadanía en la redacción de la nueva normatividad.
“Sería muy lamentable que la ley fuera producto de la iniciativa del Poder Ejecutivo y no de una consulta a fondo del Congreso con la ciudadanía. Si estamos hablando de una Ley de Participación Ciudadana, los ciudadanos tienen que intervenir en su elaboración y discusión”, dijo.
