1. Dos conteos de homicidios que no coinciden
En la actualidad, México tiene dos grandes contadores de homicidios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) parte de los certificados de defunción y clasifica las muertes de acuerdo con su causa médica. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en cambio, recibe de las fiscalías estatales el número de víctimas registradas en carpetas de investigación.
Uno cuenta personas fallecidas; el otro, víctimas reconocidas dentro del sistema ministerial. Es razonable que no coincidan exactamente: utilizan documentos, tiempos y criterios diferentes. Lo que necesita explicación es que la distancia alcance decenas de miles de personas.
La primera alarma está en la brecha nacional. En la década de 2015 a 2025, el INEGI registró 21,051 homicidios más que el SESNSP —incluso después de sumar en este último las víctimas de homicidio doloso y feminicidio—. No hablamos de 21 mil expedientes o trámites administrativos. Hablamos de 21 mil víctimas de diferencia entre dos registros oficiales que describen un mismo problema.
El INEGI reportó más homicidios en cada uno de los años analizados. La diferencia se redujo hasta 967 víctimas en 2019, pero después volvió a crecer: llegó a 2,632 en 2024 y a 3,645 en 2025. Este último dato todavía es preliminar, pero la trayectoria es clara: lejos de cerrarse, la brecha se volvió a ampliar.
2. La brecha de los homicidios por estados
La segunda alarma aparece cuando bajamos la mirada a los estados. Al comparar las cifras según la entidad donde ocurrió la muerte, el INEGI acumula 14,123 homicidios más que el SESNSP en el mismo periodo, de 2015 al 2025. Esta cifra es menor que la brecha nacional de 21,051 porque aquella se calcula con los totales nacionales, mientras que el análisis estatal utiliza el lugar de ocurrencia donde hay muerte sin estado identificado. Sin embargo, esa diferencia no se distribuye de manera uniforme.
En Guanajuato, el INEGI contó 5,782 víctimas más que el SESNSP; en el Estado de México, 5,161, y en Chihuahua, 3,012. Estas tres entidades concentran 71.5% de todas las diferencias estatales en las que el INEGI registra más homicidios.
En otros lugares sucede lo contrario. En Veracruz, el SESNSP contó 2,534 víctimas más que el INEGI; en Jalisco, 910 más; en Oaxaca, 734, y en la Ciudad de México, 405. No parece existir una falla idéntica en todo el país. La información sugiere diferencias en la manera en que cada estado registra, clasifica o actualiza sus casos.
Hay otra pieza preocupante: el INEGI contabilizó 6,926 homicidios cuya entidad de ocurrencia no fue especificada. Sabemos que esas personas murieron, pero no podemos ubicar correctamente dónde ocurrió la agresión. Estos registros explican prácticamente una tercera parte de la distancia entre la brecha nacional y la que puede distribuirse territorialmente.
3. Cuando las tendencias no cuadran
La tercera alarma está en las trayectorias. Al comparar las variaciones año contra año y fuente contra fuente, se observa que en 262 ocasiones el INEGI y el SESNSP coincidieron en la dirección de la tendencia. Es decir, esas veces, al mismo tiempo, los homicidios aumentaron o se redujeron. Eso es importante porque indica que, en términos generales, las dos métricas suelen contar la misma historia sobre la tendencia.
Sin embargo, en otros 52 casos contaron historias contrarias: una fuente registró un aumento mientras la otra una disminución. Hidalgo presentó esta divergencia en cinco de los 10 cambios anuales analizados. El Estado de México y Durango, en cuatro; aunque el Estado de México merece especial atención. Además de acumular la segunda mayor brecha del país, en 2016, 2021, 2022 y 2024 los homicidios aumentaron según el INEGI y disminuyeron según el SESNSP. En esos años, la respuesta a una pregunta tan básica como “¿la violencia mejoró o empeoró?” dependió de la fuente consultada.
La necesidad de una auditoría
Nada de esto demuestra que las fiscalías hayan ocultado o reclasificado deliberadamente miles de homicidios. Para sostener una acusación así se necesitarían otras pruebas. Pero una diferencia nacional acumulada de más de 21 mil víctimas, brechas persistentes en algunas entidades y 52 comparaciones estatales en las que una fuente aumenta mientras la otra disminuye tampoco pueden tratarse como simple ruido estadístico. Son señales que deben explicarse.
México necesita una auditoría institucional en la que participen las autoridades —para garantizar el acceso a los registros— y organizaciones de la sociedad civil y especialistas independientes —para aportar supervisión técnica—. La auditoría podría seleccionar una muestra representativa de muertes y reconstruir su recorrido administrativo: desde el certificado de defunción y el registro forense hasta la apertura de la carpeta de investigación, su clasificación inicial y sus posibles modificaciones.
El objetivo no sería resolver cada homicidio ni determinar responsabilidades penales. Sería comprobar si una misma muerte aparece en ambos sistemas, si fue registrada bajo categorías equivalentes y si las correcciones posteriores llegaron a las estadísticas públicas. Necesitamos saber cuántas defunciones no tienen una carpeta asociada, cuáles cambiaron de categoría, cuánto tardaron en actualizarse y en qué punto se perdió la correspondencia entre las dos fuentes.
No se trata de elegir la cifra que más convenga ni de desacreditar toda la estadística criminal. Las fuentes disponibles permiten observar la tendencia general de la violencia. Pero una política de seguridad necesita algo más que tendencias: necesita cifras cuya construcción pueda explicarse y comprobarse. El problema no es que dos instituciones cuenten las muertes desde lugares distintos; sino que sus diferencias permanezcan sin una explicación pública. Una reducción de los homicidios debe poder verificarse, no solamente anunciarse.
*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)
