Dichas consultas técnicas iniciaron el 6 de marzo de este año y terminaron el 7 de abril. Estados Unidos las solicitó luego de la publicación del Decreto del 13 de febrero de 2023 para prohibir el uso de maíz blanco “transgénico” o “genéticamente modificado” (OGM) en tortillas o masa, y para sustituir gradualmente su utilización para consumo humano y animal.
Momento complejo para ambos países
La solicitud de las consultas de solución de controversias se circunscribe en un momento complejo para ambos países. Por un lado, surge en el marco de la elección presidencial de EE.UU. y bajo un contexto de presiones políticas de 62 legisladores republicanos (originarios de la región conocida como “cinturón de maíz”, que fue particularmente afectada por el Decreto), así como de diversas asociaciones de productores estadounidenses, quienes han exigido a la titular de la USTR, Katherine Thai, utilizar todas las herramientas previstas en el T-MEC contra México.
Por otro lado, nuestro país está en el final de un gobierno que ha mantenido una narrativa nacionalista en contra de la biotecnología y en favor de los métodos agrícolas tradicionales, lo que ha abonado a su popularidad. Es probable que los candidatos de Morena mantengan el mismo discurso en las elecciones del próximo año.
Cabe recordar que ambos países han tenido controversias similares: EE.UU. ganó una disputa en contra de la Unión Europea, en la que consiguió el acceso a productos OGM al mercado europeo, a través de la Organización Mundial de Comercio; por su parte, México ganó el panel contra EE.UU. sobre reglas de origen en el sector automotriz.
Canadá no está exento de esta controversia. A pesar de que algunas voces como el National Farmers Union (NFU) han expresado su preocupación sobre adherirse a las consultas iniciadas por EE.UU., las ministras canadienses de Agricultura, Marie-Claude Bibeau, y de Comercio Internacional y Desarrollo Económico, Mary Ng, han decidido participar por tratarse de un tema biotecnológico, lo que podría afectar intereses canadienses.
¿Es genuina la intención de México?
Vale la pena reflexionar si la postura mexicana en contra del maíz transgénico responde a un interés genuino de protección a la salud, al ambiente y a los pueblos indígenas, o si simplemente atiende a una estrategia discursiva que en la práctica contrasta con las acciones prioritarias del sexenio, calificadas como “ecocidas y etnocidas” por organismos internacionales, como el Tribunal de Derechos de la Naturaleza en marzo de 2023, y observadas consecutivamente por diversas instancias de derechos humanos.
Al considerar la diversidad de factores que intervienen en la conservación de los centros de origen del maíz, su salvaguarda tendría que implicar una política pública integral y coherente, que incluya, por un lado, medidas social y ambientalmente sustentables de mejoramiento de los cultivos, acciones eficaces para la competitividad de la producción en los mercados, estrategias de autosuficiencia alimentaria y el fortalecimiento de centros de investigación para aportar evidencia científica en la materia.
