La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó, por la madrugada, dos iniciativas en materia político–electoral que reforman más de 450 artículos en cinco leyes y expiden una. Los cambios aprobados por la Cámara Baja son parte del llamado “Plan B” del presidente López Obrador: es decir, ajustes a leyes electorales secundarias, luego del rechazo legislativo a la iniciativa de reforma constitucional en la materia. Los dictámenes aprobados por los diputados se discuten esta semana en el Senado de la República.
#ColumnaInvitada | Implicaciones y riesgos de la reforma electoral
Tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, la reforma electoral implicaría grandes riesgos políticos y mermaría las capacidades operativas del Instituto Nacional Electoral.
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Tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, la reforma electoral implicaría grandes riesgos políticos y mermaría las capacidades operativas del Instituto Nacional Electoral. Las implicaciones principales son:
1) Menoscabo de la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad: se proponen modificaciones en tres niveles: i) se modifican las oficinas centrales, al fusionar 17 áreas en 12 sin una justificación técnica de por medio (uniendo algunas divergentes como la jurídica con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral); ii) se compactan las 32 juntas locales, al desaparecer al vocal secretario y al vocal de organización; y iii) se desaparecen las 300 juntas distritales, la base territorial para organizar elecciones, y se sustituyen por una vocalía operativa.
En suma, la reducción implicaría el desmantelamiento del servicio de carrera del INE (el servicio profesional electoral) y despedir a cerca del 85% de sus poco más de 2,500 funcionarios. Además, la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales se vería afectada. Asimismo, los cambios aprobados mermarían la autonomía presupuestaria del INE.
2) Debilitamiento de la figura del consejero presidente: se desaparece la Junta General Ejecutiva, que es el brazo operativo del INE y a través del cual el consejero presidente garantiza la ejecución del mandato del Consejo General. En su lugar, se crea una Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros (uno de ellos el consejero presidente), los directores ejecutivos, así como representantes de los partidos políticos. Esto politizaría la implementación de los acuerdos del Consejo General y les daría a los consejeros electorales un papel ejecutivo, deformando su papel de supervisión.
3) Restricción de la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales: pierden atribuciones sustantivas, regulatorias, de fiscalización, así como para señalar y sancionar faltas electorales en contra de partidos políticos y/o candidatos, pues todo deberá interpretarse conforme “a estricto derecho”. La falta de sanciones generará impunidad y elecciones sin piso parejo.
4) Expansión de la capacidad propagandística de servidores públicos: en primer lugar, se elimina la restricción temporal y geográfica para que los servidores públicos rindan sus informes de gobierno (hoy solo lo pueden hacer una vez al año y en la demarcación geográfica que les corresponde) y, en segundo, se modifica la definición de "propaganda gubernamental" para atarla al ejercicio presupuestario (lo que se paga es propaganda y lo que no se paga no lo es).
Los cambios debilitan a la autoridad electoral, abriendo la posibilidad de que todos los servidores públicos, incluido el presidente, puedan hacer declaraciones durante las campañas.
5) Lo positivo de la reforma: busca acelerar el proceso para que las personas privadas de la libertad puedan votar e incluir a grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas) mediante acciones afirmativas. También pretende facilitar el voto de mexicanos en el extranjero.
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El proceso legislativo en la Cámara de Diputados fue apresurado, sin un análisis puntual del contenido y con una notable falta de técnica legislativa. Ahora, los cambios están en la cancha de la colegisladora, en donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha advertido que los cambios al sistema electoral deben “tejerse de manera fina y cuidadosa”.
De no ser así, es probable que los partidos de oposición interpongan una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque el “Plan B” contraviene los principios de equidad y neutralidad electoral previstos en la Constitución.
Construir un sistema electoral que garantiza elecciones libres, limpias y justas ha costado lustros de ensayos, errores, aprendizajes, negociaciones y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Tenemos un INE que da certeza e imparcialidad en las elecciones. Claro, el sistema electoral aún es perfectible, pero las mejoras se deben impulsar con análisis, diálogo, consenso y visión de largo plazo; no con prisas, sin rigor y pensando principalmente en la correlación de fuerzas políticas vigente.
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Nota del editor: Marina Reyes y Josué Jijón son consultores especializados en análisis político-electoral en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
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