No han simulado el ataque brutal en contra de la normalidad democrática. Como ellos dicen encarnar la voluntad popular, lo que proponen es que el nuevo órgano electoral sea integrado por consejeros que sean determinados en base a candidatos nominados entre el Ejecutivo (la mano que mece la cuna), el Congreso (con la mayoría del partido dominante) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (donde el gobierno tiene tristemente también incondicionales). En el fondo lo que nos están diciendo es que en lugar de la estructura de diversidad y balance que con mucho trabajo se ha construido en el INE, ahora se tendría una conformación con un claro diseño ideológico y dominado por incondicionales.
Aún temas que podrían parecer no tan malos, en el fondo encierran enormes retrocesos. Uno de ellos es el que se pretenda jugar con la figura de los legisladores plurinominales. El argumento es que no son personas que han ganado elecciones, y que al ser designados por los partidos políticos, son de alguna manera no representativos por carecer de un vínculo directo con el voto popular.
Pero estos legisladores son una herramienta esencial para lograr dos cosas, por un lado una mayor representatividad de minorías políticas que no necesariamente están vinculadas con los partidos políticos dominantes, y también hacer que lleguen a las cámaras personas que tienen experiencia, conocimientos y pericia en temas que son relevantes para tareas de fondo en lo que a iniciativas legislativas se refiere. Han sido muy importantes los aportes de este tipo de legisladores. Pulverizarlos solamente provocaría una sobre representación de la mayoría y una caída en la calidad de los trabajos que se realizan en el diseño de nuevas leyes en el país.
La iniciativa de modificación constitucional se constituye así en un misil que pretende erosionar nuestra evolución democrática. En sí implica una perversa movida en el tablero del ajedrez político. Si bien es cierto Morena y sus satélites se beneficiaron del régimen democrático para llegar por la vía electoral al poder, ahora pretenden cerrar las puertas y volverse una fuerza monolítica que desprecia la alternancia, y que en lugar de competir en las urnas para lograr convencer al electorado, quiere encriptar el posible castigo que el electorado tiene derecho a hacer valer para que cuando un gobierno no funciona se le pueda sacar del poder por voluntad mayoritaria.
Preocupa sobre manera lo que se quiere impulsar por la simple y sencilla razón de que de prosperar la iniciativa nos podríamos parecer ya no al régimen político electoral prevaleciente en México digamos antes de 1997, sino más bien a los modelos que hoy tienen metidos en la penumbra democrática a países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina y Nicaragua. Menudo grupo al que nos quieren meter. No nos merecemos semejante deterioro y pérdida de libertades.
Quizá lo que más duela es la corrupción intelectual que este proceso encierra. Pensemos por un segundo que quien hoy gobierna el país se dijo ser representante de la izquierda.
Pero en los hechos se ha convertido y demostrado como un autoritario de extrema derecha que no va a dejar de destruir todo a su paso, minando instituciones, militarizando las actividades civiles (más de 225 actividades civiles turnadas a su ejercicio castrense), pactando abiertamente con la delincuencia (el presidente les manda abrazos y no balazos, y sigue acudiendo a rendir cuentas a Badiraguato ya en al menos seis visitas sin prensa), dejando morir a miles de mexicanos por la destrucción del sistema de salud y la falta de medicamentos (más de 700,000 muertos en la pandemia), quitando la movilidad social al erosionar el sistema educativo nacional (sacrificando la calidad al quitar evaluaciones y dando prebendas sindicales), condenando a la miseria a millones de mexicanos que no pueden tener un empleo digno (erosionando la confianza país para tener inversiones), menoscabnado la sustentabilidad en el país (con una serie de acciones dirigidas a la destrucción del medio ambiente y sin respeto alguno por las normas aplicables), y ahora pretendiendo cerrar los diques para evitar competencia electoral libre y sana (con su más clara demostración de autoritarismo en esta iniciativa).
Una combinación fascista como se le quiera ver. La izquierda no gobierna (si lo hiciera crecerían los derechos), lo hace una pandilla de forajidos que lucraron con el engaño al electorado en 2018, y que hoy no tienen empacho en mostrar su verdadera cara de corte dictatorial.
Por todas estas razones es que debemos recalcar que estamos en una zona de alarma total. Requerimos estar con los ojos abiertos y exigir con vehemencia a los legisladores de oposición en el Congreso federal para que por ningún motivo se dejen presionar y cedan un ápice ante la celada que se quiere perpetrar contra nuestra libertad esencial de propiciar alternancias pacíficas. Como sienten que no pueden ganar limpiamente (quizá nunca lo han hecho), qué mejor que entorpecer la democracia.
