Uno de los puntos más decisivos y emblemáticos de la iniciativa de reforma electoral es cambiar la naturaleza de la autoridad electoral, saboteando el corazón de la imparcialidad e independencia del árbitro electoral. La nuez de la iniciativa tiene que ver con una propuesta de nombramiento de los consejeros electorales que los pondría a merced de las maquinarias de los partidos, y especialmente de Morena, para conseguir los apoyos populares que se requerirían para llegar al cargo.
Sin duda, iría en detrimento tanto de la capacidad técnica como de la imparcialidad, indispensables para ser miembro del máximo órgano colegiado de dirección de la institución encargada de organizar y avalar las elecciones en México. No es menor, tampoco, la obcecada propuesta de pulverizar toda la infraestructura electoral local, sin un diagnóstico convincente sobre los beneficios de dicha propuesta.
Lo que en estos días resulta más alarmante es la precariedad, si no es que ya una total ausencia, de una coalición legislativa que sirva como un efectivo dique de contención para evitar que prospere una contrarreforma electoral de esas características, como sí ocurrió, en su momento, con la fallida (contra) reforma constitucional en materia energética.
Y es que, al parecer, el gobierno logró fragmentar al PRI, y a algunos legisladores de otros partidos —sin que sepamos con claridad los motivos—. De esa manera se consiguieron, recientemente, los votos necesarios para profundizar la militarización del país con la reforma a la Guardia Nacional.
Ante ese desafiante escenario, la defensa no solo del INE y de las demás autoridades electorales, sino de la democracia misma, no debe escatimar en esfuerzos.
El 21 de octubre pasado se dio a conocer la opinión a la que arribó el Consejo de Europa, a través de su órgano consultivo, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho —conocida como Comisión de Venecia—, sobre las iniciativas de reforma electoral promovidas por el gobierno mexicano. El pronunciamiento de este importantísimo organismo internacional fue a consecuencia de una solicitud formulada por Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
