¿Cuál es el potencial del derecho a saber, su valor social y las utilidades de la información pública para la vida cotidiana de las personas? En un principio, el Derecho de Acceso a la Información (DAI) supone beneficios múltiples y de diferente naturaleza. La utilidad social del derecho de acceso a la información debe clasificarse en dos categorías: 1) las utilidades sistémicas; y, 2) las utilidades particulares.
En cuanto a las utilidades sistemáticas me refiero a los beneficios que el DAI supone para la totalidad del sistema democrático, es decir, que benefician a la sociedad en su conjunto en tanto que posibilitan o fortalecen el respeto de los pilares de las sociedades modernas.
La aplicación de las utilidades sistémicas permite fortalecer la legitimidad del régimen democrático; fomentar la participación social en los asuntos públicos; promover la recuperación de la confianza ciudadana en las acciones gubernamentales; posibilitar ejercicios de rendición de cuentas efectivos; incentivar el debate público y dotar de insumos para la opinión pública, o coadyuvar en el combate a la corrupción, pues la observación permanente de las acciones y decisiones de los gobiernos desincentiva y previene los intercambios corruptos.
Como utilidades particulares, definidas como beneficios directos y específicos para una persona o grupo, debemos identificar al menos dos especies: la utilidad cognitiva y la utilidad instrumental. La utilidad cognitiva se refiere a cuando la información, por sí misma, implica una ganancia (o beneficio) para la persona solicitante. En cambio, en la función instrumental, la información se convierte en un medio para obtener un beneficio ulterior e incluso potenciar otros derechos. He aquí la visión del DAI como un “derecho llave”.
Para hacer esta premisa más ilustrativa debemos ejemplificar dichos beneficios, clasificándolos por sectores, pues de esta forma la sociedad puede tener mayor claridad de cómo pueden construirse beneficios o soluciones a partir del DAI.
A continuación, expondré la utilidad en cinco sectores que me parecen apremiantes en el contexto actual de nuestro país: la equidad de género, el desarrollo económico, la salud, la justicia y el medio ambiente.
En materia de género. El acceso a la información nos permite fortalecer esta agenda, de inicio, porque es justamente la publicidad de la información pública la que ha posibilitado que hoy contemos con datos y elementos contundentes para hacer patente un diagnóstico cada vez más atinado sobre la situación de las mujeres en el mundo.
Así, este derecho nos ayuda a posicionar nuestras necesidades con fundamento en la información obtenida y difundida por periodistas, integrantes de la academia y organizaciones civiles. Al tiempo, al visibilizar tales circunstancias, damos pauta a la articulación de exigencias.