Incongruencia entre la naturaleza del problema y la respuesta del Estado
Hablamos de militarización cuando las fuerzas armadas desempeñan directa o indirectamente funciones civiles del Estado, en el ámbito organizacional u operativo, ya sea por la vía legal o no. Nos referimos a funciones relacionadas con la gestión de conflictos y problemas sin un origen bélico.
En México, el proceso de militarización comenzó a finales del siglo XX con la alineación de la agenda gubernamental con los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, pero en los últimos 15 años los militares han ocupado con mayor frecuencia posiciones de mando dentro de corporaciones civiles y el número de efectivos castrenses que realiza funciones de seguridad pública ha incrementado considerablemente.
Además, en este sexenio, se aprobaron reformas para que la Sedena asuma formalmente el control de la Guardia Nacional, lo que implica un avance sustantivo de la militarización como una política de Estado.
Si el discurso oficial nos habla del profesionalismo de las fuerzas armadas, ¿entonces cuál es realmente el problema con la militarización? La única vía para reducir de manera sostenida un problema público es afrontarlo desde sus causas. Todo lo demás será un paliativo, si no es que un desperdicio de recursos humanos y materiales.
No existe una respuesta definitiva sobre las causas de la violencia, pero la literatura para el caso mexicano muestra que responde a tensiones ocasionadas por desigualdades sociales cuyo impacto varía en función del problema específico (homicidio, distintos tipos de robo, violencia doméstica, etc.) y del contexto particular. Un mismo problema en diferentes regiones puede tener explicaciones completamente opuestas, demandando, en consecuencia, intervenciones diferenciadas.
En este orden de ideas, el problema nodal con la militarización es que las fuerzas armadas están entrenadas para neutralizar a los enemigos del Estado; no pueden resolver privaciones económicas, modificar dinámicas culturales arraigadas en la familia o la comunidad (machismo, discriminación, permisividad, incivilidad, etc.) ni desempeñar funciones básicas para la procuración de justicia, como realizar detenciones o rendir declaraciones ante el ministerio público.
Debido a la desarticulación entre la naturaleza del problema y la respuesta gubernamental, es lógico que en estos años no contemos con evidencia contundente que respalde a la militarización de la seguridad pública como solución ante las violencias: a pesar de algunas leves reducciones entre sexenios, las violencias mantienen niveles lejanos a los mínimos históricos.
Más de 15 años de omisión, riesgos mayúsculos en años venideros
Por más de 15 años, el gobierno federal y varios gobiernos locales han sostenido que la militarización es necesaria, pues las policías civiles son corruptibles e incompetentes. Desde un principio, la participación de las fuerzas armadas debió articularse como parte de una estrategia de contención focalizada con atribuciones definidas bajo una lógica de coordinación, implementando, paralelamente, políticas para la prevención social de la violencia, fortaleciendo, asimismo, las competencias de las policías locales, ministerios públicos y fiscalías estatales, con el propósito de permitir el retorno paulatino pero definitivo a los cuarteles de las fuerzas armadas.
