En mayo de este año, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestaron su profunda preocupación por el creciente número que alberga el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México.
Para el primer trimestre de 2022 se contabilizaban más de 100,000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México, lo que fue considerado por el grupo de expertos como “una tragedia desgarradora”.
Esta cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores. La Alta Comisionada y expertos en derechos humanos resaltaron la magnitud de la tragedia y “la falta crónica de justicia, pugnando por poner fin a ese crimen y resarcir los derechos de las víctimas”.
Los datos desagregados de ese registro nacional indican que cerca de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, y que un 20% era menor de 18 años cuando desapareció.
A pesar de todos los esfuerzos realizados por los allegados de las víctimas y las organizaciones que dan acompañamiento, así como por las autoridades de los tres niveles del gobierno, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en nuestro país, lo que refleja un estándar habitual de impunidad.
Un caso emblemático en nuestro país y que en unas semanas se cumplirá otro aniversario de la tragedia, es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar rastro y sus familias jamás supieron más de ellos.
Desde el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se han resuelto asuntos relevantes sobre el caso Ayotzinapa, es un acontecimiento que es muy recurrido por la sociedad para ejercer su derecho de acceso a la información.
