Al apropiarse de la consulta de revocación de mandato con el propósito de ratificar al presidente, el lopezobradorismo transformó un mecanismo de control ciudadano del poder en un instrumento de proselitismo político.
No existe acrobacia retórica que pueda cuadrar semejante absurdo: es ilógico que sean sus propios partidarios, no sus opositores, quienes convoquen a un ejercicio que teóricamente abre la posibilidad de removerlo del cargo, pero que en la práctica solo valdrá para aclamarlo.
Algunos de sus defensores argumentan que se trata de aprovechar una oportunidad histórica para hacer pedagogía cívica. Sin embargo, el amedrentamiento sistemático contra las autoridades electorales y el carnaval de violaciones a la ley en el que han incurrido el presidente, funcionarios de su gobierno, autoridades locales y dirigentes de su partido al promover la consulta, no aporta ningún aprendizaje rescatable en ese sentido.
Al contrario, el proceso está sirviendo de pretexto, por un lado, para que López Obrador y sus adeptos desafíen cada vez más agresivamente al árbitro electoral; y, por el otro, para que alienten un falaz pero muy peligroso antagonismo entre participación popular e institucionalidad democrática.
Lejos de constituir un ejemplo de virtud ciudadana, la consulta se ha convertido en una exhibición de vandalismo oficialista.
Y también de mucha hipocresía. Porque arropados en su discurso de austeridad, desde un principio los lopezobradoristas le negaron al Instituto Nacional Electoral los fondos necesarios para costear a cabalidad la organización de la consulta. ¿Pero cuánto se están gastando ahora en miles y miles de “voluntarios”, anuncios espectaculares, bardas, pósters, mantas y demás parafernalia para publicitarla? ¿Y de dónde provienen todos esos recursos?
Incluso obviando la ilegalidad que suponen, ¿cómo se justifica ese gasto en un contexto de crecientes restricciones presupuestales, recortes a programas sociales, desabasto de medicinas, inflación y estancamiento económico, para que sus simpatizantes puedan votar que “se quede” un presidente que no iba a ir a ninguna parte, que de todos modos fue electo para un periodo de seis años?
Esto no es una revocación, es una trampa.
Por un lado, los resultados no importan porque López Obrador no va a perder. Por la forma en que está regulada, por quién y cómo la convocó, en la consulta no hay incertidumbre. Lo cual, por cierto, dice mucho de sus virtudes como artificio propagandístico y también de sus defectos como método de democracia directa.
Por el otro lado, lo que importa es la participación. Si es alta, el lopezobradorismo lo interpretará como un espaldarazo popular para un presidente que tiene muy pocos buenos resultados que presumir, cuya aceptación cayó 9 puntos (de 67 a 58%) y cuya desaprobación creció 12 (de 29 a 41%) entre diciembre y marzo (datos de Oraculus ).
Y si la participación es baja, culparán al INE por no haberla impulsado lo suficiente, por no haber instalado más casillas, por haber tratado de hacer valer las normas que los lopezobradoristas no se cansaron de desobedecer, hasta el grado de improvisar un decreto interpretativo para intentar dejarlas sin efecto.
Si es lo primero, se aplaudirán a sí mismos; si es lo segundo, abuchearán al árbitro.
En la pirinola de la consulta solo existen dos alternativas: o ganan ellos o pierde la autoridad electoral.
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