Bajo el sistema constitucional mexicano, y sobre todo a partir del arranque del proceso democrático en 1997, se fueron construyendo las bases y estructuras de un mayor andamiaje institucional para fortalecer el respeto a derechos humanos. Fueron varios años en que gradualmente se fueron creando instituciones importantes para proteger a las personas de posibles abusos del poder.
Los avances se dieron en temas críticos como derechos humanos, elecciones, transparencia y acceso a información, competencia económica, telecomunicaciones, energía, etc.
El problema se suscita en el arranque de esta administración en el momento en que se utiliza la expresión de que si hay un conflicto entre leyes y justicia debe prevalecer ésta última. Dicho enunciado encierra un terrible engaño demagógico, porque aunque pueda sonar atractivo que sea la justicia el umbral más alto, el atraco intelectual se devela en el momento en que hay que reconocer que la determinación de lo que es justo o no lo va a hacer una persona, en este caso el propio presidente.
No nos confundamos, dicho punto de partida revela el profundo desprecio del titular del Ejecutivo por la Constitución, las leyes, las normas, las instituciones y en general a toda restricción a sus decisiones personales.
El presidente no ha entendido el juramento formal al tomar posesión en que prometió guardar y hacer guardar la Constitución, porque resulta que le ha dado el sentido de meterla en un cajón y no leerla u observar sus alcances. Y esto que parece un absurdo, en los hechos se ha traducido en una forma de actuar y de implementar muchas decisiones que hoy amenazan, como quizá en ningún momento desde la época revolucionaria la vigencia de nuestro régimen democrático y de protecciones legales.
El principio esencial de legalidad de que las autoridades no pueden hacer sino aquello para lo cual están expresamente autorizadas está siendo cuestionado por quien debería fijar el ejemplo central de consistencia. Pero no es así. De hecho es todo lo contrario. El presidente quiere degollar la Constitución y sus alcances.
El presidente se ha lanzado en una cruzada en que el objetivo ha sido básicamente que por encima de sus decisiones, determinaciones y caprichos no hay nada ni nadie. Aunque en algún momento dijo que la máxima juarista de que por fuera de la ley nada y por encima de la ley nadie, eso aplicará en los hechos a otros, pero no a él.
Muestras de dicho criterio abundan, como es la expedición del Decretazo en que el presidente dice que todos sus proyectos quedan exentos de otras revisiones legales, porque al ser sus decisiones se les cataloga como de seguridad nacional y prioritarias para todos los efectos legales. Así resulta que él y no la ley es la base de orden del Estado. Menudo fiasco.
Pero la preocupación es más profunda. La propuesta presidencial es la de erosionar toda la estructura gubernamental y generar un derrumbe institucional. Esto incluye recortes presupuestales suicidas (INE), designación de personas no aptas para nulificar instituciones (CNDH), no nombrar reemplazos para inhibir funcionamiento normal de organismos (Cofece e IFT), designar a incondicionales para diluir el funcionamiento de reguladores (CRE), y despreciar el trabajo técnico, pues al final del día solamente se requiere sumisión y no capacidad.
