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#ColumnaInvitada | Ucrania 2022: ¿hasta cuándo dura la solidaridad?

Las acciones de solidaridad con la población ucraniana son loables, éticamente incuestionables, pero con una vida posiblemente breve por varias razones.
mié 09 marzo 2022 05:00 AM

La Unión Europea (UE) acaba de realizar dos anuncios de la mayor relevancia en el marco de la invasión rusa en Ucrania. La primera de éstas es el inicio del diálogo de los 27 miembros del espacio comunitario para la integración de Ucrania a la UE; la segunda, de impacto más inmediato, es la instrumentalización del estatus de protección temporal en favor de los desplazados del conflicto armado.

Esta última decisión, vistas las acciones de control, contención y represión características de las últimas dos décadas, abren la puerta a diferentes iniciativas solidarias en favor de estas poblaciones. La preocupación radica en saber la fecha de caducidad de tales expresiones.

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La cantidad de desplazados derivada del conflicto ya rebasa el millón y medio de personas. Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que la cifra se eleve por encima de los 10 millones de desplazados internos y externos, en un país de poco más de 43 millones de personas. La puerta de salida de estas poblaciones está clara y es previsible que la mayor carga la tenga que asumir Polonia, seguido de Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumania.

Estos países en lo general se han caracterizado por ser lentos y muchas veces ineficientes en la operación de las políticas de gestión migratoria de la Europa de los 27, y se han decantado más bien por estrategias de represión y control, lo que pone una dura prueba a las manifestaciones de solidaridad emitidas haca apenas unos días por la autoridad comunitaria.

En el caso de la figura de protección temporal anunciada, éstas tienen como precedente las acciones operadas por la UE en 2001, en respuesta a los desplazamientos masivos originados por la guerra de Los Balcanes, cuyas personas necesitaban protección inmediata por su grado de vulnerabilidad. En el caso de la directiva que se acordó recientemente, se aplicará a ciudadanos ucranianos que hayan llegado desde el 24 de febrero, operará por un año y se podrá extender hasta tres.

Entre los beneficios otorgados a esta población, se les dará un permiso de residencia, acceso al mercado laboral, vivienda, asistencia médica y social. Se contemplan escenarios de reubicación en el caso de acumulación de poblaciones, situación que se vincula con los denominados Compromisos de Dublín, que son criterios precisamente de distribución de solicitantes de refugio.

Visto que hasta el momento hay una casi unánime solidaridad en los 27 de atender a estas poblaciones, tal estrategia de reubicación no sería aterrizada por el momento, pero es claro que la solidaridad tiene fecha de caducidad, de tal forma que el escenario es más que factible en un mediano plazo.

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Ciertamente las acciones de solidaridad con la población ucraniana son loables, éticamente incuestionables, pero con una vida posiblemente breve por varias razones:

1) el tiempo y la cantidad de personas que llegan y llegarán en los siguientes meses, lo que va a retar a un sistema migratorio comunitario débil y con serios problemas de armonización;

2) el peso que pueda cargar algún país de la UE y que genere reclamos por una distribución desequilibrada de migrantes en detrimento de los países fronterizos, por ejemplo Polonia, pero en especial Rumania, país que ha mostrado durante años gran antipatía con las migraciones que pasan por sus fronteras;

3) la propia caducidad de la solidaridad social de los europeos comunitarios, que verán durante meses e incluso años, el arribo de poblaciones ucranianas, lo que podría generar tensiones, especialmente si su bienestar social no se sostiene; y

4) que este bienestar inestable de los europeos comunitarios, se constituya en una veta de los partidos políticos de extrema derecha, quienes buscarían fortalecer sus bases de apoyo identificando como el nuevo blanco de su cruzada a las poblaciones ucranianas inmigradas.

La Europa comunitaria tiene una nueva oportunidad de repensar su política migratoria. El tratado de Ámsterdam prometió una política migratoria para 2004 y 18 años después sigue sin consolidarse. Esta debilidad es la que puede generar costos indeseables a pesar de sus promesas de solidaridad con las poblaciones ucranianas.

Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DE) de la Universidad Iberoamericana (UIA), académico de la Maestría en Estudios sobre Migración del DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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