En México, bajo el gobierno de Vicente Fox, la exigencia ciudadana para conocer la información pública se plasmó por fin en la Ley Federal de Transparencia e Información Pública, en 2002.
Con avances y retrocesos, de esa Ley se fueron desprendiendo diversas instituciones dedicadas al ejercicio de la transparencia gubernamental. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se esperaba un nuevo impulso a la institución, pero ha resultado todo lo contrario: el INAI ha recibido a lo largo del sexenio diversos embates por parte del presidente, quien considera que no es una institución útil a la ciudadanía, sino un ente público costoso y muy poco funcional.
Según el criterio del titular del Poder Ejecutivo, el INAI no debería ser un organismo autónomo sino un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. El gobierno exigiéndose a sí mismo documentos que no quiere dar no es una solución adecuada.
“No tenemos nada qué ocultar”, ha afirmado en reiteradas ocasiones el presidente, pero los hechos lo desmienten. El gobierno federal se ha negado a dar información, en la mayoría de los casos por cinco años, declarándolos reservados o confidenciales, documentos sobre el Tren maya, el aeropuerto de Santa Lucía, contratos de compras de vacunas, datos sobre las muertes por COVID, muertes por suministro de heparina sódica en hospitales de Pemex.
También sobre la explosión de Tlahuelilpan, el avión presidencial, el operativo contra Ovidio Guzmán, el enfrentamiento en Nuevo Laredo, los agentes de la DEA en México, el plan contra el robo de combustibles, los gastos relacionados con el evento posterior al Informe 2019, las Actas del Consejo de Seguridad Nacional 2019, sobre el caso Oderbrecht, sobre los avances del caso Ayotzinapa, entre otros. “El que nada debe nada teme”, repite el presidente. A la vista de lo que oculta y reserva, el actual gobierno mucho debe de temer.
El gobierno de López Obrador es alérgico a los organismos autónomos. Considera que son organismos creados en el periodo neoliberal cuya tarea es restarle funciones al Estado para favorecer a una élite de privilegiados. Esta visión estrecha lo llevó a presionar la estructura del instituto fijando topes salariales y aplicando una severísima austeridad que dificultó las labores del instituto. A esa presión presupuestal ha añadido una serie de descalificaciones al Instituto y a quienes lo dirigen.
Más allá de las embestidas ideológicas del presidente, el INAI es un instrumento que sirve a los ciudadanos para obtener información pública y de este modo vigilar el ejercicio del gobierno. De volverse un órgano de la Secretaría de Gobernación, el elemento de vigilancia ciudadana quedaría excluido. La transparencia es una función de la democracia, uno de sus componentes centrales al estar contenido dentro del derecho del ciudadano a ser informado.
Apenas en noviembre pasado el presidente emitió un decreto que consideraba asuntos de seguridad nacional las grandes obras de infraestructura que lleva a cabo su gobierno y, por lo tanto, quedan exentas de transparentar sus procesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya conoce el caso y otorgó una suspensión a la aplicación del decreto, en el proceso de Controversia Constitucional que promovió el INAI.
