Así mismo, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 señala que el número de personas jóvenes que usan sustancias ha aumentado, sobre todo entre la población de 12 a 17 años, pasando de 1.6% a 2.9%. Entre las sustancias ilegales más utilizadas se encuentran la cannabis, seguido por los inhalables y la cocaína. De igual manera, según datos del Inegi en 2018, el 80.3% de los imputados por narcomenudeo eran adolescentes y jóvenes, y más de la mitad fueron llevados a proceso por tenencia de 5 a 100 gramos de marihuana.
A pesar de que los números hablan de la continuidad del consumo y de la existencia de un marco legal que nos pone en riesgo, el Estado ha optado por mantener un enfoque represivo en las políticas de drogas que sigue perpetuando prácticas arbitrarias que atentan contra nuestros derechos. Un ejemplo claro es la historia de Tonatituh Martínez, recientemente publicada en el Ín dice Global sobre Política sobre Drogas .
A través de su experiencia, Tonatiuh muestra lo que significa ser un usuario de sustancias psicoactivas en una zona apartada de la mancha urbana. Cuenta que su relación con las sustancias ha sido en su mayoría placentera e introspectiva, pero sus vivencias han sido condicionadas por su entorno, donde tienen lugar distintas dinámicas de violencia resultado del contexto de prohibición y abandono institucional.
En Iztapalapa, ante los ojos de la policía, cualquier persona joven se convierte en sospechosa, las revisiones de rutina son prácticas habituales que se cometen al margen de la ley, sin cumplimiento a la presunción de inocencia y del derecho al debido proceso. Tonatiuh señala que hasta el momento ha sido detenido 10 veces y solo una vez fue presentado ante el Ministerio Público.
Ante el abuso policial y el abandono del Estado, Tonatiuh y otras personas jóvenes de la comunidad se han organizado para romper el estigma que existe hacia las personas usuarias, generando espacios culturales y de reflexión, con el fin de fortalecer el tejido comunitario, mejorar el entorno donde habitan y, sobre todo, para que la comunidad participe y mejoren sus condiciones de vida.
Sin tener en cuenta este panorama, el debate por la regulación del cannabis ha avanzado en ambas Cámaras del Congreso. Entre dimes y diretes, el proyecto de ley no contempla una reparación integral que comprende la realidad de las personas usuarias, ni mucho menos de las personas jóvenes, quienes hemos sido objeto de discriminación y de la negación sistemática de nuestros derechos.