Desde la entrada en vigor del TMEC, y dadas las constantes acciones gubernamentales en México para minarlo, ha habido la duda de si EUA hará algo al respecto para presionar al presidente López Obrador.
La esperanza creció con la llegada de Biden y Harris a la presidencia de EUA. Lamentablemente, lo que muchos creíamos sería un gobierno más profesional, ha probado ser bastante mediocre, minimizando la esperanza de acciones contra el gobierno mexicano.
Sin embargo, con la gira la semana pasada a México de la secretaria de Energía de EUA, Jennifer Granholm, se dio un giro importante a la actitud inerte que venía mostrando el vecino del norte.
Por primera vez desde la presentación de la iniciativa de contrarreforma constitucional eléctrica, EUA ha mostrado preocupación genuina, así como firmeza en su preocupación por las implicaciones negativas que traería esta contrarreforma a sus empresas, en caso de ser aprobada.
Durante meses, diversos actores como el empresariado mexicano y estadounidense, la oposición mexicana, entre otros, habían tratado sin éxito de hacer entender a EUA. Se había hecho tanto a través de su Embajada en México, como directamente en Washington.
Los estadounidenses parecían no entender el contexto político de la contrarreforma. No comprendían que no era un tema exclusivo del sector eléctrico, sino la muestra clara del desprecio del gobierno mexicano hacia las instituciones democráticas.
Fue hasta que entendieron que esta contrarreforma ejemplificaba la intención de imponer un modelo político más centralista y autoritario que en EUA comenzaron a poner atención. Y más al ver que el extender tanto la discusión pública le estaba beneficiando al Presidente mexicano.
Desde el principio se les trató de hacer ver que esta contrarreforma es parte de una estrategia electoral que le está funcionando al Presidente. Que estaba logrando esos tres momentos que aquí dijimos: recabar firmas para la revocación, lograr apoyo en la revocación, y las elecciones de junio.
Los meses de tibieza estadounidense por fin terminaron la semana pasada. A pesar de que el gobierno se esforzó por hacer ver a la opinión pública de que la visita había sido completamente cordial y amistosa, las declaraciones y comunicados de la secretaria Granholm fueron muy claros.
Por primera vez hubo una declaración abierta de preocupación sobre las implicaciones de la reforma, no solo a los inversionistas estadounidenses, sino a las metas de cambio climático de la región.
Durante meses, el embajador estadounidense Ken Salazar trató de explorar un terreno en el que existiera un espacio de negociación para modificar la iniciativa. Una idea utópica a la que siempre los actores afectados le dijeron que no.
Esta semana, la secretaria tuvo reuniones con diversos actores del sector privado. Volvió a plantear la idea de una negociación. Ante el rotundo no de todos estos actores, a la secretaria le quedó claro el panorama, y esperemos que al embajador también.
Al final de su visita, la secretaria, de manera cortés pero firme, dejó claro tanto en redes sociales como en sus comunicados oficiales que en todas las reuniones con el gobierno expresó de manera contundente su preocupación ante la contrarreforma del gobierno.
Después de más de tres meses por fin EUA fijó postura pública. Pero ¿por qué tardaron tanto en hacerlo? ¿Realmente creían que el tema era menor o que tenía solución?
En realidad, las razones son muy sencillas. Por un lado, queda claro que el gobierno Biden Harris no tiene como fuerte el entendimiento de la realidad política. Ni en su propio país, como lo muestran sus graves errores de política interna; ni en materia de política exterior, como lo muestran Afganistán y México.
Y por el otro lado, es evidente que el gobierno estadounidense también ha violado de manera importante aspectos torales del TMEC con diferentes acciones. Las más visibles: su interpretación a modo de las reglas de origen automotriz, y su intento de subsidios a autos eléctricos de EUA.
Hace poco lo dijimos aquí. El actual gobierno estadounidense está cooptado como nunca antes por los sindicatos. Eso está definiendo muchas de sus decisiones. Y ha sido crucial en los casos malintencionados que han puesto contra México ante el TMEC.
En este contexto, si bien están conscientes de las graves violaciones del gobierno mexicano al TMEC, difícilmente tenían autoridad moral en EUA para señalarlas ante sus propias violaciones.
Sin embargo, es probable que lo que cambió la ecuación haya sido la solicitud formal por parte de México para establecer un panel sobre las reglas de origen automotriz, a la cual se unió Canadá. Es la primera vez en 20 años que se inicia un panel, y fue contra EUA.
Hasta antes de ese panel, parecía más fácil jugar a hacerse tontos de ambos de lados de la frontera, y no incomodarse uno al otro. Pero claramente México le tomó la medida a EUA, y lo evidenció. Ante esto, EUA no podía quedarse de brazos cruzados, aunque lo haya provocado.
Esperemos que esta nueva dinámica realmente signifique un cambio de fondo. Que a partir de ahora sí exista una intención real por parte de EUA de contener las barbaridades de México, pero también las que ellos hacen. Hay demasiado en juego.
Seguir por la ruta del desprecio y violación al TMEC sería matar la única posibilidad de certidumbre jurídica para los negocios e inversión en Norteamérica; y destruir cualquier posibilidad de consolidar y crecer nuestras cadenas de valor regionales para competir con Asia y el mundo.
Y significaría carta blanca al resto del mundo, en una de las eras más proteccionistas de la historia reciente, de aventar por la borda el libre comercio y regresar a las cavernas. EUA perdió meses cruciales, esperemos que se recuperen, y que tanto ellos como México recapacitemos.
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