Ahora bien, sacar el dinero de México y enviarlo a paraísos fiscales puede estar relacionado no sólo con querer generar más riqueza –lo cual, insisto, no reviste ninguna ilegalidad–, sino también con evitar pagar impuestos o esconder de las autoridades nacionales el producto de posibles crímenes o actos de corrupción. Y es que los paraísos fiscales no se llaman así gratuitamente. En esos lugares se mantiene la secrecía de los movimientos del dinero, del origen de estos, de quién o quienes son sus propietarios y, sobre todo, de los posibles decomisos que las autoridades nacionales puedan realizar en caso de que alguno de esos empresarios o inversionistas sea encontrado culpable de algún delito. Entonces, cuando una se entera de estas filtraciones, a una le salta la duda de si los dueños de ese dinero quieren incrementar sus ya de por sí enormes patrimonios y/o si también quieren ocultar algo y evadir impuestos. Es casi imposible no pensarlo.
También es difícil no pecar de suspicaz cuando uno de estos acaudalados personajes adquiere la calidad de servidor público y su nombre sale en alguna de estas filtraciones, en especial cuando son parte de gobiernos que celebran e imponen la austeridad como sinónimo de honestidad, integridad, anticorrupción y transparencia.
La situación no es menor si recordamos que las personas servidoras públicas tienen la obligación constitucional de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. ¿Para qué? Para que las autoridades contraloras, como la Secretaría de la Función Pública o las contralorías de los estados, sepan con qué volumen patrimonial entran al servicio público y con cuál salen. La diferencia no puede ser muy grande, pues –contrario a lo que el presidente López Obrador considera– los salarios y las prestaciones de los servidores públicos nunca se han caracterizado por enriquecer a quien las recibe.
Sin embargo, hay casos como el de Julio Scherer, exconsejero del presidente, que cuando entró al servicio público ya contaba con una masa patrimonial muy voluminosa. Y nuevamente reitero que no es ilegal ser un servidor público millonario, lo ilegal es no declararlo arguyendo que ganaron su fortuna antes de ser servidores públicos. Las declaraciones patrimoniales deben reflejar todo lo que una persona tenía antes de ser servidor público, durante y al terminar su servicio, de lo contrario no sirven para nada.
