#ColumnaInvitada | Finanzas públicas y pensiones: cuando el destino nos alcance

Las pensiones son la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad (diccionario de la lengua española). También son uno de los más importantes problemas de las finanzas públicas en México, principalmente de aquellos ciudadanos que se jubilan al amparo de la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1973, para las cuales no son suficientes las reservas con las que cuenta dicho Instituto, y es necesario que el gobierno federal apoye con una importante cantidad de recursos presupuestarios.

Tal y como se muestra en el cuadro, en los últimos 13 años, el gasto en pensiones, en términos reales, ha crecido un 157%, mientras que el gasto programable ha crecido 51% y el gasto de capital un raquítico 29%.

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Lo anterior implica que el gasto en pensiones no solo ha absorbido dos terceras partes del crecimiento del gasto programable, sino que su peso relativo aumentó de un 12.2% del gasto a un 21%. En consecuencia, 1 de cada 5 pesos de gasto programable se destina a pensiones. Este gasto reduce el margen de maniobra que el gobierno tiene para potenciar el gasto en desarrollo social o en infraestructura.

Ahora es pertinente preguntarse: ¿a quién beneficia ese enorme y creciente gasto en pensiones? ¿Alivia la pobreza o redistribuye el ingreso? Lamentablemente, no.

El documento “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por Deciles de Hogares y Personas, 2018” de la SHCP, en la página 89 nos indica que “…en la distribución del gasto en pensiones por deciles se observa que, tanto para los trabajadores en activo del IMSS como del ISSSTE, se tiene una concentración de las transferencias gubernamentales entre los últimos deciles”.

Esta concentración es del 75% en el 20% con mayores ingresos, en el caso de las pensiones del IMSS y de 67% en el de las pensiones del ISSSTE.

Por si todo esto no fuera suficiente, las pensiones también afectan las finanzas públicas por la vía de los ingresos, pues existen exenciones y deducciones que generan considerables pérdidas recaudatorias por estos tratamientos fiscales especiales.

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De acuerdo con las fracciones IV y V del Artículo 93 del la Ley del Impuesto sobre la Renta, Están exentas las pensiones (IMSS, ISSSTE y SAR) siempre que su monto no exceda de 15 UMAs anuales, que equivalen a 39,617 pesos mensuales. Esta exención implica que en el 2020 se dejen de recaudar 58,001 millones de pesos (Presupuesto de Gastos Fiscales 2020, SHCP). Más del 50% de esta exención únicamente beneficia al 10% de personas que tienen un mayor ingreso en México (decil X).

En adición, a las empresas se les permite deducir las aportaciones extraordinarias que destinen a fondos de pensiones y jubilaciones. Esta deducción representa una pérdida en la recaudación de 11,883 millones de pesos, de los cuales el decil X se beneficia en un 98%.

Cabe mencionar que el ingreso mensual promedio del decil X, según la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2018, que elabora el INEGI, es de aproximadamente 56,000 pesos al mes por hogar.

Debido al gran problema que representa el creciente gasto en pensiones, se deberá analizar la capacidad que tendrá el gobierno para financiarlo y de qué manera obtendrá esos recursos: puede “reducir” el gasto, aumentando la edad de retiro o que el monto de la pensión se calcule no con el promedio de los últimos 5 años sino, por ejemplo, con los últimos 10.

Por el lado de los ingreso, si se modifican el monto máximo exento, de 15 UMAs a 5 UMAs (13,205.76 pesos al mes, cifra superior al ingreso promedio del decil VI, que implica que un 60% de la población tienen ingresos inferiores a ese monto), el gobierno federal podría recaudar aproximadamente 40,000 millones de pesos adicionales.

Cualquiera de estas medidas será polémica; sin embargo, estas decisiones serán las que se tendrán que tomar para que el destino no nos alcance. Seguramente oiremos más de este tema después de las elecciones del siguiente año.

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Nota del editor: el autor es secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Premio Nacional de Administración Pública (INAP) 2003.

Twitter: @AntonioS_Andreu

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