#BuróParlamentario | Presidente… ¿Fernández Noroña?

En ese contexto no mayoritario, los legisladores construyeron la norma que actualmente rige la elección de la mesa. Ésta se elige anualmente con la aprobación del 66% de los diputados. En 2006, este reglamento (Ley Orgánica del Congreso) se reformó para precisar que, en el segundo y tercer año del ejercicio de una legislatura, debe recaer “en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido”.

Mientras la Cámara funcionó sin una mayoría, entre 1997 y 2018, los grupos parlamentarios se apegaron a este principio y la mesa se transfirió cada año con cierta civilidad, rolándose entre los tres partidos dominantes (PRI, PAN y PRD). Asimismo, las nuevas normas determinaron que ninguna fuerza presidiera al mismo tiempo la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. Ambos órganos de dirección en el Poder Legislativo, y en ambas Cámaras, se rotaban sin mayor problema y hasta con cierta camaradería. Sin embargo, cuando en 2018 Morena se erigió como mayoría, al ocupar más de 250 curules, la regla de la presidencia rotativa empezó a ser cuestionada.

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Recordemos que hace un año, Porfirio Muñoz Ledo buscaba reelegirse como presidente de la mesa argumentando que el voto de más de 30 millones de mexicanos le daba a Morena la suficiente legitimidad para gobernar la Cámara durante los tres años de la Legislatura, por encima de cualquier minoría, y a pesar de presidir la Junta de Coordinación Política.

Dicha postura se respaldó también en una iniciativa de la diputada Dolores Padierna, la cual buscaba reducir de 66% a 51% la mayoría necesaria para que un partido pudiera dirigir los órganos de gobierno durante los tres años que dura una legislatura. Esta iniciativa sigue pendiente de dictamen en la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presidida por Jorge Luis Preciado (PAN).

Para reclamar la presidencia de la Mesa en el segundo año, el partido con la segunda mayor representación (PAN) le recordó a Muñoz Ledo que el 5 de septiembre de 2018, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios (incluido Mario Delgado de Morena) acordaron que “en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica, la Presidencia de la Mesa Directiva será rotativa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica en su Artículo 17, y de acuerdo al orden decreciente de los Grupos Parlamentarios”. No obstante, fueron necesarias 4 votaciones plenarias y la renuncia expresa de Porfirio Muñoz Ledo para que los diputados reunieron la mayoría calificada de 2/3 partes que finalmente nombró a la panista Laura Rojas como presidenta de la mesa para el segundo año.

Ahora que la Mesa Directiva deberá renovarse por tercera ocasión, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) ha declarado en redes sociales y distintos medios su interés por ocupar la presidencia de este órgano.

¿Es eso una posibilidad?

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Si recurrimos al argumento de la legitimidad popular esgrimido por Muñoz Ledo y algunos morenistas hace un año, la presidencia del diputado Noroña no tendría mucho respaldo. Los datos del INE indican que por sí solo, el PT reunió 1,934,092 votos en la elección para diputados de mayoría relativa en julio de 2018. Esto representa el 3.8% de los votos efectivos, porcentaje sólo por encima del 2.7% obtenido por el PES.

La política de coaliciones avalada por la ley electoral le permitió al PT iniciar la 64 Legislatura con 29 diputados (5.8% de la Cámara), lo cual colocaba a este partido 2 puntos porcentuales por encima de la representación del 3.8% que la ciudadanía le confió con su voto. Ahora bien, a lo largo de la legislatura, a las filas del PT se han sumado 14 diputados provenientes de Morena y el PES. Con estos cambios de grupo parlamentario, el PT suma hoy (10 de agosto de 2020) un total de 43 diputados, que lo colocan como la cuarta fuerza política más importante de la asamblea, sólo por debajo del PRI y sus 46 legisladores.

Ahora bien, ¿podría Fernández Noroña ocupar la presidencia de la mesa si antes de la votación, cuatro legisladores se cambiaran al PT para superar al PRI en cantidad de representantes? La respuesta es SÍ. Siempre y cuando el líder del grupo parlamentario del PT colocara su nombre en una lista y esta fuera avalada tanto por acuerdo de la Jucopo como por las 2/3 partes de la asamblea. ¿Sería esto violatorio de la Ley Orgánica y de los acuerdos del 5 de septiembre? La respuesta es NO.

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Tanto la ley como el acuerdo de septiembre de 2018 refieren de manera abstracta a la ocupación de la presidencia por “las fuerzas políticas en orden decreciente”. Es decir, Morena nunca le “prometió” expresamente al PRI la presidencia de la Mesa Directiva para el tercer año. Ni tampoco la Ley Orgánica reserva ese asiento para algún partido en particular.

Sin embargo (y siguiendo el argumento de la legitimidad popular tan recurrido por la coalición en el gobierno), vale la pena preguntarnos si es deseable para nuestra democracia, que una fuerza política con menos del 4% de los votos, que inició la legislatura ocupando en el quinto lugar en cuanto a porcentaje de diputados presida hoy una soberanía encargada de darle voz al pueblo.

El PT, creado durante el salinismo para ser un satélite del PRI, estuvo a nada de perder su registro en 2015, y sólo pudo conservarlo gracias a una maniobra en la que el PRI resultó clave para que dicho partido arañara el 3 por ciento de los votos en la elección federal, necesario para conservar su registro.

Ahora, el partido salvado podría convertirse en verdugo y, como advirtió el coordinador priista René Juárez la semana pasada, provocar un conflicto mayor, si el PRI y los demás partidos de oposición deciden no aprobar la conformación de la Mesa Directiva para el último año de la Legislatura.

Además de reflexionar sobre las actuales reglas electorales –que como ya se ha visto, hacen posible una fuerte desproporcionalidad entre el voto y las conformaciones de los grupos parlamentarios– el proceso para la elección de la Mesa Directiva de este tercer año también nos invitará a pensar en las decisiones que pueden ser legalmente viables, aunque éstas sean ética y estéticamente cuestionables.

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Nota: Sergio A. Barcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buro Parlamentario.

Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamento

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.