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Racismo y segregación: parte de la historia fundacional de los Estados Unidos

El asesinato de un ciudadano estadounidense afroamericano, George Floyd, a manos de una autoridad es la lamentable confirmación de la persistencia del racismo en ese país.
vie 05 junio 2020 10:30 AM
Minneapolis
Las manifestaciones pidiendo justicia por el asesinato de George Floyd en al menos 40 ciudades estadounidenses, incluso Washington.

En la historia de los Estado Unidos no es la primera vez que un presidente se muestra, por decir lo menos, en desacuerdo con garantizar la protección de la ley en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Tras el asesinato del Presidente Abraham Lincoln en 1865, Andrew Johnson tomó protesta como substituto. El Presidente Johnson tuvo opiniones bastante diferentes a las de Lincoln en relación a la 13a enmienda, misma que prohibió la esclavitud en los Estados Unidos. Johnson, quien en su momento tuvo esclavos, mostró un rechazo rotundo cuando se discutió la enmienda 14 a la Constitución.

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La decimocuarta enmienda, ratificada en 1868, otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, incluidos los esclavos, y garantizó a todos los ciudadanos "la igual protección bajo las leyes". Sin embargo, el proceso no fue fácil. Los estados del sur se resistieron, pero el Congreso les exigió la ratificación como condición para recuperar la representación. La "cláusula de igual protección" tenía claramente la intención de evitar que los gobiernos estatales discriminaran a los estadounidenses afroamericanos.

A pesar de las enmiendas, cuando comenzó la reconstrucción después de la Guerra Civil, las legislaturas estatales sureñas, resentidas, recién electas, y dominadas por antiguos líderes confederados, promulgaron los llamados códigos negros. Estos eran leyes represivas que regulaban estrictamente el comportamiento de los ciudadanos afroamericanos. Con ello, la cuestión de la igualdad en el sur de la posguerra continuó sin resolverse.

Derivado de los códigos negros, y de algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia con aplicación estatal y local, se institucionalizó la segregación entre blancos y negros. Por ejemplo, en 1896 la Suprema Corte dictaminó que las instalaciones públicas segregadas racialmente no violaban la cláusula de igual protección de la 14a enmienda. Esta decisión se convertiría en la base legal de las llamadas leyes de Jim Crow, mismas que propugnaron la segregación racial en todas las instalaciones públicas. Ello resultó en un trato desigual, violento, y mezquino, sistematizando un número de desventajas económicas, educativas, laborales y sociales en poblaciones afroamericanas.

Pasarían casi 100 años para que el movimiento por los derechos civiles lograra modificar, al menos jurídicamente, lo que se plasmó en el año de 1868 en la enmienda 14: protección igualitaria de la ley a todos los y las ciudadanas de los Estados Unidos, independientemente de la raza u origen étnico.

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La Ley de Derechos Civiles de 1964 constituyó una pieza clave para prohibir la discriminación racial y segregación racial. Se trataron asuntos electorales, laborales, y educativos, entre otros. Y sin embargo, en el año 2020 seguimos observando declaraciones y acciones violentas que rayan en la intolerancia, la discriminación y el racismo. Si bien el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos logró frenar, jurídicamente, la institucionalización de la segregación, las divisiones son evidentes.

De acuerdo a cifras de la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) de los Estados Unidos, los afroamericanos tienen 5,9 veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos. Desde 2001, las cifras indican que uno de cada tres niños afroamericanos irá a prisión al menos una vez en su vida, en comparación con uno de cada diecisiete niños blancos. Aunque los afroamericanos y los latinos representan el 29% de la población en Estados Unidos, son el 57% de la población encarcelada (cifras del BJS). De acuerdo a cifras del Sentencing Project, casi la mitad (48%) de las 206 mil personas que cumplen cadena perpetua y de “vida”, son afroamericanos.

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Lo que podría parecer al principio un vínculo entre raza y crimen es en gran parte un fenómeno derivado de la pobreza concentrada, que es mucho más común en las poblaciones afroamericanas. La segregación y el racismo institucional, que viene entretejiéndose desde hace décadas, tiene consecuencias que se siguen observando a 155 años de la prohibición de la esclavitud. Por ejemplo, de acuerdo al Foro Económico Mundial, para personas afroamericanas la educación no proporciona el mismo rendimiento económico que para otros grupos. Ello resultado de salarios más bajos que los de trabajadores blancos con niveles de educación similares. Incluso, el porcentaje (40%) de afroamericanos propietarios de una vivienda, casi no se ha modificado desde 1968. La brecha en la esperanza de vida entre los estadounidenses blancos y afroamericanos se mantienen debido a una variedad de factores socioeconómicos (cifras del WEF), como la desigualdad de ingresos, el precario acceso a seguros de salud y la falta de atención médica adecuada.

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El asesinato de un ciudadano estadounidense afroamericano, George Floyd, a manos de una autoridad -un oficial de policía- es demostrativo del racismo casi inherente y fundacional que se ha combatido por mucho tiempo en este país. Desde tiempos de Abraham Lincoln, ciudadanos y movimientos han dado la batalla por subsanar y eliminar el racismo en Estados Unidos. Las condiciones sistémicas y discriminatorias son tan viejas como lo es su democracia y para entender el fenómeno al que nos enfrentamos y proporcionar soluciones, es necesario entender su historia.

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Nota del editor: la autora es profesora investigadora de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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