Violencia e inseguridad no ceden, se lo advertimos

El gobierno del presidente López enfrenta un reto titánico: lograr reducir el poder de los grupos criminales que generan violencia cuando –por tres años consecutivos– hemos roto todos los récords de violencia.

Sin embargo, este gobierno más que ningún otro, debió haber estado preparado, López gobernó la Ciudad de México en un momento de crisis de secuestros mientras criticaba al gobierno de Fox de dejar crecer la violencia que llevó a que esta estallara en el primer semestre de 2006.

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Sucesivamente, López criticó la estrategia de combate a la delincuencia organizada de Calderó. Diariamente, entre chistes y discursos serios, López apostrofó a Calderón como homicida, con las manos llenas de sangre, pidió su renuncia y afirmó conocer la estrategia para pacificar al país.

Vale la pena recordar que, si bien en el gobierno de Calderón vimos por primera vez tasas de homicidio doloso y matanzas hechas con una crueldad digna de película de guerra, entregó un país en el que todos los delitos –incluido el homicidio–, iban a la baja (de agosto 2011, hasta el final de su sexenio).

De igual manera, López criticó la crisis de violencia en el sexenio de Peña, cuando la tasa de homicidio era mucho más baja de la actual e insistía en que él sí tenía una estrategia eficaz.

El gobierno de Peña mantuvo en la primera parte de su sexenio la tendencia a la baja en homicidio y otros delitos –que el gobierno Calderón le entregó– y pese a que fue Peña quien entregó el gobierno a López y que los dos años más violentos de la historia hasta ese momento fueron los dos últimos de ese gobierno, López sigue criticando a Calderón, achacándole la violencia de hoy y omite confrontarse con quien sí le entregó un país en crisis.

En 2018, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), iniciamos el proyecto denominada Por un México Seguro, para el cual analizamos y dimos a conocer las propuestas electorales en materia de seguridad y justicia de los 55 candidatos que contendieron por el ejecutivo federal y los nueve ejecutivos estatales, donde el proyecto de López resultó el más incompleto, confuso y contradictorio entre todos los candidatos a la presidencia y uno de los más deficientes entre todos los candidatos.

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Durante el proceso de transición analizamos qué tanto habían cambiado o robustecido sus propuestas los nueve gobernadores y el presidente electos. De nuevo, advertimos la serie de deficiencias que el proyecto de seguridad y justicia de López tenía.

Todas estas deficiencias se las hicimos saber al equipo de López, al que se le entregaron propuestas puntuales, con indicadores para evaluar cada una, factibilidad en costos, etc.

Lamentablemente el equipo de campaña y luego transición –liderados ambos por el actual secretario de seguridad, Durazo– tuvo oídos sordos y, por más que intentamos una reunión con el presidente, nunca nos recibió.

En 2019, presentamos tres documentos que se enmarcan en el proyecto Por un México Seguro : el primero analizó los planes oficiales elaborados ya como gobierno por las nuevas autoridades, su factibilidad, consistencia y mecanismos para evaluarlos; el segundo describió el comportamiento de los recursos económicos que históricamente se destinaron desde la Federación a este rubro, con las implicaciones en 2019 de esta definición. El tercero, al cierre del primer año del gobierno federal, resumió resultados y retos pendientes.

El resultado siempre el mismo, los documentos rectores de la seguridad del país son documentos políticos carentes de indicadores de desempeño y resultado y donde los hay estos se contradicen; confunden términos; relacionan fenómenos que no tienen algo que ver entre sí y asumen de manera ingenua que algo funcionará sin tan siquiera evaluar su factibilidad.

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Además, los recortes presupuestales en materia de seguridad y justicia hechos en 2019 no atienden a lógica alguna, debilitan a estados, municipios e incluso a la Guardia Nacional, para favorecer como nunca al Ejército, sin que existan mecanismos de evaluación del gasto. El resultado es una mala distribución del gasto en un contexto donde 2019 fue el año con la menor cantidad de recursos de los últimos tres sexenios.

No debe sorprender que el reclutamiento, la formación, inteligencia, equipamiento estén colapsados.

Personalmente, en junio de 2019, aproveché mi asiento en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para darle a conocer al presidente López dichos análisis y posibles soluciones ante la crisis de violencia y la única respuesta que obtuve ante pocos minutos que pude hablar con él fue: “no estoy de acuerdo, la violencia se va acabando, busca una cita y lo hablamos”. Diez meses después ni obtuvimos la cita ni la violencia ha bajado.

Se lo advertimos, la lógica de los delincuentes no se atiende abrazándolos, los recortes presupuestales afectan la operación y el combate a los delitos, la aplicación de la ley no es a conveniencia, los programas sociales no son programas de prevención del delito, las reuniones diarias para hablar de seguridad son ineficaces e ineficientes.

Advertimos que de no establecer un plan 2019 terminaría siendo el año más violento de la historia y lamentablemente así fue.

Advertimos al equipo de López que no se pusieran fechas fatales, que era irreal decir que el primer día, el primer mes, el segundo, tercero, sexto, séptimo u onceavo mes de su gobierno habría de resolverse la crisis de seguridad; advertimos que tampoco prometieran lo mismo al concluirse el primero año y ahora el segundo. Que quede claro, sin estrategia y recursos no habrá solución.

Advertimos en octubre y lo volvimos a hacer tan sólo hace dos semanas: la crisis de seguridad no ha terminado pese a que Durazo y otros funcionarios sigan declarando que los homicidios van a la baja. No importa cuanto echen mano de datos desconocidos, los mismos datos oficiales de este gobierno indican que 2020 tiene el potencial para rebasar a 2019 o, en caso que algo mejore, de quedar con una tasa de homicidios ligeramente menor a la de 2019, siendo así que los dos primeros años del gobierno López sean los más violentos de la historia.

Aún estamos a tiempo de tomar las riendas de la crisis de seguridad. Sin embargo, para que ello suceda urge que haya voluntad política de aceptar la existencia del problema y que se han cometido yerros en el camino. Desde esta perspectiva, urge un cambio de liderazgos; urge realizar ajustes presupuestales quizás impopulares para aumentar y evaluar el gasto en seguridad; urge escuchar tanto a técnicos como a víctimas para saber cómo corregir el camino. En otras palabras, necesitamos diseñar una verdadera estrategia de seguridad y dejar de darle prioridad a los apapachos a narcotraficantes y sus familias.

Desde el ONC deseamos contribuir a que México sea un país próspero, seguro y justo; el ejercicio Por un México Seguro aporta insumos a disposición de las autoridades, los ciudadanos, los medios de comunicación y la academia para que juntos podamos cuidarnos e impulsar políticas serias de reducción de la violencia, porque la crisis de seguridad, ante tanta incompetencia y errores, no va a terminar.

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El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.