OPINIÓN: ¿Sueldos o profesionalización de los servidores públicos?

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(ADNPolítico) – Una de las propuestas más polémicas del virtual presidente electo ha sido la de reducir significativamente la “alta burocracia” del Gobierno Federal, así como sus sueldos y prestaciones.

En principio, anunció que como presidente su salario se reducirá a 108,000 pesos mensuales, fijando con ello el máximo sueldo de la Administración Pública Federal (APF) de acuerdo con la Ley de Salarios Máximos. Y definió recortes escalonados, empezando por 50% para aquellos sueldos mayores a un millón de pesos al año.

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Esto ha desatado una larga serie de críticas y defensas. Ambos bandos, salvo contadas excepciones, se han enfrascado en discursos y narrativas en extremo subjetivas. La mayoría de las críticas se han enfocado en una suerte de apología del servidor público, remontándonos a una imagen de funcionario que dista mucho de la realidad actual.

Las defensas se han centrado en argumentos de austeridad mal entendida, y en la idea de que ante el privilegio de ser funcionario público, se debe trabajar por amor al país independientemente de las condiciones laborales que se tengan.

Las propuestas de López Obrador pueden tener la intención correcta, pero la discusión ha sido mal encaminada, sustentada en una percepción distorsionada de la realidad de la APF.

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Efectivamente, hay muchos vicios y abusos dentro de la burocracia federal, enquistados durante muchos años. También es real que hay una obesidad evidente de la estructura laboral, empeorada particularmente durante los últimos dos sexenios, que han generado duplicidades y áreas ociosas en los mandos medios altos y altos solo por repartir posiciones y cargos.

Pero para lograr una reducción significativa, es indispensable hacer un diagnóstico detallado de cada puesto que hoy conforma la APF, analizando y evaluando su pertinencia, características, nivel salarial y prestaciones. Un diagnóstico que permita identificar qué áreas y puestos sí son sujetos de eliminación, sin comprometer la calidad del trabajo gubernamental.

También es crucial que el gobierno electo conozca y entienda las estructuras salariales actuales. Es bien sabido que, aunque los altos mandos tienen sueldos buenos (no millonarios), hay un brinco inexplicable entre los niveles de Directores Generales y Adjuntos, a Directores de Área para abajo. Esa brecha debe cerrarse, pero no bajando sueldos, sino nivelando a quienes menos ganan.

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Por supuesto, las prestaciones deben revisarse a detalle y corregirlas. Pero tampoco es correcto dejar sin prestaciones a los funcionarios. Para ello, tendría que asegurarse primero la capacidad, calidad e infraestructura de las instituciones públicas de seguridad social para atender a todos los burócratas de todos los niveles. Hoy no existen.

Pero la discusión de fondo está equivocada. No se trata de ahorrar por ahorrar, sobre todo cuando los posibles recortes no son muy representativos. El debate sobre ahorro debe enfocarse en la reorganización total del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La discusión de fondo debe ser la profesionalización de la función pública. Cómo recuperar la mística, vocación y compromiso de los servidores públicos. ¿Cómo atraer a los mejores funcionarios?, asegurándoles condiciones mínimas indispensables. Esa discusión está ausente, tanto en el gobierno electo como en quienes se han inmolado criticando las propuestas de éste.

López Obrador debe enfocarse en proponer una urgente nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera, que corrija los graves vicios y problemas que tiene de origen, así como la pésima implementación que, desde su creación con Fox, ha tenido. No debería ser difícil, dado que tiene a Esteban Moctezuma, quien fuera el creador de la primera propuesta de Servicio de Carrera en el sexenio de Zedillo, propuesta que nunca se concretó.

Se ha abusado de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Nunca se quiso corregir, por ejemplo, el grave error de incluir a Directores Generales y Adjuntos. Y particularmente con Calderón y Peña, las plazas se han usado para meter personas cercanas que poco interés tienen por la función pública. Y cuando no han podido hacerlo, decidieron crear plazas homologadas para llenarlas sin concurso.

Es claro el demérito que los últimos 18 años se ha tenido de la función pública. Hoy se lee a muchos opinólogos argumentando que la mayoría de los funcionarios son personas santas, de gran compromiso y lealtad a la patria (cuando antes los han criticado). Esta realidad dejó de existir hace mucho tiempo.

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Efectivamente, hay muchos servidores públicos con un compromiso real. Sin embargo, no necesariamente son quienes llegan a los altos cargos de las dependencias. Hoy, buena parte de la alta burocracia se caracteriza por compadrazgos, amiguismos y compromisos políticos (o peores).

También, el nuevo gobierno debe cambiar su visión sobre el personal 'basificado' y sindicalizado. Allí está la otra gran obesidad, y uno de los principales obstáculos de eficiencia para el quehacer gubernamental. Urge reducir y eficientar esta parte de la estructura laboral que, gracias a las gestiones sindicales, ha logrado altos niveles de impunidad ante su muy baja productividad.

Así como el gobierno electo correctamente busca cambiar y reducir el personal de confianza, que por cierto cambia con cada sexenio (por algo es “de confianza”) aunque hoy muchos críticos parecen olvidarlo, debe cambiar su discurso sobre los sindicalizados.

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La discusión no deben ser los sueldos. Él como presidente puede reducir su sueldo porque, al final del día, no gastará en nada. Y tal vez muchos de quienes integrarán el siguiente gabinete tengan la gran fortuna y privilegio de no requerir sueldo, lo cual es respetable y encomiable. Pero no se puede medir con la misma vara a todos los niveles. Hay quienes han sido funcionarios públicos toda su vida, sin pasar por el sector privado, y sí viven de su sueldo.

La discusión real del virtual presidente electo debe ser la profesionalización de los servidores públicos. Asegurar que se tenga al personal idóneo, de confianza y sindicalizado, para garantizar la concreción de sus planes de gobierno. Con recorte salarial, y sin revisión real de la estructura laboral, López Obrador corre el riesgo de descarrilar su sexenio desde el día cero, lo cual sería lamentable ante muchas propuestas que ha hecho y que sí podrían cambiar la realidad social del país.

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