OPINIÓN: Sistema político electoral, clave para la gobernabilidad

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(ADNPolítico) – Con la reforma política liderada por Don Jesús Reyes Heroles en 1977, arrancó un ambicioso proceso de apertura democrática en México que ha evolucionado hasta lo que hoy tenemos. Desde entonces, prácticamente cada sexenio (con excepción del de 2000-2006) se han tenido diversas reformas del sistema político y electoral mexicano que han generado una importante construcción institucional y, con ello, un fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. Electoralmente, con la reforma de 1989-1990 se inició la construcción de lo que hoy es nuestro sistema electoral, reconocido internacionalmente.

Uno de los principales resultados de este proceso es el cambio de poder en el gobierno federal: en 2000 pierde por primera vez en 71 años el PRI para dar paso a dos sexenios del PAN; en 2012 sucede lo impensable y regresa el PRI a la presidencia; y finalmente este año, en una elección histórica, gana Andrés Manuel López Obrador bajo las siglas de Morena.

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En el Congreso de la Unión, desde 1997 ninguna fuerza política había logrado la mayoría; y el gobierno federal tenía que negociar con las fuerzas políticas principales para sacar su agenda legislativa. Esto cambió el pasado 1 de julio, cuando la coalición de López Obrador logra la mayoría casi calificada en ambas Cámaras; algo no visto desde la época hegemónica del PRI.

Los avances son claros; sin embargo, las reformas de 2008 y de 2013-2014 generaron visibles problemas en nuestro sistema político electoral, causando una importante regresión, particularmente con la última reforma.

Ante el bono democrático histórico que logra López Obrador se abre una gran oportunidad para corregir el camino en nuestro sistema político electoral, y así revertir los atentados de los sexenios de Peña Nieto y Calderón a la gobernabilidad democrática y las instituciones del país.

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Las reformas, sobre todo las recientes, se hicieron a partir de la visión y resentimiento de quienes perdieron los procesos electorales; y en general se han hecho basados en la desconfianza. Hoy, bajo el nuevo contexto, es posible romper con esa nociva tendencia y hacerlo bien.

Un aspecto fundamental para una nueva reforma debe ser el consolidar los distintos esquemas de democracia participativa que se han logrado. Si bien hoy existen figuras como las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana o la consulta popular; su regulación es demasiado complicada para usarlas.

Las candidaturas independientes son el mejor ejemplo. Los requisitos impuestos para lograr una candidatura independiente a la Presidencia de la República, son mucho mayores que para crear un partido político nacional. Con la gran diferencia de que los partidos sí reciben recursos públicos, y muy generosos, que con frecuencia los partidos más pequeños usan como “negocio familiar”.

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Por supuesto, también se deben repensar los requisitos para crear nuevos partidos políticos, así como revisar los requisitos para que un partido pueda mantener su registro. Por ejemplo, en la última reforma se subió a 3% el requisito para mantener registro, pero hay muchos argumentos para que ese porcentaje sea mayor.

También es importante repensar el nivel de financiamiento para nuevos partidos y la manera de entregarlo para evitar dispendio de esos recursos. Por ejemplo, en Colombia a los partidos de nueva creación no se les da el 100% de recursos en su primer proceso electoral, se les da el 50, y el restante se otorga si logran el porcentaje mínimo en la elección para mantener su registro.

Otro aspecto crucial que se debe revisar es el altísimo grado de centralización de las tareas electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE), derivado de la reforma de 2013-2014. Hoy el INE es prácticamente encargado de todo, tanto a nivel federal como local.

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En este sentido, mucho se discutió en las negociaciones de la reforma la figura que se creó de los OPLEs (Organismo Público Local Electoral), su conformación y esquemas de nombramiento, que finalmente quedó centralizado en el INE. La razón que argumentó el PAN, principal arquitecto de esa reforma, era el nivel de cooptación por parte de los gobernadores.

Muchos pensábamos que en lugar de centralizar se debía encontrar una fórmula para garantizar órganos locales autónomos, bajo una figura similar a lo que en aquel momento era el IFE. Lo correcto sería que los OPLEs se encarguen completamente de las elecciones locales, no el INE, y que éste sea rector de los procesos, pero no operador.

Otro asunto que mucho ha mencionado Jorge Alcocer, uno de los principales expertos en la materia, es el de la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión. Es una tarea titánica que se impuso al IFE, hoy INE, con la reforma de 2008. Lo más adecuado sería crear un órgano autónomo para este fin, ya que los tiempos oficiales son permanentes, no solo en épocas electorales, por lo tanto no debería ser el INE el encargado.

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Un tema que ya debería regularse con mayor seriedad es el de las coaliciones electorales. Hoy las reglas permiten coaliciones que muchas veces son anti natura, y que solo sirven para fines electoreros. Lo correcto sería que esas coaliciones tengan la obligación de generar agendas y gobiernos conjuntos una vez pasada la elección. El modelo de hoy solo promueve la “promiscuidad” electoral.

Son muchos los temas que se deben revisar con detenimiento. Lo mejor sería que el gobierno electo instalara lo antes posible una mesa de expertos para identificar los principales problemas actuales, y posibles soluciones. Una mesa de diagnóstico que en una segunda etapa incorpore a las principales fuerzas políticas. Un esfuerzo por iniciar una discusión pública bien informada tendría resultados muy positivos para el país.

A propósito, no mencioné el polémico tema de financiamiento público para partidos y campañas, pues es de los más complejos y enredados. Se debe arrancar una discusión seria sobre la mejor manera de abordar este problema, que ha generado grandes mercados ilegales de financiamiento, y puertas cada vez más grandes de corrupción. Este tema lo abordaré en una siguiente entrega.

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