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La Cana: el empoderamiento y reinserción social de las mujeres en prisión

Con la venta de algunos productos, mujeres privadas de la libertad han encontrado una forma de obtener ingresos para ellas y para sus familias.
mié 10 marzo 2021 06:00 AM
Tejedoras La Cana
Actualmente 160 mujeres trabajan, desde prisión, en La Cana elaborando productos como peluches.

Todo empezó como un proyecto escolar para dar asesoría jurídica a personas privadas de la libertad, pero terminó siendo una forma para ayudar a las mujeres a tener sus propios ingresos y apoyarlas en su proceso de reinserción social una vez que salen de prisión.

Se trata de La Cana, un proyecto social que capacita a mujeres en distintas actividades para que adquieran un oficio que les permita tener un ingreso, tanto dentro de prisión como al salir, y puedan convertirse en sustento de sus familias. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, actualmente hay 9,543 mujeres privadas de la libertad, de las cuales 3,620 cuentan con sentencia definitiva.

“En prisión hay mucho miedo de no poder generar ingresos y podernos mantener y dar un sustento a nuestros hijos” y “me han hecho crecer como ser humano porque te enseñan a que sin importar el lugar en el que te encuentres debes creer en ti”, son algunas de las frases que resaltan en la página de la iniciativa que actualmente apoya a 160 mujeres.

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Raquel Aguirre, una de las fundadores de La Cana, cuenta que cuando ella y otros compañeras estaban en tercer semestre de la carrera de Derecho, las llevaron al penal de Barrientos como trabajo escolar para asesorarlas y se dieron cuenta de las necesidades que tenían, entre ellas, tener empleo.

Entonces, empezaron a dar talleres, como el de tejer, del que se formó un pequeño club, cuyos productos se lograron vender en el exterior. Así surgió la idea de hacer algo para que las mujeres en prisión, que suelen ser abandonadas en los primeros meses de reclusión, puedan tener recursos para ellas y hasta para ayudar a sus familias.

“Buscamos que tengan un ingreso suficiente para vivir dentro de la cárcel, porque todo cuesta, y para mandar a sus familias”, dice Aguirre en entrevista.

El Observatorio de Prisiones señala que una visita al penal puede costar entre 500 y 1,000 pesos.

Por eso, Raquel y sus compañeras con las que fundó La Cana –un término coloquial para llamar a la prisión– se dieron cuenta que las mujeres necesitaban generar ingresos aun en estando recluidas.

“Lo que más faltaba dentro de la cárcel era el trabajo; las empresas que iban veían a la población como mano de obra barata, queríamos hacer lo más parecido a cualquier persona que trabaja afuera”, cuenta.

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De ahí también que la propuesta de este proyecto social es incidir en programas de reinserción social y en políticas públicas. Respecto al primer punto, dan talleres, asesoría y terapias psicológicas cuando están dentro y también afuera.

La joven abogada comenta que tuvieron el caso de una mujer que había pasado 10 años en prisión y la dejaron salir de madrugada. Se trataba de Felipa, quien las esperó afuera del centro para pedir su ayuda, pues con tanto tiempo recluida, les dijo que no tenía nada, ni dinero, ni a dónde ir. Por ella abrieron un programa de seguimiento, pues los contextos en los que se desarrollan estas mujeres, en muchos casos, las llevan a delinquir.

“Entiendes qué es lo que llevo a delinquir, no lo justificas, pero lo entiendes. Vienen de situaciones de agresiones, abusos, pobreza, abandono. Ssi les das herramientas para que salgan adelante, no solo en el tema del trabajo económico, sino educarlas, transformarlas desde adentro, esa persona –cuando salga– va a escoger un camino alejado de la delincuencia”, dice Aguirre.

Realmente que lo único que necesitan es una segunda oportunidad.

Por eso surgieron talleres para mujeres exprivadas de la libertad, en los que les imparten aspectos básicos del manejo de una computadora, por ejemplo, cómo prender la máquina, abrir un e-mail, cosas esenciales que si las desconocen se convierten en una limitante para canalizarlas a un empleo.

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Una mejor legislación para el trabajo en la cárcel

Respecto al trabajo que realizan dentro de los penales, la abogada y fundadora de La Cana detalla que antes de la pandemia habían propuesto una iniciativa a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se regule el trabajo penitenciario, ya que hay artículos que hablan de cómo debe ser el trabajo en reclusión, desde autoempleo, capacitación, pero hay algunas lagunas.

“Queremos que se plasme dentro de la Ley que tienen que tener horarios adecuados como si estuvieran afuera, que los espacios sean dignos, tema de salarios es muy importante, porque tienes mano de obra”, detalla.

La iniciativa busca quitar todos estos abusos tanto dentro del sistema penitenciario, como de los empresarios que dan trabajo, que sea ley.

Entre las propuestas que tienen está que se aclaren las prestaciones que pueden tener, por ejemplo, en el tema de salud. Es decir, si uno de los trabajadores dentro de la prisión se enferma, cómo se le va a garantizar la atención.

En La Cana pagan a las mujeres por producto terminado y dependiendo de la complejidad de éste. Las empleadas reciben entre 30 y 35% de sus elaboraciones, lo que les da, además de dinero en prisión, la oportunidad de ayudar a sus familiares afuera.

Con la pandemia, no solo la forma de vender los productos que elaboran en La Cana cambió, puesto que ahora le apuestan más al e-commerce –que logró aumentar 29% sus ventas– también la forma en la que están trabajando y dando los talleres ya que consiguieron permiso para que se les dieran capacitación por Zoom, con lo que tuvieron más alcance.

Actualmente, trabajan en cuatro centros penitenciarios: Barrientos –donde comenzó la historia–, Nezahualcóyotl Sur y Ecatepec, en el Estado de México, y Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Los conejos, osos y demás productos que elaboran las trabajadoras de La Cana se pueden encontrar en la página web .

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