"Me amenazó con una pistola y me dijo que ya no volvería a ser feliz", estás son las palabras que le dijo Saul a su expareja Paula, con quien tuvo un hijo que actualmente cursa la secundaria.
Ambos se conocieron desde la preparatoria, se fueron a vivir juntos cuando Paula supo que estaba embarazada y luego de varios años de maltrato, en 2016, ella decidió iniciar una vida aparte junto a su hijo.
En marzo de 2018, Paula se abrió a una relación con otro hombre, pero al poco tiempo su expareja comenzó a seguirla y a negarle la mensualidad para los gastos de su hija.
"Fue en julio cuando llegó a mi casa con la pistola de su trabajo para decirme que ya se había enterado de que andaba con alguien", recuerda. Tras ello, Paula decidió acudir a las autoridades del Estado de México, que emitieron una orden de restricción y la obligatoriedad de la pensión alimentaria.
"No fue fácil, la verdad es que hasta el momento no me siento tranquila", dice la madre de 33 años.
Su caso es uno de entre los tantos en las mujeres víctimas de violencia deben recurrir a las autoridades para evitar seguir siendo víctimas de violencia o que la misma escale.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explica que este tipo de órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima que deben otorgarse por la autoridad competente apenas conozca de hechos que posiblemente impliquen violencia de género.
En México hay registradas 47,093 órdenes de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los estados que actualmente registran más órdenes de protección son:
Mientras que las entidades que menos reportan son:
Las ordenes de protección pueden ser de emergencia y estas consisten en:
Otro tipo son las preventivas, que abarcan entre otros puntos:
De naturaleza civil que implican:
