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De las felicitaciones a la crítica: el embajador de EU tensa la relación con México

Lidia Arista y Yared de la Rosa — Tue, 05 May 2026 00:40:38 GMT

La participación de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (CIA) en Chihuahua y las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros políticos 'pegó' a la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson . Lo que había sido felicitaciones por los golpes al crimen organizado por parte del gobierno mexicano, se tornó en críticas en contra de la corrupción y la extorsión.

El embajador de Estados Unidos lanza críticas

Desde la tierra del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista, Johnson soltó el primer golpe. Durante la colocación de la primera piedra del proyecto energético "Mexinol", en Topolobampo, el embajador advirtió que esos delitos son obstáculos para la inversión y el desarrollo estratégico. “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito, si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, dijo el pasado 23 de abril. La presidenta fue cauta y solo respondió: “Es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá”. Se limitó a decir que es importante que haya un ambiente para la inversión sin corrupción. Sin embargo, no es la primera tensión entre ambos países. Unos días antes, el estadounidense lamentó la muerte de los dos agentes de la CIA en Chihuahua, quienes presuntamente participaron en un operativo en México sin conocimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. En un mensaje que escribió en redes sociales, el embajador sostuvo que ese hecho era un recordatorio del riesgo que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a las comunidades. Mientras, la mandataria federal ha calificado la presencia de los agentes estadounidenses en México como un acto que vulnera la soberanía nacional del país y violenta la Ley de Seguridad Nacional. Otra crítica que lanzó el embajador Ronald Johnson en los últimos días fue el 29 de abril, cuando respaldó formalmente los señalamientos del Departamento de Justicia contra diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza, ambos militantes de Morena. Desde un comunicado, la embajada mencionó que si bien no podía pronunciarse sobre los detalles del caso, aseguró que se investigará la corrupción que facilita el crimen organizado y “perjudica” a ambos países cuando Estados Unidos tenga “jurisdicción”. “Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, se menciona en un comunicado. A lo que la mandataria Claudia Sheinbaum calificó como “injerencismo” las declaraciones de la embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson. “Son declaraciones desafortunadas, porque un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México —para poner las distancias—, de Cuba en México, de Argentina en México, un embajador no puede tener una actitud injerencista”, señaló el pasado 30 de abril. Desde su conferencia mañanera recordó una frase del expresidente Miguel de la Madrid: “Los norteamericanos entre más blandito encuentran, más se van metiendo”, a lo que dijo que México busca una colaboración con Estados Unidos de respeto, colaboración y respeto.

Antes hubo felicitaciones La relación entre el gobierno mexicano y embajador Ronald Johnson no siempre fue de tensión, antes existieron felicitaciones por parte del representante de Estados Unidos. Durante casi un año, tras su designación como embajador, felicitó a la mandataria federal en múltiples ocasiones. Entre estos momentos se encuentra la felicitación que hizo el embajador a la presidenta de la República y a las fuerzas armadas por haber abatido a Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese momento destacó la “valentía y rápida actuación” de las autoridades mexicanas. “El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales deben ser llevados ante la justicia”, sostuvo el embajador desde sus redes sociales, y horas antes lamentó la muerte de los elementos delas Fuerzas Armadas mexicanas durante este operativo. Seis meses antes, el embajador estadounidense reconoció al gobierno mexicano por la extradición de 26 delincuentes relacionados con el tráfico de drogas a Estados Unidos, entre los que se encontraban Abigael González, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Osegurera; Servando Gómez Martínez La Tuta, entre otros. Ante esto, Ronald Johnson sostuvo que este envío es un ejemplo de los que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad, y felicitó a la mandataria federal por su “continua y valiente cooperación” para el traslado de estos personajes. . “Estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado”, señaló el embajador en comunicado el pasado 12 de agosto en comunicado.

Alejandro Martínez Serrano, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle México, dio un viraje que la postura de la presienta Claudia Sheinbaum cambió, pues en un principio la relación con Estados Unidos era “de una amplia colaboración” y dio “un viraje” tras las acusaciones de Estados Unidos contra 10 políticos sinaloenses. “Las condiciones se han tensado a diferencia de otros acontecimiento donde había una colaboración del gobierno mexicano”, dijo el también profesor de la Universidad La Salle. El experto dijo que esta tensión que ha surgido entre ambos países podría afectar la negociación para la revisión del TMEC si no se alcanza un “entendimiento” entre ambos países en materia de seguridad y migración. “En esta actitud agresiva del gobierno de Donald Trump, (podrían) retirarse de la mesa de diálogo en materia de la revisión del TMEC”, declaró el especialista.

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Suprema Corte avala que se elimine un dato del acta de nacimiento

Expansión Digital — Mon, 04 May 2026 23:52:05 GMT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) emitió una declaratoria de inconstitucionalidad sobre algunos datos que deberán eliminarse de las copias del acta de nacimiento para evitar discriminación, de acuerdo a una resolución que deriva de un amparo que interpuso un ciudadano de Jalisco y que se refiere a los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado.

La Primera Sala del máximo tribunal del país revisó el Amparo en Revisión 468/2024 en donde se detalla que dos personas se divorciaron por mutuo consentimiento y, posteriormente, una de ellas pidió que se retiraran de su acta de nacimiento los sellos relativos a su matrimonio y divorcio. Sin embargo, la autoridad del registro civil negó la solicitud. La SCJN resolvió que una persona obtenga una copia de su acta de nacimiento sin revelar su estado civil con el objetivo de no vulnerar los derechos a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación. El documento detalla que ante la falta de adecuación legislativa del Congreso de Jalisco dentro del plazo constitucional, el Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, y precisó que ésta surtirá efectos generales a partir de su notificación al Congreso local.

No se mostrará el estado civil. No contendrán notas de matrimonio o divorcio. Acta de nacimiento en línea Tener una cuenta en Llave MX. Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada. Realizar el pago en línea. Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX. Ten a la mano la CURP o los datos de la persona cuyo nacimiento se registró. Realiza el pago en línea para obtener la copia digital oficial. Pasos para sacar el acta de nacimiento certificada de internet Debes ingresar al portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ Con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Puedes realizar la búsqueda de tu acta de nacimiento a través de los datos personales.

La resolución destaca que ninguna autoridad del registro civil podrá negar a las personas solicitantes de copias de nacimiento en donde se divulge su estado civil o su divorcio, lo que garantiza su derecho a la privacidad. Los cambios que se avalaron son los siguientes: Con ello se se garantiza la privacidad de los datos personales y se refuerza el derecho a la igualdad. ¿Cómo realizar el trámite?

¿Cómo hacer el trámite del acta certificada?

En el caso del acta de nacimiento en la CDMX , el gobierno recomienda que antes de tramitar una copia certificada, se recomienda ingresar al siguiente enlace: https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 para cotejar el año de registro, juzgado, libro y número de acta. Si realizaste el pago de la Línea de Captura de manera presencial en algún banco o ventanilla de cobro el pago se reflejará en un máximo de 72 hrs. Al concluir este trámite, el acta de nacimiento estará disponible en tu Llave CDMX Expediente. Podrás consultarlo en cualquier momento y utilizarlo para realizar otros trámites digitales.

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La nueva Oficina Presidencial de Inversiones autorizará proyectos en 30 días

Shelma Navarrete — Mon, 04 May 2026 22:58:36 GMT

La presidenta Claudia Sheinbaum decretó la creación de la Oficina Presidencial de Inversiones, la cual estará encargada de agilizar la autorización de los proyectos de inversión en el país como parte del Plan México. Esta oficina estará a cargo de una persona nombrada directamente por la mandataria y su titular presidirá el Comité de Evaluación de Inversiones, junto a los titulares de seis secretarías del Gobierno de México: Economía, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, Medio Ambiente, Energía y la Agencia de Transformación Digital.

Como invitado permanente estará el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización en México (CADERR), encabezado por la empresaria mexicana Altagracia Gómez Sierra. Para ello se habilitó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones en el sitio www.inversiones.gob.mx . José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, explicó que las principales tareas de la Oficina Presidencial de Inversiones serán: * Emitir una constancia de autorización a proyectos de inversión en un plazo de 30 días. * Asesorar y acompañar en las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto con autoridades de los gobiernos de los estados y de los municipios bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Esto aplicará para proyectos de inversión que cumplan con alguna de estas características: * Ubicarse en un polo de Bienestar. * Tener un monto de inversión de al menos 2,000 millones de pesos. * Aplicarse en un sector estratégico: eléctrico, tecnologías de la información semiconductores, textil, automotriz, farmacéutico, aeroespacial, energía, química entre otros. “Con esta autorización, las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata. (…) Para el resto de inversiones privada, se ordena la resolución máxima de todos los trámites federales en 90 días o se darán por autorizadas”, indicó Merino. A la par, la presidenta determinó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), encargada de la representación y defensa legal de contribuyentes frente a autoridades fiscales federales como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pasará a ser sectorizada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.

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El presidente del Tribunal Electoral pide separar la elección judicial de la política en 2027

Expansión Política — Mon, 04 May 2026 22:56:11 GMT

Gilberto Bátiz García , presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteó que las elecciones judiciales programadas para 2027 deben realizarse en una fecha distinta a los comicios políticos . Desde su perspectiva, la elección de integrantes del Poder Judicial no debe coincidir con la jornada electoral del próximo año, en la que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, debido a las diferencias en la naturaleza y objetivos de ambos procesos.

La declaración ocurre luego de que, en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, autoridades federales dieran a conocer que se analizan alternativas: mantener la elección judicial en la misma fecha o diferirla. El magistrado argumentó que una elección política no puede desarrollarse al mismo tiempo que una de carácter técnico, como la destinada a designar a jueces de distrito y magistrados de circuito. En ese sentido, abrió la discusión sobre la pertinencia de conservar el modelo aplicado en 2025 o construir un esquema distinto a partir de la experiencia reciente. También destacó que este tipo de elección conlleva implicaciones importantes a futuro, lo que justifica considerar su realización después de junio de 2027. “Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día?”, comentó el presidente del Tribunal Electoral.

Organizaciones y expertos piden consensos para aplazar elección judicial a 2028

Bátiz García dijo además que se puede usar la experiencia de la Sala Superior y la labor de todo el Tribunal Electoral en las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios judiciales de junio de 2025. “¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones o debemos de configurar esta nuevas reglas también con base en una experiencia no solo como candidatos, sino también como instituciones?”, agregó el magistrado presidente. El pasado 30 de abril, una vez que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso, más de 150 organizaciones y expertos instaron a los legisladores a alcanzar consensos que hagan posible la llamada contrarreforma judicial que aplace la elección de juzgadores al 2028 y mejore la calidad de la justicia. El plazo límite en el que esa propuesta puede aprobarse y entrar en vigor para 2027 vence a finales de mayo, por requerir reformas constitucionales En este sentido, pidieron “decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país”.

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Alcaldesa de Madrid ofrece a empresarios mexicanos acceder a Europa con reglas claras

Expansión Digital — Mon, 04 May 2026 22:55:27 GMT

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , dijo este lunes ante empresarios mexicanos que la capital española es una “plataforma única” para que las empresas nacionales accedan al mercado europeo con “reglas seguras, estables y competitivas”.

La política de derecha española aseguró que ofrecer lecciones de economía y cultura a México sería “totalmente inapropiado”, pues se trata de una potencia “en todos los sentidos con mayúsculas”. “Traemos a nuestra otra casa un mensaje de ganas e ilusión por un futuro compartido con el que seguir buscando oportunidades, por los que estamos aquí y por los que están por venir”, dijo. La Comunidad de Madrid informó que la alcaldesa visitó la Basílica de Guadalupe y que tuvo un acto en honor a Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México. También se prevé que asista a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya; un encuentro con representantes de las 14 casas regionales de España en México; con compañías internacionales como Cemex y Alsea . También sostendrá reuniones con las gobernadoras del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato; María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. El Congreso de Aguascalientes le entregará la “Medalla de la Libertad”. Además participará en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos. La agenda también contempla “actos académicos” con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad, propiedad de Salinas Pliego, y del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM)”, en Nuevo León.

¿Por qué hay polémica en la visita de Díaz Ayuso?

¿Quién invitó a @IdiazAyuso a México? Ojalá explique cómo es que su pareja tiene un juicio por corrupción al sacar provecho al pueblo español en el peor momento del COVID. Ahora viene aquí a hacerse la guía moral. ¡CÍNICOS!https://t.co/kk1C8p94Dv pic.twitter.com/NdIJ8fgfRa

¿Habrá misa en honor de Hernán Cortés?La Arquidiócesis Primada de México informó que se canceló la Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México, "Malinche y Cortés”, debido a que el productor Nacho Cano “no consiguió los permisos necesarios” para grabar la misa.También descartó que no se tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés”, sino “unirnos en oración por el mestizaje, por los frutos de la evangelización en México, y por la paz entre los pueblos”, destacó.¿Qué dijo Sheinbaum de Ayuso?La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que en México sea un narcoestado o que haya impunidad en el país. Añadió que su gobierno trabaja a favor de la ciudadanía y que los dichos corresponden a ataques por parte del conservadurismo político.

— Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) May 4, 2026

Porque ha comparado a México con naciones como Cuba y Venezuela, y ha advertido por un supuesto impacto negativo del populismo, "comunismo" y "narcoestados" en dichas naciones. Durante la pandemia de covid-19, su hermano Tomás, fue intermediario en la venta de mascarillas FFP2 a la Comunidad de Madrid, por valor de un millón y medio de euros, y recibió una comisión por un cuarto de millón de euros. Ayuso también ha sido criticada por estar en contra de la comunidad LGTB, así como estar a favor de las privatizaciones educativas y de salud, a lo que contesta a sus críticos con la frase: “comunistas chavistas bolivarianos” ¡todo junto!". El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso en la CDMX cuestionó la visita de la representante españoña en su país.

“Imagínense la disminución de homicidios que hemos tenido de 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026 y 28,000 detenidos; una visión de atender a jóvenes”, destacó en la Mañanera del Pueblo del 4 de mayo.

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"No teníamos ningún indicio", dice Harfuch sobre presuntos vínculos de Rocha con el Cártel de Sinaloa

Lidia Arista — Mon, 04 May 2026 17:55:11 GMT

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , aseguró que "nunca" hubo algún indicio de que Rubén Rocha , gobernador con licencia de Sinaloa, tuviera algún vínculo con el narcotráfico . "Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las acciones que les presentamos", afirmó.

Rocha no tiene fuero

El jueves pasado, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos señaló a Rubén Rocha y a otros nueve políticos mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico . Al mandatario estatal lo acusó de dar protección a "Los Chapitos", una de las facciones del Cártel de Sinaloa. “Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación de Estados Unidos. Este lunes, integrantes del gabinete de seguridad federal, junto con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el reforzamiento en materia de seguridad en la entidad, así como lo que se ha logrado en el combate a la violencia. Luego de pedir licencia para separarse del cargo como gobernador, el cual asumió en noviembre de 2021, Rubén Rocha ya no tiene fuero. El secretario de Seguridad Pública indicó que el gobernador no goza de la inmunidad constitucional, aunque dijo que será la Fiscalía General de la República la que lo confirme. "El gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero, hasta donde tengo entendido, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General", comentó.

Sobre el paradero del gobernador, Harfuch informó que se mantiene en México e incluso goza de protección por parte de la Guardia Nacional, aunque aclaró que no tienen indicios de que pueda ser atacado. "Tengo entendido que está aquí en Sinaloa", dijo. Aclaró que Rocha no fue quien pidió la protección, si no fue una decisión que se tomó como parte del gabinete de seguridad al considerar que el gobernador con licencia estaría en una entidad con hechos violentos. "La seguridad del Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios, algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos", indicó.

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“El Chapo” Guzmán solicita a autoridades de Estados Unidos ser extraditado a México

Expansión Política — Mon, 04 May 2026 17:55:10 GMT

Desde una prisión de máxima seguridad en Colorado, Joaquín Guzmán Loera volvió a dirigirse a la justicia estadounidense para pedir su regreso a México . El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta al juez federal Brian Cogan, responsable de dictarle cadena perpetua más 30 años en 2019. Aunque el documento tiene fecha del 23 de abril, la Corte del Distrito Este de Nueva York lo recibió hasta el 1 de mayo, de acuerdo con los reportes.

Se presume que Guzmán Loera redactó el texto a mano desde la prisión de Florence, Colorado, donde permanece recluido tras el juicio de tres meses que enfrentó en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, armas y conspiración para lavado de dinero. “Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están peleando por una extradición de regreso a México”, escribió al inicio del documento, elaborado en inglés y con errores gramaticales. El narcotraficante también planteó la posibilidad de que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para trasladarlo a territorio mexicano. Además, volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena y sostuvo que tiene derecho a un nuevo juicio. “Esta es una carta educada por la violación de las cortes sobre la evidencia dura que no fue probada para mi caso desechar”, añadió.

Condena de "El Chapo" Guzmán

La nueva carta representa el tercer escrito que Guzmán Loera remite al juez Cogan desde el pasado 10 de abril. En mensajes anteriores, el exlíder criminal hizo referencia a las condiciones de encierro en Florence. Incluso citó la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe castigos crueles o excesivos. Durante los últimos años, tanto Guzmán como integrantes de su familia enviaron diversas cartas a la Corte sin obtener respuesta. El 17 de julio de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por 10 cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero. Tras su tercera captura en 2016 y posterior extradición en 2017, el narcotraficante cumple su condena en la prisión ADX Florence en Colorado, En enero de 2017, fue enviado a Estados Unidos. Dos años después, el 12 de febrero de 2019, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos, incluyendo la dirección de una organización criminal. Además, se le ordenó pagar 12,600 millones de dólares.

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Simulacro nacional del 6 de mayo 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y otros estados?

Shelma Navarrete — Mon, 04 May 2026 17:04:28 GMT

En punto de las 11:00 horas del próximo miércoles 6 de mayo se escuchará la alerta sísmica en los 13,998 altavoces del sistema C5 de la Ciudad de México , como parte del Primer Simulacro Nacional 2026 . El aviso también llegará a través de los celulares, así como en radio y televisión. “Nuestra ciudad sabe muy bien lo que significa prevención, lo aprendimos en 1985 y luego en el 2017, desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas.

Sismo de magnitud igual o mayor a 5 y epicentro a menos de 200 kilómetros. Sismo de magnitud igual o mayor a 5.5 y epicentro a menos de 350 kilómetros. Sismo de magnitud igual o mayor a 6, sin importar la distancia del epicentro.

“La organización, la información, la coordinación y la práctica son nuestra primera línea de defensa. Por eso en esta ciudad todos los simulacros son importantes y entre más oportunidad tengamos de ensayar los protocolos, más vamos a estar preparadas y preparados para cualquier evento”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Para este simulacro, el escenario será un sismo con magnitud 8.2, con epicentro a 55 kilómetros al noroeste del puerto de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros. Con este escenario, en la capital se proyecta una aceleración mayor a los 300 Gal, es decir, una percepción muy fuerte, explicó Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en CDMX? La alerta sísmica se activa ante eventos de las siguientes características:

Los principales objetivos en la Ciudad de México para este simulacro será evaluar el despliegue en territorio de alrededor de 5,000 funcionarios públicos , así como de 72 Coordinaciones Territoriale s y 1,017 cuadrantes . También se busca validar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia ; activar los Comités de Emergencia , optimizar la coordinación con los Consejos de Protección Civil de las 16 alcaldías y fomentar la cultura de la prevención en las personas que habitan y transitan en la capital, apuntó Venegas.

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Sismo hoy en CDMX: Se activan las alertas sísmicas hoy 4 de mayo

Expansión Digital — Mon, 04 May 2026 15:26:06 GMT

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México este lunes 4 de mayo a las 09:22 horas, por un sismo de magnitud de 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, provocando que personas salieran de sus casas y oficinas para mantenerse a salvo. Las autoridades capitalinas realizan los protocolos correspondientes en las alcaldías con el objetivo de verificar que no haya daños en las estructuras y viviendas de la capital.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/aAr9rE6Vow La jefa de Gobierno de la CDMX, , informó sobre la alerta sísmica a través de redes sociales y de la importancia de seguir las recomendaciones ante un sismo. También recordó la importancia de participar en los simulacros.

Sismo sin afectaciones en la ciudad. Todo en calma. pic.twitter.com/GNNLxFJtAc Autoridades activaron los protocolos de seguridad para verificar si hay daños en calles y edificios, así como atender a personas que presenten crisis nerviosas.El secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, , informó que iniciaron los sobrevuelos de los helicópteros Cóndores. En las revisiones participan elementos de Protección Civil, Secretaría de Movilidad, de Gobierno, entre otras. Hasta las 10:23 horas se reporta saldo blanco.

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

— Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el sismo tuvo una magnitud de 6 y se localizó al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca a las 09:19 horas. La institución dependiente de la Universidad Nacional de México ajustó la magnitud a 5.6 con localización a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional en la entidad oaxaqueña. "Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en X. Usuarios de redes sociales compartieron que el sismo se sintió en algunas zonas, por lo que salieron de sus viviendas para resguardarse. Clara Brugada Molina Pablo Vázquez Camacho

Previamente, el Servicio Sismológico Nacional informó previamente sobre un sismo de magnitud 4 con epicentro en Oaxaca. SISMO Magnitud 4.0 Loc 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 08:24:49 Lat 16.28 Lon -98.28 Pf 4 km pic.twitter.com/omcEzpQevk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

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Guardia Nacional protege a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador

Lidia Arista — Mon, 04 May 2026 15:18:08 GMT

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional se encarga de la seguridad personal de Rubén Rocha , gobernador con licencia, quien fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico .

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se da seguridad y en este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, indicó. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021, fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con “Los Chapitos” “Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de 'Los Chapitos' en su elección, Rocha Moya ha permitido que 'Los Chapitos' operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de 'Los Chapitos' colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con 'Los Chapitos' en la administración de Rocha Moya han protegido a 'Los Chapitos' y sus operaciones de tráfico de drogas”, dice parte de la acusación. El viernes pasado, Rubén Rocha solicitó licencia para separarse del cargo y el Congreso local nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. La presidenta Sheinbaum aseguró que, tras la situación por la que atraviesa el estado, se refozará la seguridad de la entidad, para lo que sostendrá una reunión con la gobernadora.

Que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina” Solicitud de EU no probó “urgencia”

“Instruí al gabinete de seguridad, tanto al secretario de seguridad, al general secretario, al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos ella”, dijo. Luisa María Alcalde, nueva Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, dijo que Estados Unidos no aportó las pruebas suficiente para mostrar la "urgencia" para detener con fines de extradición a Rubén Rocha. , “La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto necesita a nexar elementos de prueba , establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción u obstaculización del proceso”, comentó. Explicó que, como la solicitud no está “debidamente fundamentada”, es necesario solicitar información adicional para que se acredite la urgencia. Alcalde Luján destacó que no existe un plazo para que el Gobierno de Estados Unidos presente las pruebas. “No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional conforme al artículo 11 o se podría optar también a mandar la solicitud formal de extradición”, agregó. En caso de que se opte por solicitar formalmente la extradición, se requiere que el Gobierno de Estados Unidos muestre los elementos probatorios de la comisión de un delito. No obstante, criticó que se haya violado la confidencialidad del proceso, lo que llevó a un "linchamiento" de los políticos mexicanos. "Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial ¿por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. En este caso dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas", dijo.

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¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes 4 de mayo? Así opera el programa en CDMX y Edomex

Expansión Digital — Mon, 04 May 2026 13:15:03 GMT

Si tienes pensado salir este lunes 4 de mayo de 2026 , conviene que hagas una pausa antes de encender el auto. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente y aplica tanto en todas las alcaldías de la Ciudad de México como en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida estará activa de 5:00 a 22:00 horas , con el objetivo de reducir los niveles de contaminación del aire, una tarea clave para proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan diariamente por la región.

¿Qué autos no pueden circular este lunes? De acuerdo con el calendario oficial del programa , este lunes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con cualquiera de estas características: -Engomado amarillo -Terminación de placa 5 o 6 -Holograma 1 o 2 Si tu automóvil entra en este grupo, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido. ¿Qué vehículos sí pueden circular? No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este lunes podrán circular sin problema: -Vehículos con holograma 0 o 00 -Autos eléctricos o híbridos -Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6 En otras palabras, si tu auto no coincide con los criterios del lunes, podrás circular con normalidad dentro del horario del programa. ¿Habrá Doble Hoy No Circula? Por ahora, no se activará el Doble Hoy No Circula . Esta medida extraordinaria solo aplica cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. Si eso ocurre, las restricciones adicionales comienzan a partir del día siguiente, no el mismo martes.

¿Dónde aplica el programa? El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana. Municipios del Estado de México donde aplica la restricción: -Atizapán de Zaragoza -Coacalco -Cuautitlán -Cuautitlán Izcalli -Chalco -Chimalhuacán -Chicoloapan -Ecatepec -Huixquilucan -Ixtapaluca -La Paz -Naucalpan -Nezahualcóyotl -Nicolás Romero -Tecámac -Tlalnepantla -Tultitlán -Valle de Chalco Desde el 1 de julio de 2025, el programa también se extendió a: -Toluca -Santiago Tianguistenco En estos dos municipios, la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2, y las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026. Multas por no cumplir el Hoy No Circula Ignorar las restricciones puede ser costoso. Con el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones van de: Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo final por concepto de arrastre, estancia y trámites.

Recomendaciones antes de salir Para evitar contratiempos y sanciones, conviene: Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula Revisar los reportes diarios de calidad del aire Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales Cumplir con estas medidas no solo ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de millones de personas que viven y se trasladan diariamente en el Valle de México.

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Ariadna Montiel llega a Morena entre aplausos y silencios por acusaciones de EU contra Rocha Moya

Yared de la Rosa — Mon, 04 May 2026 12:30:38 GMT

Con matracas, carteles y gritos de “¡presidenta!, ¡presidenta!”, la militancia de Morena llegó este domingo al Congreso Nacional Extraordinario , donde la cúpula del partido eligió a Ariadna Montiel como la nueva dirigente nacional tras la salida de Luisa María Alcalde . La mañana del domingo todo se tornó entre la algarabía y entusiasmo, pero hubo un tema que aunque estuvo ausente en las conversaciones y en los discursos, estuvo presenté en el recinto: el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfic o, entre los que se encuentra el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya .

“Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”

El tema no existió entre legisladores, gobernadores, y funcionarios morenistas. En el World Trade Center, sede del evento, nadie se atrevió a mencionar a Rocha Moya ni a aludir los señalamientos en contra del mandatario con licencia acusado de llegar a su gubernatura de la mano de "Los Chapitos ". Si alguien les preguntaba sobre lo sucedido en Sinaloa, respondían que rechazando “el intervencionismo” y cambiando el tema a lo acontecido en Chihuahua con los agentes de la CIA. “La gobernadora (Maru Campos) abrió la puerta trasera a los agentes de la CIA, debería pedir licencia. (El gobernador Rocha Moya) no tenía ninguna obligación de hacerlo (pedir licencia), él está dando la cara”, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña, quien pocos días antes se burló de las acusaciones en contra del mandatario morenista. La diputada Dolores Padierna coincidió y sostuvo que la investigación en contra de su compañero de partido Rocha Moya se abrió para “tapar” un “hecho más grave” que fue la presencia de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos, ocurrido semanas antes de la acusación en contra del gobernador de Sinaloa. El silencio de los morenistas se reflejaba no solo en las entrevistas al ingresar al Consejo, sino también en los discursos de sus principales líderes. Se prefirió hablar de las victorias de Morena, de los nuevos relevos y del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Nadie mencionó que uno de los gobernadores emanados del partido es señalado de ayudar a “Los Chapitos” a traficar drogas. No más de 10 personas, que estaban en una esquina del salón, intentaron gritar en apoyo al gobernador “¡Rocha!, ¡Rocha!” , pero fueron silenciados por otro grupo mayor que decía “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en apoyo a Ariadna Montiel. Nadie nombró al “elefante blanco”. Tampoco se hicieron presentes Yeraldine Bonilla –designada por el Congreso de Sinaloa como gobernadora interina– ni el senador Enrique Inzunza, quien es uno de los 10 señalados de presntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La nueva dirigente enfocó su primer discurso en contra de la corrupción, las próximas elecciones y el “intervencionismo” de los países extranjeros. También reconoció el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de la mandataria federal Claudia Shenbaum. Entre llamados de unidad y aplausos, la nueva presidenta afirmó que en su dirigencia no habrá cabida a la corrupción y advirtió que quienes busquen ser candidatos deben tener una “trayectoria impecable” , incluso dijo, que si cometen un acto corrupto, serán retirados de la contienda aunque hayan ganado las encuestas. Al hablar de estar en contra del “intervencionismo”, aseguró que Morena defenderá la soberanía nacional del país y calificó a los partidos de oposición como “traidores a la patria”, porque buscan “sembrar la duda, la desinformación y el miedo”. Entre palabras, aludió al caso Rocha Moya pero no de forma específica. El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, también evitó hablar directamente del gobernador con licencia, pero sí lo insinuó para defenderlo, ya que sostuvo que los “adversarios alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas”. Aseguró que los partidos de la oposición buscan “debilitar” a Morena a través de la denostación, lo que provocó los aplausos y los gritos de los morenistas presentes.

No, (lo vamos a expulsar). Nosotros no tenemos ningún elemento (para expulsarlo). La Fiscalía General de la República lo dirá. No vamos a tapar a nadie, no vamos a cubrir a nadie, pero vamos a pedir legalidad".

La justificación morenista

Descartan expulsar a Rocha Ninguno de los líderes de Morena habló de forma clara sobre Rocha Moya desde el estrado, pero sí lo hizo la secretaria general, Carolina Rangel, quien en una entrevista individual aseguró que Morena no busca expulsar del partido a Rubén Rocha Moya. La morenista aplaudió que Rocha Moya haya pedido licencia temporal a su cargo , pues consideró que es la decisión “correcta”. Consideró que con esto el mandatario dice “aquí estoy, sin esconderse detrás de un fuero”. Ni la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ni los líderes del partido mencionaron el escándalo de Sinaloa, a pesar de las alusiones y acusaciones recientes que involucran a uno de los suyos. En su lugar, el enfoque estuvo en la lucha en contra de la corrupción, la defensa de la soberanía nacional y los ataques a la oposición, pero el caso de Rocha Moya permaneció en el silencio. El Congreso terminó entre abrazos, aplausos y selfies para celebrar la llegada de Montiel, pero el fantasma de Sinaloa, el narcotráfico y la presión que ejerce la administración de Donald Trump en contra del gobierno de Sheinbaum y Morena seguían presentes. Esta mañana –horas antes del VIII Congreso Nacional Extraordinario– Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo” y resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas. A través de un mensaje en redes sociales, el partido expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia y afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias". El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo. Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina . Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.

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Rocha Moya, el dilema más difícil de Sheinbaum

José Manuel Urquijo — Mon, 04 May 2026 12:05:21 GMT

En octubre de 2024, Rubén Rocha Moya pisó la Cámara de Diputados en medio de la peor crisis de seguridad que Sinaloa había vivido en años. La bancada de Morena lo recibió de pie, con un coro que quedó grabado: "¡No estás solo, no estás solo!". Eran más de 3,000 muertos en la guerra entre facciones del cártel y el gobernador recibía un respaldo total en San Lázaro. Dieciocho meses después, el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos por narcotráfico contra Rocha Moya y otros 9 funcionarios, ex funcionarios y el senador Enrique Inzunza Cázarez. El documento de 34 páginas describe reuniones con sicarios armados, acuerdos electorales con Los Chapitos y la entrega del control operativo de la Policía Estatal a cambio de votos. Y, a diferencia de 2024, solo respaldaron a Sheinbaum; a Rocha, silencio.

Esa distancia de 18 meses, del "no estás solo" al silencio, es el perímetro exacto del problema que hoy enfrenta la presidenta. Quienes consideran que se trata de un problema jurídico o legal, se equivocan. Se trata de un problema político y de poder, de legitimidad y de futuro. La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que "por ahora" no entregará a Rocha a Estados Unidos. Esa frase "por ahora" es la más honesta del caso, porque nomina con precisión lo que está ocurriendo: una pausa calculada mientras se evalúan los costos de cada movimiento posible. El problema es que en escenarios como este, las pausas también son decisiones. Y esta tiene un costo que crece con el tiempo. Si la FGR no actúa y el proceso se dilata indefinidamente, el caso Rocha se convierte en el símbolo permanente de que en México la impunidad tiene partido. La oposición —que ya declaró que Morena es un "narcopartido"— tiene en ese escenario el combustible electoral que necesita para 2027. Más grave aún: Estados Unidos construiría su caso de todas formas, con o sin la cooperación de México, posiblemente a través del senador Inzunza, cuyos abogados ya se han acercado al Departamento de Justicia para explorar un acuerdo de testigo cooperante, de acuerdo con reportes de El Universal. Si la FGR actúa y detiene a Rocha en México, Sheinbaum obtiene algo que pocos gobiernos logran en medio de una crisis: la narrativa de que las instituciones funcionaron sin que nadie tuviera que ceder ante presiones externas. Es, en términos políticos, la salida de menor costo. Pero requiere que el gobierno esté dispuesto a procesar públicamente que un gobernador de Morena, respaldado por el fundador del movimiento, fue el arquitecto de un acuerdo criminal con el cártel más poderoso del país. Esa decisión es exactamente lo que está en juego. Hay un dato que pasó casi inadvertido entre el ruido de los primeros días del caso, pero que es quizás el más revelador de todos. En octubre de 2024, los gobernadores de la 4T emitieron un comunicado conjunto de respaldo a Rocha Moya. En abril de 2026 no hubo comunicado. Respaldaron a Sheinbaum, a la postura soberanista, a la defensa del proceso legal mexicano. No a Rocha.

Varios gobernadores clave como Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca o Sonora guardaron silencio total. En estos escenarios el silencio colectivo es la forma más sofisticada de tomar posición sin asumir el costo de decirlo. El movimiento ya procesó, en privado, que Rocha es indefendible. Lo que falta es que las instituciones lo procesen en público. El propio AMLO, cuyo vínculo con Rocha data de 1998 cuando ambos militaban en el PRD, no se ha pronunciado. Esa ausencia dice más que cualquier declaración. Pareciera que el padrino político de esta historia decidió que este capítulo se escribirá sin él. En términos institucionales, lo que está en juego en el caso Rocha es mucho más profundo que la suerte del gobernador. Lo que verdaderamente está en juego es si México tiene la capacidad y la voluntad política de procesar una crisis de captura del Estado desde adentro, sin que sea necesario que un tribunal extranjero lo haga por nosotros. La oposición ya tiene su narrativa. Estados Unidos ya tiene su expediente. El senador Inzunza ya tiene sus abogados negociando en Washington. El tiempo que le queda a la Presidenta Sheinbaum para controlar el relato se acorta con cada día y semana que pasa sin que la FGR actúe. Arthur Koestler escribió que "una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a quienes están por encima de la ley". México ha demostrado en décadas recientes que sabe castigar a los que caen en desgracia cuando ya no tienen poder que los proteja. La pregunta que plantea el caso Rocha es diferente y más exigente: ¿puede el sistema actuar cuando quien está en el centro de la crisis todavía pertenece, aunque sea formalmente, al bloque gobernante?

La respuesta que dé Sheinbaum a esa pregunta se medirá en lo que haga la FGR en las próximas semanas. Y eso definirá si su administración logra construir una distancia sana con los pasivos del pasado, o si se convierte en su administradora. ____ Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Fundó la agencia Sentido Común Latinoamérica y es consultor y estratega político con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Gobernador en pausa, impunidad en marcha

Alberto Guerrero Baena — Mon, 04 May 2026 12:05:10 GMT

La acusación que nadie quería ver

El jueves 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo lo que la institucionalidad mexicana se ha negado sistemáticamente a hacer durante décadas: nombrar con nombre propio la soldadura estructural entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa. El documento acusa al entonces gobernador de haberse reunido con líderes del cártel antes de su elección para prometerles apoyo y colocar a funcionarios afines en puestos de poder, y señala que esa corrupción permitió que la organización criminal operara con total impunidad.

La FGR: escudo ideológico, no institución jurídica

Los cargos no son menores ni ambiguos: conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Delitos gravísimos. Delitos tipificados también en México. Delitos que ninguna fiscalía nacional ha investigado con el rigor que la gravedad del asunto demanda, porque hacerlo implicaría tocar los cimientos del sistema político que la propia fiscalía sirve. La respuesta del gobierno federal fue inmediata, estridente y políticamente reveladora: defensa de la soberanía nacional. Una soberanía que nadie había violado. La acusación es un instrumento jurídico penal dirigido contra individuos específicos, no contra México como nación. Confundir ambas dimensiones —o hacerlo deliberadamente frente a las cámaras— no es error jurídico: es propaganda de baja calidad disfrazada de patrioterismo. Lo ocurrido en la conferencia de prensa de la Fiscalía General de la República el primero de mayo de 2026 fue, sin exageración, uno de los episodios más bochornosos de la procuración de justicia mexicana en lo que va del siglo. Una buena parte del gremio jurídico en México, señaló que la FGR y la Cancillería están llevando a cabo un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al insistir públicamente en que las solicitudes solo procederán cuando cumplan con estándares legales que el propio tratado no exige. La trampa es tosca pero efectiva: el Artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral, firmado en 1978, establece sin ambigüedad que una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo de 60 días. La FGR, con solemne desfachatez institucional, exigió pruebas plenas para una medida cautelar. Invirtió la lógica procesal internacional, traicionó el tratado que jura respetar, y lo hizo frente a las cámaras, sin rubor, como quien sabe perfectamente que nadie le pedirá cuentas. No es interpretación jurídica creativa; es un cortafuegos político construido con ladrillos de cinismo. El fuero constitucional de los acusados en funciones añade otro candado: cualquier acción judicial requeriría agotar primero el proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados. Y ese Congreso, dominado por la coalición oficialista, es exactamente el mismo que tendría que actuar. El que no actuará.

La licencia: un movimiento político disfrazado de convicción republicana Sinaloa: la gobernanza criminal como arquitectura del Estado

Lo más revelador del anuncio del primero de mayo no fue la decisión de solicitar la licencia, sino la justificación con la que se envolvió. El mandatario acusado declaró que su separación temporal busca facilitar el proceso judicial sin afectar al movimiento político al que pertenece. Ahí está la confesión involuntaria: no es un acto de rendición de cuentas ante la justicia; es un gesto de protección corporativa hacia el partido. La república queda en segundo plano. El movimiento, primero. El pueblo sinaloense, que lleva veinte meses viviendo una guerra civil entre facciones del crimen organizado, no aparece en esa ecuación ni de manera decorativa. Vale recordar que apenas 48 horas antes de solicitar la licencia, el mismo funcionario había descartado categóricamente separarse del cargo, invocando su formación jurídica como garantía de que enfrentaría el proceso. Lo que cambió en ese lapso no fue la evidencia jurídica en su contra. Lo que cambió fue la temperatura política y, significativamente, la decisión de la calificadora S&P de colocar a Sinaloa en revisión negativa, advirtiendo posibles dificultades para conseguir financiamiento bancario. Los mercados lograron en horas lo que la conciencia institucional no había podido en días. La licencia no es un acto republicano: es la respuesta de un sistema acorralado por sus propias contradicciones. El escenario sinaloense es incomprensible si se le analiza como una desviación o un accidente. Lo que los hechos describen es una arquitectura de gobernanza criminal construida durante décadas, en la que el Estado formal y el crimen organizado no son adversarios sino socios con roles complementarios. Desde mediados de 2024, la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha evolucionado hasta atacar directamente al Poder Legislativo y a funcionarios municipales, con más de 90 homicidios solo en enero de 2026, aproximadamente tres asesinatos por día. Las pérdidas económicas relacionadas con la inseguridad ascendieron a más de 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos en sectores como la agricultura, el comercio, la hotelería y la gastronomía. La confrontación interna entre facciones del cártel ha roto las pocas reglas no escritas que durante décadas gobernaron las disputas criminales, llevando la violencia a niveles sin precedentes, con ataques directos a civiles, desapariciones masivas y crematorios clandestinos en zonas habitacionales de Culiacán. Ninguna licencia administrativa detiene eso. Ningún comunicado patriotero reconstruye la institucionalidad de un estado donde el vicefiscal de la entidad, acusado formalmente, recibía presuntamente once mil dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos. Eso no es corrupción periférica. Eso es el Estado operando como franquicia del crimen.

El fantasma de Veracruz y el preámbulo del escape

La historia política reciente de México ofrece una plantilla que este país debería conocer de memoria y que, sin embargo, parece haber olvidado por completo. El exgobernador de Veracruz solicitó licencia al Congreso local alegando que lo hacía para enfrentar las acusaciones en su contra, y pocos días después desapareció de la vida pública. Fue localizado y detenido meses más tarde en Guatemala. El guion que hoy se repite en el noroeste tiene el mismo perfil estructural: un gobernador acusado formalmente por un tribunal extranjero, una fiscalía nacional que construye muros procesales en lugar de investigar, un partido que prioriza su imagen sobre la rendición de cuentas, y una puerta trasera que permanece, silenciosamente, desbloqueada. La pregunta urgente no es si los acusados son culpables o inocentes: eso, en teoría, lo resolverán los tribunales. La pregunta que México debe hacerse hoy es si sus instituciones tienen la voluntad real —no la declaración de voluntad, sino el acto concreto— de garantizar que el proceso no quede trunco, que los acusados no desaparezcan en el intervalo entre la licencia y la orden de aprehensión, y que el Artículo 11 de un tratado firmado hace 48 años sea finalmente respetado por quienes tienen la obligación constitucional de hacerlo cumplir. La respuesta, a la luz del comportamiento de la Fiscalía, de la Cancillería y de la Presidencia, obliga a un escepticismo severo, documentado y profundamente preocupante. Lo que México necesita no son licencias simbólicas que administren el escándalo con parsimonia electoral. Necesita una Fiscalía autónoma en los hechos, que aplique los tratados sin cortafuegos políticos, que entienda que la soberanía no se defiende protegiendo a los acusados: se defiende con instituciones que funcionen sin importar el color del partido en el poder. Hasta que eso ocurra, la licencia no será un acto republicano. Será el primer capítulo, perfectamente ensayado, de una impunidad administrada con eficiencia y celebrada en silencio. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Más allá del INE. Crimen organizado e integridad electoral en tres ejes

Jean Paul Huber Olea y Contró — Mon, 04 May 2026 12:04:54 GMT

Eje I

La designación de los consejeros del INE En el debate público reciente, la designación de nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de cuestionamientos por su origen y trayectoria. Se ha instalado, con cierta ligereza, la idea de que el árbitro electoral podría estar comprometido —o incluso capturado— por el bloque político que los postuló. Ese diagnóstico parte de una premisa discutible: que la procedencia de los consejeros determina su actuación. La experiencia institucional mexicana sugiere lo contrario. Durante la transición democrática, figuras como José Woldenberg, Santiago Creel, Juan Molinar Horcasitas y Alonso Lujambio —con trayectorias políticas definidas— contribuyeron a consolidar un sistema electoral confiable. La clave no estuvo en su origen, sino en su comportamiento institucional.

Eje II Eje III

Bajo esta lógica, conviene también matizar las críticas que sugieren que la integración del Consejo General puede, por sí misma, alterar los resultados electorales. El diseño del sistema mexicano distribuye funciones y controles: los votos son recibidos y contados por ciudadanos, existen mecanismos de fiscalización y vías de impugnación. Pensar que un órgano colegiado puede manipular por sí solo una elección nacional desconoce esa arquitectura institucional. La confianza en el árbitro no debe ser ingenua. Pero tampoco puede ser tan reflexivamente destructiva que impida reconocer cuando las instituciones funcionan. Dar un margen razonable de confianza al INE es el punto de partida; exigirle rendición de cuentas permanente, el complemento indispensable. Integridad electoral e ingeniería del voto La integridad electoral no se agota en la integración del Consejo General ni en la corrección técnica de los procesos. Va más allá: implica que la voluntad del elector se forme y se exprese libre de cualquier tipo de presión indebida. Esa distinción —entre corrección formal y libertad sustantiva— es la que con mayor frecuencia se pierde en el debate público. Una elección puede cumplir con todos los estándares formales —instalación de casillas, conteo transparente, mecanismos de impugnación— y, aun así, estar sustantivamente comprometida. El riesgo no siempre reside en la manipulación del resultado, sino en la distorsión previa de la decisión del votante. A eso se le llama ingeniería electoral: la capacidad de moldear preferencias y conductas antes de que el ciudadano llegue a la urna. Los instrumentos de esa ingeniería son múltiples. Van desde el uso clientelar de programas sociales, compra de votos hasta formas más sofisticadas de condicionamiento. La frontera entre persuasión legítima y coacción encubierta es, con frecuencia, deliberadamente difusa. Existen contextos donde la competencia política se desarrolla en lo que la literatura académica denomina "zona gris": espacios de interacción entre autoridades, actores políticos y organizaciones ilícitas, donde la contienda puede verse alterada sin necesidad de modificar las reglas formales. Esos entornos, donde la intimidación, amenaza o el simple control territorial inciden de manera determinante en la conducta del electorado sin dejar rastro documental. El reto ante el crimen organizado: el caso Sinaloa El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que la organización criminal habría contribuido a su llegada al poder en la elección de junio de 2021 —a través de operadores vinculados a la facción de Los Chapitos— y que, en contraprestación, el mandatario habría otorgado protección institucional a sus operaciones. Rocha Moya rechazó las imputaciones, sin embargo, dos días después solicitó licencia al cargo la cual fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado. La contradicción entre el rechazo y la salida anticipada habla por sí sola.

El caso Sinaloa no es un fenómeno aislado; es la expresión más visible de un problema estructural. La presencia del crimen organizado en procesos electorales no opera únicamente a través de la coerción directa. Se articula también mediante la captura de estructuras partidistas locales, el financiamiento ilícito de campañas, el control del territorio como instrumento de movilización y la amenaza como sustituto de la persuasión. Todo ello ocurre, en gran medida, fuera del perímetro de fiscalización electoral. Esto obliga a replantear el enfoque. La garantía de que un proceso electoral se desarrolle libre de presiones criminales no es, en sentido estricto, una función exclusivamente electoral: es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Se trata de un problema de seguridad pública, de control territorial y, en última instancia, de vigencia efectiva del Estado de derecho. El INE puede organizar una elección técnicamente impecable; no puede sustituir al Estado en la garantía de condiciones mínimas de libertad política. En esa tensión entre forma y sustancia se juega el futuro de la democracia mexicana. Sin integridad en el entorno, la corrección del procedimiento resulta insuficiente. Y sin un Estado capaz de contener esa zona gris, cualquier sistema electoral enfrenta límites evidentes. El desafío real no es únicamente preservar la calidad técnica de las elecciones, sino garantizar que ningún actor —legal o ilegal— sustituya la voluntad ciudadana. La integridad electoral exige una mirada más amplia: fortalecer al árbitro, sí, pero sobre todo cerrar los espacios donde la intimidación, el financiamiento ilícito o el control territorial pueden incidir en la decisión del votante. Exigir que el Estado garantice condiciones reales de libertad para el voto no es una demanda extraordinaria: es el presupuesto mínimo de cualquier democracia que aspire a serlo en serio. ____ Nota del editor: Jean Paul Huber Olea y Contró es Licenciado en Derecho por la UNAM y catedrático por oposición de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la misma universidad, y Maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Anáhuac. Es consultor político con más de 30 años de experiencia en materia electoral. Es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP), miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos (IAPC) y actualmente es Notario Público, Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano desde 2020. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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#ColumnaInvitada | Cambiar la fecha de la elección judicial. Una condición para su legitimidad

Xiuh Tenorio, Marcos Perafán y Benjamin Hill — Mon, 04 May 2026 12:03:45 GMT

La elección judicial de 2025 hizo posible que por primera vez la ciudadanía eligiera a jueces, magistrados y ministros. La promesa de la reforma que permitió la eleccion judicial fue acercar la justicia al pueblo y dotar al Poder Judicial de legitimidad democrática.

Sin embargo, el diseño del proceso electoral y su calendario terminaron jugando en contra de esa promesa. Hoy, resulta necesario abrir el debate sobre cambiar la fecha de la elección judicial para que no coincida con las elecciones constitucionales . Como se argumenta en el documento Análisis de la Elección Judicial 2025, publicado por el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, los tiempos establecidos en los artículos transitorios “obligaron a que diversas autoridades (…) llevaran a cabo acciones inmediatas para su correcta instrumentación”. México organizó una de las elecciones más complejas de su historia bajo presión de tiempo y con reglas construidas sobre la marcha. Esto tuvo consecuencias: improvisación normativa, falta de pedagogía pública sobre lo que se iba a votar y una sobrecarga operativa para el INE y los órganos electorales locales. Fue un proceso impecable en organización electoral, pero políticamente débil y con legitimidad cuestionable. La evidencia más clara de esa debilidad fue la baja participación, de apenas el 13%. Como se señala en el libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México , el proceso se caracterizó por “plazos muy reducidos y reglas restrictivas que asfixiaron la competencia”. Una elección que no se entiende, que no se comunica y que ocurre en medio de otros procesos políticos que en conjunto generan saturación informativa, difícilmente puede convocar a la ciudadanía. La elección judicial coincidió no solo con otro tipo de elecciones; también con una reforma estructural del Poder Judicial y una ciudadanía que apenas comenzaba a comprender el nuevo modelo. El calendario no dio margen para permitir una pedagogía cívica suficiente, campañas informativas efectivas y debate público sustantivo. El diseño comprimió estas etapas y trasladó la contienda a espacios como las redes sociales, que reprodujeron publicidad vacía, sin contexto ni profundidad.

¿Qué implicaría cambiar la fecha?

Las propuestas de la ministra Yasmín Esquivel en la presentación del libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México apuntan en la dirección correcta. Entre los once ajustes planteados por la ministra destaca la necesidad de revisar el diseño del proceso, incluyendo sus tiempos y organización. Modificar la fecha de la elección judicial permitiría separarla de otros procesos, ampliar los tiempos de preparación institucional, y garantizar campañas más visibles. Normativamente, cualquier modificación a las fechas de la elección judicial debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso, que ocurrirá en la primera semana de septiembre de este año. Si no se reforma la Constitución con celeridad para desfasar los calendarios, el plazo legal vencerá y el Estado estará obligado a realizar la elección judicial simultáneamente con las constitucionales. La reforma judicial buscaba fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, pero la legitimidad no se decreta ni se vota, se construye. El Análisis del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial lo plantea con claridad: el objetivo de un ajuste a la elección judicial es “ofrecer insumos para una eventual adecuación normativa que permita una mayor eficacia y participación ciudadana”. Cambiar la fecha de la elección es, precisamente, uno de esos insumos. La pregunta ahora no es si la elección judicial debe mantenerse o abandonarse, sino cómo mejorarla para que funcione. Una elección bien diseñada -con tiempos adecuados, información suficiente y condiciones de competencia reales- puede convertirse en un verdadero instrumento de democratización.

____ Nota del editor: Xiuh Tenorio, Marcos Perafán y Benjamin Hill son Director General y Coordinadores Académicos del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.

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#ColumnaInvitada | Multas y hasta la cancelación de la candidatura, el costo real de una mala asesoría

Rodrigo Escobar Garduño — Mon, 04 May 2026 12:02:13 GMT

Hay derrotas que no las provoca el rival, sino aquellos que se supone deberían proteger tus aspiraciones. En política electoral, el autosabotaje no solo existe, es más común de lo que uno podría pensar. Y lo peor —lo verdaderamente desconcertante— es que suele ocurrir en los aspectos más elementales, en esos donde no hay margen alguno para la improvisación.

El artículo que no admite interpretaciones

El caso de Coahuila es un ejemplo de manual. El INE acaba de resolver —en sesión celebrada el 27 de abril de 2026— la revisión de los informes de gastos de precampaña en el proceso electoral del estado. Esto ocurre de manera casi automática proceso tras proceso. Lo extraordinario es que, a pesar de la experiencia acumulada, varias candidaturas —del PRI y de Morena— fueron sancionadas, no por una estrategia fallida en territorio, sino por algo mucho más elemental: no haber reportado correctamente sus gastos de precampaña. “Las sanciones van desde multas económicas hasta la cancelación del registro: la diferencia, si se presentó el informe o no”. La explicación que circula entre los afectados es, por decir lo menos, preocupante. Desde el PRI se les comunicó que no era necesario rendir informes porque no hubo un proceso interno formal —utilizaron la figura de “procesos de postulación” internos para argumentar la inexistencia de precampañas—. Bajo esa lógica, no habría precampaña que reportar. El problema es que esto no se trata de percepciones ni de cómo el partido decida nombrar sus actividades internas. Se trata de hechos verificables. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE detectó justamente eso: actos de proselitismo realizados por los precandidatos, incluyendo actividades en redes sociales no reportadas. Actividades que encuadran en la definición legal de precampaña, independientemente del nombre que el partido les haya dado. El artículo 229, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece un régimen graduado de sanciones: cuando existe un informe presentado —aunque sea incompleto o con hallazgos no reportados—, el Consejo General opta por multas económicas. La cancelación del registro, la sanción más grave, se reserva para los casos donde se acredita que el precandidato realizó actos proselitistas y fue totalmente omiso: cero informe, cero atenuantes.

El precedente que nadie quiere recordar Morena y el PRI: dos estrategias, dos resultados La paradoja del autosabotaje

En 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio como candidatos a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero. La razón fue exactamente la misma: realizaron actos de precampaña y omitieron presentar el informe correspondiente. No hubo atenuantes. No hubo segunda oportunidad. El precedente es claro. La regla también. Por eso, lo que ocurrió en Coahuila el 28 de abril no es un vacío jurídico ni un criterio novedoso: es la repetición de un error conocido, cometido en un tema donde el margen de error es cero. A diferencia del proceso de 2021 —donde hubo un gran número de candidaturas canceladas, algunas de ellas de cargos importantes como los de gobernador—, en la revisión del caso de Coahuila esto no sucedió. Pero eso no significa que todo estuvo bien. Morena resultó ser el partido con más proyectos de resolución por omisión: la UTF propuso sanciones severas en los Distritos 1, 5 y 10 del estado por falta de veracidad en los informes presentados por las precandidaturas. La acusación central: información que no cuadra con lo que el monitoreo en redes sociales detectó. El PRI, en cambio, operó bajo la figura de “procesos de postulación” internos para sostener que no existieron precampañas formales. La estrategia funcionó como escudo parcial: evitó cancelaciones, pero no multas. La UTF encontró hallazgos no reportados —principalmente en redes sociales— y el Consejo General los sancionó con sanciones pecuniarias. Eludir la forma no elimina el fondo. Lo paradójico del asunto es esto: en un entorno donde las campañas se vuelven cada vez más complejas, donde se invierten recursos considerables en estrategia, comunicación y movilización, candidaturas enteras pueden ser sancionadas —o eliminadas— por no cumplir con una de las obligaciones más elementales del sistema electoral mexicano. Y lo que distingue a los multados de los que pierden el registro es tan sencillo como haber entregado cualquier informe.

En un entorno competitivo, no hacerle el trabajo al adversario debería ser la regla mínima. Aquí, lamentablemente, alguien lo olvidó. Perder así no es mala suerte. Es falta de control y, sobre todo, una mala asesoría. _____ Nota del editor: Rodrigo Escobar Garduño es abogado especialista en justicia electoral y socio de la consultora @argumentalab Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Sheinbaum. Cuando la realidad supera a la retórica

Antonio Ocaranza Fernández — Mon, 04 May 2026 12:01:10 GMT

La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar una verdad incómoda: buena parte de la retórica que ha sostenido a la Cuarta Transformación choca hoy con los límites materiales del país. En los últimos meses se acumulan los casos en los que su gobierno ha debido matizar —o de plano revertir— banderas que fueron emblema del lopezobradorismo: el rechazo al fracking, la exportación de petróleo a Cuba, la supuesta superioridad en materia de honestidad y la lucha frontal contra la corrupción.

Las limitaciones que enfrenta el gobierno de la presidenta Sheinbaum provienen de tres fuentes muy concretas: el débil desempeño económico, las limitaciones del propio aparato gubernamental y la presión constante de Estados Unidos. 1. La ideología restringe el crecimiento. La economía mexicana ha tenido un arranque de año decepcionante y, para empeorar el panorama, la situación en Medio Oriente ha obligado al gobierno a sacrificar ingresos para sostener subsidios a los combustibles y a reconsiderar opciones antes descartadas, como el uso de métodos no convencionales para explotar yacimientos de gas natural y resolver la dependencia histórica que México tiene del gas de Texas. Que el gobierno de la Cuarta Transformación no haya buscado alternativas para atender esta vulnerabilidad estructural solo se explica por el dogmatismo lopezobradorista con respecto al fracking. 2. Un gobierno que tropieza con la verdad. Para un movimiento que hizo de la honestidad su principal bandera, algunos episodios recientes han sido particularmente costosos. El derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció una reacción defensiva y poco transparente: lo que inicialmente se calificó como “emanaciones naturales” terminó siendo un desastre atribuible a Pemex, conocido por funcionarios de la empresa desde el inicio y ocultado a su Director General y a la Presidenta de México. Algo similar ocurrió con el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas: la descalificación automática del diagnóstico proyectó a un gobierno más preocupado por controlar la narrativa que por enfrentar el problema. Lo mismo parece ocurrir con la defensa a ultranza de la inocencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En estos casos, la reacción oficial terminó pareciéndose demasiado a la de administraciones panistas y priistas de las que los gobiernos de Morena ofrecieron distanciarse. 3. Los límites de la soberanía. El discurso soberanista ha sido una constante en la narrativa de la presidenta Sheinbaum, pero sus márgenes de acción son evidentes. Frente a episodios como la participación de agencias estadounidenses en el operativo antinarco en Chihuahua o la solicitud de extradición de Rocha Moya y de otros nueve funcionarios de Sinaloa, el tono se endurece en público, pero se modera en los hechos. La relación con Estados Unidos impone una prudencia que contrasta con la retórica. Incluso en espacios internacionales afines ideológicamente, como en la reciente Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, a la que acudió la presidenta, el activismo mexicano se contiene para evitar tensiones mayores con Washington. La soberanía, más que una política, parece convertirse en un recurso discursivo de consumo interno.

La presidenta Sheinbaum enfrenta márgenes de maniobra cada vez más acotados: una economía que no despega y un vecino del norte que, semana tras semana, le recuerda la asimetría real de la relación. Encara así una disyuntiva central: ajustar el discurso a la realidad o seguir intentando forzar la realidad al discurso. Ambas rutas implican un alto costo político en credibilidad, dentro de la Cuarta Transformación y frente a la sociedad mexicana. Pero, a diferencia del discurso, la realidad no se negocia. _____ Nota del editor: Antonio Ocaranza Fernández es CEO de OCA Reputación. Síguelo en X como @aocaranza y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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Rumbo al T-MEC, agroexportaciones de aguacate y berries quedan bajo lupa por certificación laboral y deforestación

Brenda Yañez — Mon, 04 May 2026 11:30:39 GMT

México es una potencia agroexportadora de aguacates y berries (fresas, zarzamoras y frambuesas), pero ese crecimiento convive con una base laboral frágil , pues autoridades federales estiman que hasta el 87% de las personas trabajadoras del campo están en la informalidad. En los campos mexicanos, los jornaleros laboran sin contrato, sin seguridad social y, en muchos casos, sin protección frente a riesgos y a esto, se suma una presión creciente sobre los ecosistemas, pues la expansión de cultivos de exportación esta asociada también a la deforestación, sobreexplotación de agua y cambios de uso de suelo. Ante este panorama y en la antesala de la revisión del T-MEC que se llevará a cabo en julio, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheimbaum que cambia las reglas de la agroexportación.

En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, fueron promulgados por la presidenta, diversos cambios legislativos que incorporan mecanismos de verificación laboral y ambiental en la producción agrícola destinada a exportación por lo que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir un Certificado Laboral para la Agroexportación, que acredite el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad socia l a lo largo de la cadena productiva. Su objetivo es que el comercio agroalimentario se desarrolle "bajo estándares verificables de cumplimiento laboral y libre de deforestación” , alineando la política comercial con compromisos internacionales como el propio T-MEC, cuyos capítulos laboral y ambiental, obligan a garantizar derechos laborales y protección de los recursos naturales. El viernes pasado también fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior. La Secretaría del Trabajo ya trabaja sobre dichas disposiciones y se prevé que la construcción dos meses esté lista Velagro , la plataforma digital mediante la cual se emitirán estos certificados. La plataforma y el certificado comenzarán a operar bajo un programa piloto con las empresas agroexportadoras de aguacate, el cual tendrá una duración de 12 meses, para favorecer el diálogo constante y acompañamiento a la industria en el desarrollo de esta nueva certificación. Posteriormente, se realizará, de manera paulatina, la incorporación de otros productos en los cuales México destaca como potencia agroexportadora. Cada producto sujeto a regulación no arancelaría contará con su respectiva normativa y un programa piloto para acompañar al sector productivo en el cumplimiento. El compromiso de las autoridades es que su emisión será mediante plataforma, sin tramites presenciales y sin costo para las empresas y sujetos obligados.

Deforestación, agua y expansión agrícola De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la agroindustria mexicana ascendió en el segundo trimestre de 2025 a 3.27 billones de pesos corrientes, lo que representa el 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Dentro de este sector, el aguacate y los frutos rojos —fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos— se han consolidado como productos estratégicos. El aguacate, por sí solo, genera exportaciones superiores a los 3,500 millones de dólares anuales, con Estados Unidos como destino de más del 80% del volumen. A esto se suma el crecimiento sostenido de las berries , cuya producción supera el millón de toneladas anuales, concentrada principalmente en Michoacán, Jalisco y Baja California y cuyo mercado principal de exportación es Estados Unidos, pero también a países de Medio Oriente, Sudeste Asiático y de la Comunidad Europea.

Los cultivos de berries consumen hasta siete veces más agua que el aguacate, lo que afecta la disponibilidad de agua para uso humano e incluso para el cultivo de alimentos”.

“Si queremos trabajar en la formalidad, tenemos que trabajar en que tengas beneficio, no solo costos”.

Si bien la derrama económica es trascendental, cabe resaltar que sus impactos ambientales también lo son y es que conforme a datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, cerca del 22% de la pérdida de ecosistemas forestales entre 2001 y 2024 se debe a la conversión de terrenos a uso agrícola , equivalente a más de 44,000 hectáreas deforestadas por año. A ello se suma el alto consumo de recursos. De acuerdo con autoridades ambientales, un árbol de aguacate puede consumir el equivalente hídrico de 14 pinos, lo que agrava la presión sobre el agua en regiones productoras. En este contexto, la trazabilidad ambiental y laboral es no solo un requisito normativo, sino también comercial. Un análisis elaborado por especialistas del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM también reveló recientemente que la superficie de cultivo aumentó 20 veces entre 1974 y 2024, al pasar de 13,045 hectáreas a 266,109 en ese lapso, lo que ha causado deforestación de bosque.

Capacidad operativa y costos Desde el sector empresarial, las preocupaciones se han centrado en la implementación y los costos de la certificación. Jorge Esteve , presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) , advirtió previo a la aprobación del dictamen, que el volumen de productores que deberán certificarse es considerable: “vas a tener una cantidad muy grande de productores mexicanos que se van a tener que certificar para poder exportar”. Esto, explicó, implicará no solo procesos administrativos, sino también capacitación, adecuación de prácticas productivas y cumplimiento de auditorías. En particular, Esteve señaló que los esquemas de certificación incluyen verificaciones mediante herramientas como imágenes satelitales para comprobar la no deforestación, lo que puede dejar fuera a productores con antecedentes de cambio de uso de suelo, incluso si actualmente cumplen con la normativa. En tanto, Luis Fernando Haro , director general del CNA, coincidió en que existe una “preocupación real con el sector” ante la falta de claridad en los protocolos y la capacidad institucional para operar el sistema de certificación. “No vaya a ser un tema de una barrera… no va a haber capacidad del gobierno para atenderlos”, advirtió. En temporadas altas, explicó, miles de cargamentos cruzan diariamente las fronteras, lo que dijo, también se tienen dudas sobre la viabilidad de exigir certificaciones sin generar cuellos de botella logísticos. Otro de los puntos críticos, apuntaron, es la complejidad de la cadena productiva . A diferencia de otros sectores, en la agroexportación intervienen múltiples actores: productores, intermediarios, empacadores y exportadores. Haro subrayó que la responsabilidad de cumplimiento no está claramente delimitada, lo que complica la implementación. “En muchos casos, el exportador no es el productor directo, lo que obliga a certificar a todos los eslabones del proceso”, dijo. A ello se suma un problema estructural en materia de seguridad social, pues los productores señalaron que el sistema presenta deficiencias que desincentiva el cumplimiento. El presidente del CNA señaló que, en muchos casos, las empresas cumplen con las contribuciones, pero los trabajadores no reciben servicios adecuados debido a la falta de infraestructura médica o insumos. Incluso, advirtió que esto genera un doble costo para los empleadores: por un lado, el pago obligatorio al sistema de seguridad social, y por otro, el gasto directo para atender necesidades de salud de sus trabajadores ante la insuficiencia de los servicios públicos.

Todo esto va a ayudar a mejorar la imagen del aguacate mexicano en mercados internacionales, cumpliendo los criterios del T-MEC. Estamos financiando y subsidiando con la pérdida de nuestro medio ambiente, ecosistemas y de la salud humana, de los trabajadores y de las familias de trabajadores agrícolas, el éxito del aguacate".

Frente a este escenario, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) firmaron apenas en abril un convenio con la industria aguacatera para frenar la deforestación , que incluye: -Detener cambios ilegales de uso de suelo. -Implementar prácticas sustentables. -Establecer esquemas de compensación ambiental. No obstante, especialistas advierten que estas medidas son insuficientes para revertir los problemas estructurales causados por la agroindustria. Josefina Cendejas Guízar, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró en entrevista que el impulso a la certificación responde principalmente a presiones externas y que no buscan resolver los daños socioambientales , sino mejorar la imagen del aguacate mexicano en mercados internacionales, sin atender la evidencia científica existente. Desde su perspectiva, el diseño actual de los instrumentos regulatorios privilegia la lógica de cumplimiento para exportación —es decir, mantener acceso a mercados— por encima de la atención de impactos acumulados en territorio. En ese sentido, advirtió que la certificación corre el riesgo de convertirse en un mecanismo reputacional más que en una herramienta efectiva de regulación. Además, expuso, la certificación presenta limitaciones estructurales, pues dijo que al ser voluntaria, no es vinculante y, por lo tanto, no implica sanciones ni una vigilancia activa realmente por parte del gobierno. La especialista explicó que esto implica que los productores que incumplen pueden mantenerse fuera del esquema sin consecuencias inmediatas, mientras que aquellos que sí cumplen asumen costos adicionales sin que exista necesariamente un piso parejo en el mercado. La investigadora consideró que hay también una ausencia de instrumentos robustos de reparación ambiental, además, aunque los nuevos acuerdos contemplan compensaciones, apuntó no existe un sistema claro y obligatorio para restaurar los daños ya ocasionados por el cambio de uso de suelo. En tanto que tampoco se establecen límites explícitos a la expansión de la frontera agrícola, lo que deja intacto uno de los motores principales de la deforestación. Este crecimiento, insistió la investigadora, no ha sido homogéneo ni ordenado, sino que alertó también está asociado a procesos de cambio ilegal de uso de suelo, presión sobre fuentes de agua y conflictos en comunidades rurales, como ella misma lo ha constatado en sus investigaciones en el campo de Michoacán. Advirtió también que los impactos no son únicamente ambientales, pues la expansión agroindustrial también ha modificado dinámicas sociales y económicas locales, generando procesos de concentración de tierras, desplazamiento de actividades tradicionales y, en algunos casos, condiciones de violencia vinculadas al control de territorios productivos. Desde esta perspectiva, resaltó, la certificación resulta insuficiente si no se acompaña de políticas de ordenamiento territorial, vigilancia efectiva y fortalecimiento institucional.

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Ariadna Montiel: la arquitecta del billón de pesos que toma las riendas en Morena

Yared de la Rosa y Lidia Arista — Mon, 04 May 2026 05:59:39 GMT

Ariadna Montiel asume este domingo el desafío más complejo de su trayectoria: tomar el control de Morena de cara al proceso electoral de 2027, decisivo para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidar el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. No llega sola, con ella va la fortaleza y el respaldo de controlar y repartir el presupuesto público más cuantioso del país: más de 1 billón de pesos en programas sociales que llegan a más de 32.8 millones de personas y son el sello de las administraciones morenistas. Cuando sea votada esta mañana por el Congreso Nacional Extraordinario del partido, la política tendrá que echar mano de su orden y eficacia para disciplinar la estructura del partido-movimiento y llevarlo a buen puerto frente a los comicios en las que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 2,000 cargos locales.

Arquitecta electoral Ariadna Montiel ha sido una operadora electoral muy importante, fue clave en ligar los programas sociales a la operación electoral de Morena en las elecciones de 2024 y que con esa experiencia y teniendo a la mano todo el padrón de beneficiarios, va a ser la operadora en jefe de Morena en las próximas elecciones”.

A sus 51 años, Montiel es una arquitecta eficaz , pero su logro no está en el diseño y planificación de edificios que estudió en la UNAM, sino en la operación territorial electoral, que aprendió desde joven al lado del profesor René Bejarano, cuando recorría colonias enteras de la Ciudad de México para promover y defender el voto del entonces PRD. “Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los Programas de Bienestar permanentemente”, dijo la presidenta el 23 de abril de 2025, ante la queja de algunos diputados federales sobre el manejo del padrón de beneficiarios de los programas sociales. Lo anterior, porque desde la secretaría de Estado, Montiel controlaba la entrega de programas sociales —que este 2026 alcanzan más de 1 billón de pesos—, el padrón de beneficiarios y el manejo de 30,000 servidores de la Nación, quienes con chaleco caqui (antes guinda como el color de Morena) recorren el país para empadronar a nuevos beneficiarios, entregar apoyos, hacer brigadas o censos ante desastres naturales. “Montiel fue clave para ligar los programas sociales y toda la estructura de servidores de la Nación a la operación electoral de Morena en 2024. Es un cuadro muy hábil para la operación electoral”, resalta Jacques Coste, internacionalista y analista político. Los programas sociales han sido un éxito y sello de los gobiernos morenistas, en la actualidad son 18 los que está vigentes y, en su mayoría, llegan en transferencias directas a los beneficiarios. La importancia de ellos se nota en el presupuesto federal, pues mientras en el 2019 se ejercieron poco más 290,000 millones de pesos para programas sociales, para este 2026 el presupuesto aumentó a un billón de pesos.

Conocidas en "la lucha" Sheinbaum y Montiel son viejas conocidas. Ambas coincidieron en las movilizaciones que realizaba Andrés Manuel López Obrador como político opositor protegiendo a “la descubierta” y también en la Ciudad de México, una como jefa delegacional de Tlalpan y la otra como diputada a la Asamblea Legislativa. La militante de la causa lopezobradorista comenzó su carrera política en el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1999, en donde tuvo como mentor a René Bejarano, quien como coordinador de los diputados locales perredistas protagonizó en 2004 el episodio de los "videoescándalos", tras verse recibendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada.

Desde la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) en el PRD, Montiel, con 28 años, comenzó a adquirir experiencia en la operación territorial y en la conformación de alianzas políticas. Fue titular de las secretarías de Finanzas y de Relaciones Políticas y Alianzas del PRD en el entonces, Distrito Federal. Antes de tener un cargo público, Montiel participó en el movimiento estudiantil en la UNAM. En 2006 fue electa como senadora suplente de María Rojo y poco después fue nombrada por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como titular de la dirección de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). En su paso por el PRD, Montiel conoció a Andrés Manuel López Obrador, quien era la figura principal de este partido al llevarlo como su candidato presidencial en dos ocasiones: en 2006 y en 2012.

La relación de Ariadna Montiel con López Obrador se fortaleció al participar en la logística del plantón de 2006, donde el político y sus aliados bloquearon avenida Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México por 48 días para denunciar el presunto "fraude electoral" contra panista Felipe Calderón, quién terminó arriba con un margen de apenas 0.58%. En su libro “El rey del cash” (Grijalbo), la escritora Elena Chávez recuerda a Ariadna Montiel como la persona que cuidaba la entrada a las casas de campaña . La propia presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que compartió con Montiel momentos en las movilizaciones. “Hace 10 años, cuando había movilizaciones que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco, porque la gente venía a saludar y para evitar que hubiera… se ponía una cuerda; ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda protegiendo a los que eran 'la descubierta' —que se llamaba entonces— de las movilizaciones”, dijo aquel día que la defendió de las críticas de los diputados. Cuando López Obrador llegó a la Presidencia, Montiel recibió su primer cargo en un gabinete federal. Fue nombrada como subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México de diciembre de 2018 a enero de 2022 cuando la titularidad la ocuparon Javier May y luego Luisa María Albores. En el cuarto año del sexenio de López Obrador, Montiel fue nombrada la encargada de la Secretaría de Bienestar, l a dependencia con mayor presupuesto y mayor importancia política y social al manejar los programas sociales del gobierno federal para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Su ascenso se dio meses después de que en las elecciones de 2021, Morena perdiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y alcadías clave en la Ciudad de México. El entonces coordinador General de Programas para el Desarrollo de la presidencia de la República, Gabriel Hernández, dejó el cargo. Desde ese cargo también sumó a atender emergencias por fenómenos naturales como los huracanes "Otis" y "Jonh" tras los cuales el gobierno federal levantó un censo y distribuyó apoyos. Aunque Montiel es considerada un cuadro formada en el obradorismo, hoy también ya es un personaje de confianza de la presidenta. “Es alguien cercana al obradorismo, pero también es cercana a la actual presidenta lo que hace puente entre los obradoristas y los claudistas para tener el control del partido”, dice Mario Ramírez, analista político.

La crítica debe estar ahí, porque es poco creíble que (en Morena) no vayan a usar (el padrón de beneficiarios), porque algo que preocupa es qué tanto están regulados (los padrones) por entes independientes al partido”.

Alerta en la oposición La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena ya preocupa a la oposición. En el Senado algunos legisladores advirtieron vigilarán que la exsecretaria del Bienestar no utilice los programas sociales con fines electorales. La analista política Azucena Rojas describe a Montiel como un personaje “discreto” y de “trayectoria política tradicional”, pero señala que por haber manejado los programas sociales y los millones de beneficiarios de éstos durante los gobiernos de la 4T, la llevaron a la presidencia de Morena. Además, cuestiona si esta información a la que tuvo acceso será utilizada en el partido oficialista. Menciona que al no existir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como órgano de control, es difícil tener confianza de que no serán utilizados los padrones de beneficiarios. “Las dudas son legítimas, y ahí si el partido de Morena no quiere abonar a esta sensación de que estamos regresando al pasado, a un pasado no democrático, deben transparentar en dónde está el padrón y garantizarnos que no se va a utilizar con fines partidistas”, enfatiza. Ariadna Montiel hará mancuerna con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, para que el partido concrete acuerdos con los aliados para mantenerse juntos rumbo a 2027, para que la definición de candidaturas sea lo más tersa y para que Morena coseche triunfos en las próximas elecciones, al menos en las que le preocupan a la presidenta: la Cámara de Diputados.

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Chilangos votan por proyectos en consulta del Presupuesto Participativo 2026

Shelma Navarrete — Mon, 04 May 2026 00:33:12 GMT

Con 22,853 proyectos para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027 , así como 18,769 candidaturas de ciudadanas para las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), este domingo se realiza la consulta para que las y los habitantes de la Ciudad de México elijan tanto los proyectos que transformarán sus colonias como a las y los vecinos que los representarán.

Las personas emitieron su opinión en alguna de las 2,396 mesas receptoras que estuvieron abiertas hasta las 17:00 horas de este domingo, a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). La presidenta del IECM, Patricia Avendaño, señaló que esperan una participación similar a la de años anteriores. En 2025 la participación fue de apenas el 4.04% de la lista nominal e históricamente la participación no supera el 10%. “Estamos esperando una participación similar a la que hemos tenido en otros ejercicios, pero siendo también muy objetiva es cierto que en el Presupuesto Participativo en México y otras latitudes es muy similar el nivel de participación. “Esto muchas veces va vinculado con las necesidades de las colonias donde las personas ven al Presupuesto Participativo como una herramienta para solventar alguna necesidad o alguna carencia, entonces de eso depende mucho la participación”, dijo la presidenta del IECM ante medios de comunicación.

En esta ocasión, influirá el hecho de que la votación se realiza en un fin de semana de puente por el Día del Trabajo, por lo que Avendaño consideró que, para las consultas posteriores, una solución será fomentar el voto anticipado vía internet. “Es bien cierto que algunas fechas no son las más propicias, como esta fecha en donde se juntaron dos fechas conmemorativas, en donde las personas tienen asueto y es una buena alternativa (el voto digital) para que quien no pueda acudir a la mesa de votación lo haga previamente”, afirmó.

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“Candidatos deben tener trayectoria impecable”, advierte Montiel al asumir presidencia de Morena

Yared de la Rosa — Sun, 03 May 2026 22:00:48 GMT

Luego de las recientes acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve políticos más por presunto narcotráfico, la presidenta de Morena , Ariadna Montiel , sostuvo que quienes busquen ser candidatos en las elecciones de 2027 deberán tener una “trayectoria impecable”. "Un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027: deben tener una trayectoria impecable ", advirtió en su primer mensaje como presidenta.

“En Morena los corruptos no tienen cabida”, agregó, mientras que, las más de 1,800 personas que asistieron al VIII Congreso Nacional Extraordinario y que la avalaron por mayoría para tomar las riendas del partido, respondieron con aplausos y gritos de “¡presidenta, presidenta!”. Montiel aseguró que bajo su liderazgo no se tolerará la corrupción y afirmó que, si se tiene certeza de que algún contendiente ha incurrido en un acto de corrupción, se le retirará de la contienda . “La definición (de las candidaturas) es a través de las encuestas. No es la búsqueda de la fama, del poder por el poder. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”, dijo. Reiteró que durante su dirigencia no se tolerará la corrupción en ningún gobierno morenista y exigió que, si alguien detecta estos actos en la administración pública, se debe hacer “a un lado”. “Es momento de hacer examen de conciencia y, si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas. Recordemos de dónde venimos. Los recursos del pueblo son del pueblo”, declaró. En medio de gritos de “¡Rocha, Rocha!” de no más de 10 personas, la presidenta de Morena solo aludió el tema al señalar que su partido está al lado de la “justicia y la honestidad”, pero rechazaba “la hipocresía” de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a “la injerencia” de otros países. Durante el Congreso, Óscar del Cueto García también tomó protesta como secretario de Finanzas de Morena. Del Cueto, quien fue titular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional en Bienestar junto a Ariadna Montiel, asumió el cargo con el respaldo del partido.

Morena respalda licencia a Rocha Moya Durazo llama a la unidad Licencia a Rocha Moya

A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, esta mañana –horas antes del Congreso– Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo” y resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas. A través de un mensaje en sus redes sociales, el partido expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia. Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura. En este contexto, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, pidió unidad y exigió “cuidar” al partido. “Hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto; vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste. Frente a ello, hay que cuidar a Morena. No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio y del pueblo un tapete”, señaló. Durazo destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad del partido y aseguró que entre ellos no caben los adversarios. “Esos (los adversarios) están afuera, están en quienes alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas; están en los analistas que presentan cualquier incidente del gobierno como una crisis apocalíptica; están en quienes intentan debilitarnos denostando a nuestro movimiento”, señaló. Acompañado de 1,830 consejeros de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, Alfonso Durazo pidió a los miembros del Congreso “cerrar filas” en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que el mundo vive un momento de tensiones, presiones e intentos de potencias de imponer su “voluntad sobre pueblos libres”. Entre gritos de “¡No estás sola, presidenta!”, comentó que la mandataria federal tiene que encabezar el país en medio de un escenario internacional “confuso y desafiante”, pero ha respondido con firmeza. “Frente a presiones externas, mayor unidad. Frente a las voces que quieren sembrar dudas, mejor organización. Y frente a cualquier intento de división, mayor unidad”, agregó. El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo. Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina . Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.

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Morena elige a Ariadna Montiel como la nueva presidenta del partido

Expansión Política — Sun, 03 May 2026 18:39:50 GMT

Tras la salida de Luisa María Alcalde, Morena eligió a Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta del partido . Durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario , que se realizó este domingo en el World Trade Center Ciudad de México (WTC), los 1,828 congresistas nacionales que asistieron votaron a favor de que la exsecretaría del Bienestar tome las riendas del partido y de que Óscar del Cueto asuma la secretaría de Finanzas . La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena se da mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta unos de los momentos más tensos en su relación con Estados Unidos, pues la administración de Donald Trump acusó a Rubén Rocha Moya, exgobernador morenista de Sinaloa, y a nueve políticos más de presuntos vínculos con el narcotráfico. El partido se mantuvo hermético sobre este tema, hasta que la mañana de este domingo publicaron un mensaje en redes sociales para respaldar la licencia que el Congreso de Sinaloa otorgó al mandatario estatal , pues aseveró que en el partido no hay “amiguismo”.

"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación. En este contexto, Montiel asume la presidencia y en su primer mensaje afirmó que no tolerará la corrupción en el partido, incluso dijo que es momento de hacer una examen de conciencia: “Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena” . Además, lanzó una advertencia a quienes buscan una candidatura rumbo a las elecciones de 2027 : “Deben tener una trayectoria impecable ”. En este sentido, adelantó que los coordinadores de la “cuarta transformación” serán elegidos mediante el voto del pueblo. "Agradezco profundamente esta oportunidad de servir al movimiento de transformación que hemos construido. Este es un momento histórico que debemos demostrar de lo que estamos hechos. (...) Asumo esta responsabilidad con plena conciencia que aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que realmente importa es el bienestar del partido y que Morena nació en una política de defensa del pueblo", comentó. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó que la nueva dirigencia fue designada de manera unánime . Al Congreso Nacional de Morena asistieron personajes como Adán Augusto López , el secretario de Educación, Mario Delgado, y los gobernadores Mara Lezama, Margarita González Saravia y Américo Villarreal. Asimismo, estuvieron presentes Citlalli Hernández , quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, y Andy López Beltrán , secretario de Organización. La ceremonia inició con un mensaje de Durazo, quien hizo un llamado a la unidad rumbo al proceso electoral de 2027.

Ariadna Montiel asume el desafío más complejo de su trayectoria: tomar el control de Morena de cara al proceso electoral de 2027, decisivo para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidar el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. La militante de la causa lopezobradorista comenzó su carrera política en el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1999, en donde tuvo como mentor a René Bejarano. Desde la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) en el PRD, Montiel, con 28 años, comenzó a adquirir experiencia en la operación territorial y en la conformación de alianzas políticas. Fue titular de las secretarías de Finanzas y de Relaciones Políticas y Alianzas del PRD en el entonces, Distrito Federal. Antes de tener un cargo público, Montiel participó en el movimiento estudiantil en la UNAM. En 2006 fue electa como senadora suplente de María Rojo y poco después fue nombrada por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como titular de la dirección de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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Morena sobre licencia a Rocha Moya: la justicia no es selectiva y nadie está por encima de la ley

Expansión Política — Sun, 03 May 2026 17:14:25 GMT

A días de que Rubén Rocha Moya fuera acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico , Morena destacó que en el partido no hay “amiguismo” y resaltó que la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa es una prueba de ese principio, pues se busca que el caso sea investigado sin interferencias externas . A través de un mensaje en sus redes sociales, Morena expresó su respaldo a la decisión de Rocha Moya de solicitar la licencia . Afirmó que el objetivo es permitir que "las instituciones soberanas resuelvan sin injerencias", además de que este paso demuestra su compromiso con la justicia y la legalidad y deja claro que no existe impunidad ni favoritismos en su estructura.

"En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia", indicó el partido en su publicación. La postura de Morena se enmarca en un momento de tensión política. Las acusaciones de presuntos nexos entre Rocha Moya y otros políticos con el Cártel de Sinaloa ha generado una crisis dentro del partido. Morena enfatizó que la solicitud de licencia no debe considerarse una evasión de responsabilidades; explicó que la decisión del gobernador busca dar paso a una investigación sin presiones ni obstáculos. Este domingo, en medio de la controversia, se realiza el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena en el World Trade Center. En dicho evento se discutirá, entre otros temas, la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia nacional , luego de la salida de Luisa María Alcalde. Hasta el momento Montiel no ha realizado ninguna declaración respecto al caso de Rocha Moya.

El viernes pasado, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el gobernador pidió al Congreso licencia al cargo. Este sábado 2 de mayo, el Congreso del estado le concedió la licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina . Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó por su parte que ya investiga a Rocha Moya y a los otros políticos.

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Fuero constitucional, la patente de corso del siglo XXI mexicano

Alberto Guerrero Baena — Sun, 03 May 2026 13:01:56 GMT

El Estado que protege a quien lo traiciona

Hay momentos en la historia de un país donde la omisión es tan elocuente como la acción. México atraviesa uno de esos momentos ahora mismo. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, junto a nueve funcionarios de su administración. Los cargos son devastadores: conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína y heroína, posesión ilícita de armas, crimen organizado y protección institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y garantías electorales.

La arquitectura del pretexto jurídico

La respuesta del gobierno mexicano fue, en términos técnicos, predecible; en términos morales, inaceptable. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que solo procederá "si existen pruebas contundentes" y advirtió que si no las hay, el objetivo de Estados Unidos "es político". La Fiscalía General de la República señaló que la documentación recibida "no se acompaña de elementos probatorios contundentes". Y el partido gobernante cerró filas. Bienvenidos al manual de la impunidad con subtítulos constitucionales. Conviene ser precisos para no ser injustos: el marco legal mexicano es complejo. El fuero constitucional que protege a Rocha Moya existe, el procedimiento de desafuero existe, y el Tratado de Extradición de 1978 establece que México debe evaluar las pruebas bajo sus propios estándares. Todo eso es cierto. Lo que también es cierto es que esa arquitectura jurídica, legítima en su diseño original, está siendo instrumentalizada en este caso no como garantía del debido proceso, sino como muralla para proteger a un aliado político. Seamos directos: el Departamento de Justicia estadounidense no presenta acusaciones formales ante un tribunal federal sin haber superado múltiples filtros internos, revisiones del fiscal y la aprobación de un juez. Sus investigaciones, sustentadas en testimonios de testigos protegidos, inteligencia de la DEA y el FBI, y rastreo financiero, no son ocurrencias periodísticas. Descalificarlas sin haberlas analizado no es soberanía. Es conveniencia disfrazada de principio.

Un partido por encima de un país El costo real: más allá del escándalo

Aquí está el núcleo del problema y hay que nombrarlo sin eufemismos: lo que está ocurriendo es la defensa de un político y de un movimiento por encima del interés nacional. Rocha Moya es miembro de Morena, el mismo partido de la presidenta. Y mientras el aparato gubernamental toma distancia cuidadosa, los ciudadanos de Sinaloa siguen viviendo bajo una de las crisis de violencia más agudas del país, con desplazamientos forzados masivos, homicidios sin respuesta institucional y territorios donde el orden jurídico del Estado ha sido sustituido por la gobernanza del cártel. Esto no es retórica. Es geografía criminal. Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y vastas franjas de Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato operan bajo una lógica donde el crimen organizado provee servicios, cobra impuestos, regula mercados y dicta conductas. Eso tiene nombre en la ciencia política: gobernanza criminal paralela. Y cuando un gobernador es señalado de ser parte de esa estructura, la pregunta no es si hay suficientes pruebas para el estándar mexicano. La pregunta es por qué el Estado mexicano parece más incómodo con la acusación que con la realidad que describe. Las consecuencias de esta parálisis calculada no son solo morales. Son materiales y geopolíticas. La renegociación del T-MEC enfrenta ya presiones significativas desde Washington. Estados Unidos ha ampliado sus exigencias en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos como condición tácita para el entorno comercial. Un México que no actúa ante la acusación de un gobernador vinculado al mayor cártel del mundo no es solo un país con problemas de seguridad: es un socio comercial con déficit de credibilidad institucional. Las inversiones, los acuerdos, las certezas que requiere cualquier tratado de libre comercio, se construyen sobre la confianza en el Estado de derecho. Y esa confianza hoy está en terapia intensiva. Adicionalmente, el silencio cómplice manda un mensaje brutal a los 130 millones de mexicanos que no militan en ningún partido: que las leyes tienen diferentes velocidades según el carnet político del acusado. Que el fuero no es garantía procesal sino blindaje de élites. Que la soberanía nacional es un argumento que se invoca selectivamente, con precisión quirúrgica, cuando lo que está en juego es un gobernador propio.

Lo que la ley exige y la política evade

El camino jurídico es claro aunque incómodo: la FGR debe valorar las pruebas de Estados Unidos, solicitar el desafuero ante la Cámara de Senadores si hay elementos suficientes, y el Congreso de Sinaloa debe ratificarlo. Movimiento Ciudadano ya presentó esa solicitud. El periodo ordinario de sesiones concluyó y nadie ha convocado al extraordinario. El reloj corre. Los 60 días del Artículo 11 del Tratado avanzan. Y cada día de inacción es, jurídicamente, un paso hacia la violación de un compromiso internacional vinculante firmado hace casi cinco décadas. Un país que se niega a procesar a un gobernador acusado de proteger el tráfico de fentanilo que mata estadounidenses —y también mexicanos— no está ejerciendo soberanía. Está ejerciendo complicidad con vocabulario constitucional. La diferencia importa. Y la historia, que no milita en ningún partido, tomará nota. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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La CDMX alista operativo con más de 2,500 elementos de seguridad por partido América vs Pumas

Brenda Yañez — Sun, 03 May 2026 01:43:17 GMT

La Ciudad de México implementará un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con motivo del partido entre América y Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, a celebrarse este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte. El operativo contempla el despliegue de más de 1,556 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes realizarán labores de prevención, control de tránsito y orientación a asistentes.

A este estado de fuerza se suman 1,000 efectivos de la Policía Auxiliar, encargados principalmente de resguardar accesos y apoyar en la verificación de boletos digitales, cuyo uso se recomienda agilizar descargándolos previamente. Como parte de la estrategia operativa, se desplegarán también 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del ERUM, cuatro grúas y un autobús, además de recursos tecnológicos como dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de supervisión y disuasión En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se informó que se habilitará servicios especiales de transporte público a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Estas rutas conectarán puntos estratégicos como Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco, Plaza Carso y el Centro Histórico con el CETRAM Huipulco y zonas cercanas al estadio. El servicio operará de 13:00 a 21:00 horas con una tarifa de 22.50 pesos. Adicionalmente, se mantendrá operación del sistema ECOBICI en estaciones cercanas y se habilitarán siete rutas peatonales seguras para facilitar el acceso al estadio desde puntos como Santa Úrsula, Periférico, Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa. Estas rutas estarán señalizadas y contarán con presencia policial.

El operativo también incluye un esquema denominado “Última Milla”, que delimitará un perímetro de seguridad en las inmediaciones del estadio. En esta zona, el acceso será exclusivo para peatones con boleto o residentes acreditados, mientras que la circulación vehicular estará restringida a habitantes y personas con acceso autorizado, como palcohabientes. En materia vial, la SSC también implementará cortes y desvíos en arterias principales como Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico y Acoxpa, por lo que se recomienda a la ciudadanía utilizar alternativas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur y avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás. Además, para quienes se trasladen en taxi o aplicaciones, se habilitarán bahías de ascenso y descenso en puntos estratégicos como Viaducto Tlalpan y Acoxpa, así como en Periférico y Renato Leduc. Además, se dispondrá de mil unidades de taxi para atender la demanda.

Las autoridades también informaron sobre la habilitación de estacionamientos remotos en sitios como Auditorio Nacional, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco y San Jerónimo, desde donde se podrá acceder al estadio mediante transporte público o rutas especiales. Se recordó a los asistentes que está prohibido ingresar con objetos como armas, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, así como objetos que puedan representar un riesgo o incitar a la violencia. Estas medidas buscan garantizar un ambiente seguro y familiar durante el encuentro deportivo. El operativo refleja la coordinación interinstitucional entre autoridades de seguridad y movilidad para atender eventos de alta concentración, con énfasis en la prevención de incidentes y la eficiencia en los traslados de miles de aficionados. Este encuentro deportivo se realiza en la antesala del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que lo convierte en un evento relevante dentro de la preparación operativa de la ciudad para competencias de alta afluencia internacional. El partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte está programado para el 11 de junio. Ese encuentro marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y será especialmente relevante porque el estadio capitalino se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).

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Rubén Rocha Moya queda sin inmunidad procesal y podría ser detenido

Carina García — Sun, 03 May 2026 01:18:00 GMT

Con la licencia concedida a Rubén Rocha Moya para separarse de forma indefinida del cargo de gobernador de Sinaloa, éste perdió la inmunidad procesal penal por lo que podría ser sujeto a proceso. Ante la duda respecto a si Rocha aún cuenta con fuero dado que su licencia es temporal y no definitiva, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, precisó que la inmunidad es inherente al cargo por lo que al dejarlo, se pierde esa protección.

“Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’”, publicó Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia en sus redes sociales. “ El ‘fuero’ protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, escribió el exjuzgador. Recordó que el ´fuero´ en realidad significa una inmunidad procesal para evitar que cierta categoría de servidores públicos sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que les retire esa protección, y así lo establece el artículo 111 de la Constitución. El viernes, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el entonces gobernador pidió al Congreso licencia al cargo. Este sábado 02 de mayo el Congreso del estado concedió licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina hasta en tanto Rocha Moya no decida regresar al cargo. Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades, pero las mexicanas , pues este mismo viernes la Fiscalía General de la República (PGR) dio a conocer que investigará los señalamientos contra los políticos vinculados a Morena.

Se aferra al fuero

También la noche del viernes solicitó licencia al cargo de presidente municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, también señalado por las autoridades estadunidenses, como Rocha, de vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa. El cabildo municipal designó a Ana Miriam Ramos como presidenta municipal provisional de la capital del estado. En el caso de Gámez este no tenía fuero . En una parte de los estados del país los alcaldes tienen fuero y en otros no, pues eso depende de la Constitución de cada entidad y sólo aplica para delitos comunes y dentro del estado, pero no para delitos federales. En contraste, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Insunza Cázerez , también señalado por autoridades de Estados Unidos presuntas actividades criminales, rechazó solicitar licencia.

Así, con el fuero constitucional de que goza al ser senador, ofreció enfrentar las investigaciones : “refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”. Insunza había guardado silencio desde el miércoles en que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, dieron a conocer las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico Antes de ser senador, Insunza fue secretario general de gobierno, con Rocha Moya y estuvo precedido por una larga carrera judicial, incluso fue durante once años magistrado presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del estado.

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¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, la nueva gobernadora interina de Sinaloa?

Carina García — Sat, 02 May 2026 21:42:28 GMT

La ahora gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla ha sido dos veces diputada local y es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo debido a un desliz del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, se hizo conocida a raíz de que éste evidenció que llegó a legisladora gracias a la “tómbola“ de Morena, pues antes de eso era una “meserita”, según dijo.

Apenas en abril de 2025 en un evento de colocación de la primera piedra de uno de los márgenes del Malecón de Culiacán, Rocha destacó la trayectoria de los presentes, entre ellos Bonilla, entonces diputada del PVEM y presidenta de la mesa directiva del Congreso local . “Espero que no te enojes pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine? Ya es la segunda vez que es diputada . Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿Eras o no? . Ahí trabajaba, nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada”. “Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad ”, dijo en referencia a que el 25 de agosto de 2023, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, al cargo de titular de Seguridad Pública del Estado, designó a Bonilla como encargada de despacho. Después Rocha se disculpó en redes sociales de haberse referido de esa forma a la entonces legisladora; y medio año después la propuso y designó como la secretaria general de gobierno del estado. Bonilla Valverde ha sido dos veces diputada local. La primera por Morena fue en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y estuvo en el cargo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del 2021. Llegó al cargo cuando Morena arrasó en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y su candidatura por ese partido y por la vía plurinominal fue posible porque éstas se eligieron por tómbola. Tras esa legislatura fue Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública , desde noviembre de 2021. En 2023 ocupó de forma temporal, de agosto al seis de septiembre, el cargo de encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, al cargo de titular. Aunque Rocha ordenó esa designación, quien le tomó protesta fue el ahora exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, hoy senador por Morena y uno de los acusados por Estados Unidos, como Rocha, de presuntos nexos criminales. Luego fue diputada por segunda vez en 2024 por el PVEM pero en octubre de 2025 pidió licencia como presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, tras ser designada secretaria general de gobierno de Sinaloa. Hoy es gobernadora interina de Sinaloa, una de las entidades más violentas del país, y que desde hace 18 meses vive una crisis de seguridad, derivada de los enfrentamientos en el Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y la facción asociada a Ismael "El Mayo" Zambada. Esta disputa surgió tras la entrega y captura de "El Mayo" en Estados Unidos, a manos de Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, quien al tiempo de entregar a su exsocio se entregó a las autoridades estadounidenses.

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Amenaza de bomba en avión de Viva Aerobus en el AICM activa operativo; no hallan explosivos

Expansión — Sat, 02 May 2026 21:19:20 GMT

Una alerta por posible amenaza de bomba movilizó este sábado a los cuerpos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la aerolínea Viva Aerobus reportara un incidente relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM. El aviso involucró los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida, cuando la aeronave se encontraba estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

Tras el reporte, personal de seguridad aeroportuaria (AVSEC) y elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria activaron los protocolos correspondientes. En coordinación con la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se desplegó al equipo especializado de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) para realizar una inspección exhaustiva. Las autoridades llevaron a cabo la revisión tanto de la aeronave como del equipaje conforme a los procedimientos establecidos, sin que se encontraran indicios de la presencia de algún artefacto explosivo. Tras la inspección, se descartó la amenaza, aunque el incidente generó una movilización preventiva y posibles afectaciones operativas en la terminal aérea.

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Sheinbaum reconfigura su gabinete con perfiles "cercanos" y para afianzar el proyecto de la 4T

Lidia Arista — Sat, 02 May 2026 20:00:15 GMT

A 18 meses de iniciado su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum aceleró cambios en su Gabinete legal y ampliado, lo que permitió que perfiles "cercanos" y técnicos se unieran a su equipo, al tiempo que reforzó a Morena para garantizar la continuidad del proyecto de Gobierno de la Cuarta Transformación. Los enroques le costaron la pérdida de figuras destacas como Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar o Citlalli Hernández de la recién creada Secretaría de las Mujeres, con quienes retomaría el control de Morena y así afianzar triunfos en las elecciones de 2027 y mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para asegurar tanto la aprobación del presupuesto como las iniciativas que envíe.

La presidenta está siendo muy estratégica, los cuadros que están llegando muestran más lealtad hacia ella”.

En total, a este 2 de mayo, la presidenta Sheinbaum ha realizado cinco movimientos en Secretarías de Estado y ocho en el gabinete ampliado. Su ritmo es más lento, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador que concluyó su gobierno con más de 50 movimientos en su equipo por renuncias, enroques y salidas en busca de candidaturas. Angélica López, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, considera que los cambios han permitido a la mandataria federal incorporar a perfiles no solo más cercanos a ella, también con formación más técnica que política. “La presidenta está llevando a cabo una reconfiguración con perfiles que son más técnicos y especializados, pero efectivamente perfiles que son cercanos a ella”, dice. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegó Édgar Amador, quien fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera , entre 2012 y 2018, y en el arranque de su gobierno, Sheinbaum lo incorporó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ). En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Roberto Velasco . El joven de 38 años tiene experiencia en la relación con Estados Unidos en particular en el comercio, migración y defensa de los mexicanos en suelo estadounidense. Su nombramiento permitirá hacer mancuerna entre Economía y Relaciones Exteriores en tiempos de revisión del Tratado de Libre Comercio. Esos perfiles se suman a otros cercanos a la presidenta como Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública; Jesús Antonio Esteva Medina en la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes estuvieron con ella cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX. Mientras que este viernes 1 de mayo, se sumó la más reciente salida luego de que Julio Berdegué dejó la Secretaría de Agricultura y en su lugar llegó Columba Jazmín López Gutiérrez , quien se convierte en la primera mujer en dirigir la política agrícola mexicana del país, con lo que suman 13 cambios en el gobierno de Sheinbaum . Aunque se ha acelerado el ritmo de los cambios en el gabinete de la presidenta, no son todos los que se prevén. La definición de candidaturas en Morena puede propiciar más cambios en el gobierno federal. La propia presidenta ha llamado a que quienes estén interesados en participar en el proceso electoral presenten su renuncia al cargo. “Quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar, porque lo que no queremos es que esté trabajando en el gobierno y esté haciendo campaña”, dijo el pasado 16 de abril en La Mañanera del Pueblo.

Enroques para proteger el proyecto de gobierno Nueve días antes de asumir como presidenta de México, el 22 de septiembre de 2024, Sheinbaum pidió licencia para separarse de su vida partidista en Morena; sin embargo con los cambios de su gabinete para reforzar al partido retoma el control de manera indirecta. El profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, Juan Pablo Navarrete, explica que los reacomodos mandan un mensaje claro: controlar al partido desde el gobierno. “Pasa más de carácter simbólico a una operación de controlar nuevamente el partido como lo había sido durante muchas décadas en la era del PRI. El presidente de la República es el máximo dirigente del partido… el control de las candidaturas, el control de los recursos del propio partido, de las carteras al interior del partido, nuevamente van a pasar por la Presidencia de la República”, sostuvo en el podcast "Política y Otros Datos". Además señalan que es un golpe de timón en el partido para intentar evitar derrotas que sean costosas para su gobierno. “Básicamente se busca poner orden. Es parte del ejercicio del poder, está tratando de hacerse los espacios en el partido, donde la dirigencia no ha dado buenos resultados y seguramente ya han echado números viendo el malestar que hay de la ciudadanía con los gobiernos morenistas, por lo que hay un riesgo de que pierdan el control sobre todo de la Cámara baja”, plantea el analista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mario Ramírez. Entre los elementos que provocaron focos rojos en la Presidencia de la República están los resultados de Morena en la elección de 2025 en Veracruz y Durango . En esos comicios perdieron casi un millón de votos y 15 alcaldías que gobernaban en territorio veracruzano, mientras que en el norte del país, Morena y sus aliados solo consiguieron 16 municipios de los 39 que estaban en juego; mientras, el PRI y el PAN alcanzaron 20. Pero no fue todo. La dirigencia a cargo de Luisa María Alcalde y en la que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, ocupa la Secretaría de Organización, tuvo problemas para amarrar las alianzas con PT y Verde, tanto electoral como a nivel legislativo, donde la prueba más evidente fue el freno a la propuesta electoral de Sheinbaum. El ejemplo fue en las elecciones de 2021, donde Morena sufrió una derrota que le llevó a perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y complicó el proyecto de gobierno de López Obrador. La falta de votos complicó que reformas clave para su gestión se concretaran, entre ellas, la eléctrica, y la electoral. Mario Ramírez explica que la Cámara de Diputados es lo que preocupa a Morena porque si pierde votos, se compromete el proyecto. “Tanto a Citlalli como a Ariadna las propone la presidenta para que redoblen esfuerzos para evitar perder espacios porque finalmente lo que más importa para la presidenta es el control del Congreso. Mantener el control del Congreso y de las legislaturas locales garantiza la aprobación de sus reformas constitucionales que estén en puerta”, indica.

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En medio de tensiones comerciales y una crisis por el gusanado barrenador, así fue la salida de Berdegué de Agricultura

Brenda Yañez — Sat, 02 May 2026 18:57:16 GMT

La tarde de este viernes, Julio Berdegué Sacristán dio a conocer a través de X, su salida de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para ser ahora responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México y desde esta posición, trabajar, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC. En su lugar, fue designada Columba Jazmín López Gutiérrez , quien desde marzo de 2025 se venía desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar y que ahora se convierte en la primera mujer en encabezar la política agrícola del país.

La experiencia internacional de Berdegué Sacristán —que incluye su paso por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)— lo posiciona como una pieza técnica en un contexto de crecientes presiones comerciales. Su salida se da además en medio de una crisis fitosanitaria relevante: la reaparición y propagación del gusano barrenador, una plaga que amenaza la sanidad del ganado y ha frenado las exportaciones pecuarias. Este brote ha encendido alertas tanto en autoridades nacionales como en socios comerciales, especialmente Estados Unidos, que desde mayo de 2025 anunció la suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino y bisonte desde México, debido a nuevos brotes de gusano barrenador detectados en Oaxaca y Veracruz. Esta medida ha impactado severamente al sector ganadero del norte del país, que tan solo por Sonora y Chihuahua movilizaba más de 5,700 cabezas de ganado al día. El relevo en la Secretaría de Agricultura coincide también con la firma de un nuevo acuerdo para la certificación de agroexportaciones, anunciado este viernes 1 de mayo por la presidenta Sheinbaum. Este instrumento busca homologar estándares sanitarios y agilizar procesos de inspección para productos mexicanos destinados al extranjero, en un intento por blindar el flujo comercial ante posibles disputas en el marco del T-MEC. Además, productores de granos en México enfrentan también un escenario adverso ante el desplome de los precios internacionales del maíz, trigo, soya y pasta de soya.

Columba Jazmín López Gutiérrez asume ahora el cargo con un perfil técnico y territorial. Es ingeniera agrónoma por la UAM Xochimilco, agroecóloga con más de tres décadas de experiencia y maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ha ocupado cargos clave en la política social y rural. Hasta marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar, y previamente coordinó programas estratégicos dentro de la propia SADER. En X, López Gutiérrez agradeció la confianza para estar al frente de la SADER, en tanto que reconoció que "el campo mexicano enfrenta grandes retos, pero también vive una nueva etapa de transformación".

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El Congreso de Sinaloa designa a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado

Carina García — Sat, 02 May 2026 17:53:00 GMT

El Congreso del estado de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien este viernes solicitó licencia para ser investigado por presuntos nexos criminales, como fue acusado por Estados Unidos. Luego de que el Congreso aprobó por unanimidad la solicitud de licencia temporal de Rocha Moya, Bonilla Valverde rindió protesta tras ser electa por el pleno del Congreso con mayoría calificada de 33 votos a favor, tres en contra, dos abstenciones; dos diputados no ejercieron su voto.

La gobernadora Bonilla emitió un primer mensaje en el que defendió a Rocha Moya a quien mandó un mensaje: “ Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será”. “Asumo el cargo de gobernadora interina para nuestro estado, con la convicción de poder servirles con humildad y con responsabilidad. Tengo claro que ante los desafíos que se nos presentan el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”, expuso. Rocha, ahora gobernador con licencia, se separó del cargo el viernes “con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”. Esto porque el pasado miércoles el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, desclasificaron la acusación contra Rocha y un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. El gobierno mexicano demandó a las autoridades estadounidenses pruebas de sus acusaciones y por su lado la Fiscalía General de la República anunció que investigará los señalamientos. Así, tras la solicitud de licencia de Rocha, este sábado el Congreso del estado sesionó para aprobar por unanimidad la solicitud de licencia de Rocha Moya por tiempo indefinido y para elegir gobernadora interina. Dado que la ausencia no es por 30 días, en cuyo caso procedería que asumiera en el cargo la persona titular de la secretaria de Gobierno, en calidad de encargada de despacho, se propuso a Bonilla pero como gobernadora interina. La propuesta fue aprobada debido a la experiencia y trayectoria de Bonilla, “además de distinguidos méritos para ser designada como gobernadora” según el dictamen avalado este sábado por el pleno .

En la discusión las diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Ivette Garate Valenzuela, del Revolucionario Institucional (PRI), criticaron que la designación del interinato haya recaído en el mismo equipo político de Rocha, lo que dará continuidad a la crisis que vive el estado. Moreno dijo que dado más de 18 meses de violencia en Sinaloa esta “no es la decisión que este momento exige. No se trata de una valoración personal, se trata de que se requiere independencia …lo menos que se necesita es una señal de autonomía. Moreno abundó: “ nombrar a alguien del mismo equipo no resuelve crisis, la profundiza ”. Gárate Valenzuela recordó “nos llamaron adversarios, politiqueros pero las amas de casa, comerciantes, lo sabían. Los ciudadanos lo sabían, no se necesitaba que un tribunal extranjero nos lo dijera , los sinaloenses lo sabíamos”.

Dijo que el gobierno no debe ser “ una extensión de este mismo grupo político” y sostuvo que esta licencia a Rocha “no resuelve la crisis, apenas la confirma”. “No a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario. Lo que la sociedad exige es que no se vayan unos días sino que se investigue a fondo”. Por Morena la diputada María Teresa Guerra Ochoa dijo que Rocha tiene “estatura política y responsabilidad” al haber pedido licencia pero demandó “no tomar como verdad absoluta” acusaciones contra el gobernador con licencia . El gobierno de Estados Unidos “no puede ser referente legal ni referente moral en un tema sobre delincuencia organizada”. Juana Minerva Vázquez González, de Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación advirtió que “la ciudadanía no espera ruido ni confrontación. La ciudadanía espera conducción certeza y responsabilidad”. Pidió a los sinaloenses “cerrar filas para buscar verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”.

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Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 2 de mayo

Expansión Digital — Sat, 02 May 2026 15:09:54 GMT

Si tienes planes para aprovechar este sábado 2 de mayo , ya sea para salir de paseo, ir de compras o visitar a la familia, revisa primero si tu placa no tiene restricciones por el Hoy No Circula , o podría costarte 2,346.20 pesos como multa mínima en la Ciudad de México o el Estado de México .

¿Qué autos que no circulan el 2 de mayo? Por ser el primer sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera: - Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non ( 1, 3, 5, 7 y 9 ). -Vehículos con holograma 2 , sin importar el número final de la placa. - Placas foráneas , sin importar holograma ni terminación. Estos autos tendrán restricción de las 05:00 a 22:00 horas. Autos que sí salen sin restricciones Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación: -Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8) . -Vehículos con holograma 00 y 0 , que suelen ser más nuevos y con menores emisiones. - Autos eléctricos e híbridos , exentos para incentivar tecnologías limpias. ¿Dónde aplica el Hoy No Circula? El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México : -Atizapán de Zaragoza -Coacalco -Cuautitlán -Cuautitlán Izcalli -Chalco -Chimalhuacán -Chicoloapan -Ecatepec -Huixquilucan -Ixtapaluca -La Paz -Naucalpan -Nezahualcóyotl -Nicolás Romero -Tecámac -Tlalnepantla -Tultitlán -Valle de Chalco Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex también lo aplica en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco. Multas por incumplir el Hoy No Circula En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera: Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado. Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino? El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente ( Sedema ) de la Ciudad de México, para reducir la contaminación que producen los vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los sábados por vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa: Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos. Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

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México retoma la producción de vacunas de la mano de Pfizer y con tecnología "never frozen"

Dulce Soto — Sat, 02 May 2026 13:00:41 GMT

SAO PAULO, Brasil.- México avanza hacia uno de los objetivos del Plan México en materia de salud: fortalecer la industria farmacéutica nacional y retomar la producción local de vacunas. Este 2026, gracias a un convenio entre Pfizer y el gobierno federal , comenzará con la fabricación de dosis contra covid-19, pero actualizadas con una nueva tecnología llamada “never frozen” . Se trata de vacunas ARN mensajero que no necesitarán ultracongelación y que, por lo tanto, podrán distribuirse con mayor facilidad a zonas remotas, de difícil acceso o sin infraestructura para refrigeración.

El proyecto se alinea con recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ), que sugiere a las naciones impulsar su producción local de vacunas para alcanzar la autosuficiencia sanitaria, refirió Rodrigo Sini, director senior de Asuntos Médicos para Mercados Emergentes en Pfizer. “La inversión en inmunización no solo salva vidas, también impulsa el bienestar social y económico de los países”, aseguró en el Encuentro de Periodismo en Salud "El Poder de la Vacunación" . A decir de Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública , esta decisión de la administración de Claudia Sheinbaum traerá beneficios, sobre todo porque el acceso a vacunas sigue siendo un reto a nivel global. “A pesar de que la demanda de vacunas ha disminuido, todavía hay comunidades que no tienen acceso , o sea, todas las vacunas que se necesitan en el momento en que se necesitan”, explicó.

Adiós a la ultracongelación La dosis anticovid de ARN mensajero revolucionó la vacunación. Aunque esta tecnología se estudiaba desde hace seis décadas, fue en 2020 cuando se probó por primera vez para la producción de biológicos y resultó un éxito. Permitió crear dosis en un año, algo nunca antes visto. También dispuso la flexibilidad necesaria para actualizar las dosis en tiempo récord, a fin de que protejan de la variante circulante. Sin embargo, esta vacuna tenía una dificultad importante: necesitaba congelarse a una temperatura de 70 grados bajo cero . Y, una vez que se descongelaba, se debía usar en un mes máximo. Para un país como México, con poco acceso a infraestructura de cadenas de frío y con regiones de climas calurosos, aquello fue todo un reto. “En la pandemia era un desafío contar con refrigeradores”, recuerda Rodrigo Sini. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, las próximas dosis funcionarán a temperaturas de entre 2 y 8 grados , el estándar para todas las vacunas.

El futuro de esta tecnología es muy prometedor

“Eso permite que llegue a más lugares del país, permite que haya una vacunación más equitativa y que haya menor desperdicio de la vacuna, porque tiene una vida útil mucho mayor que la ultracongelada”, detalla Juan Luis Morell, director general de Pfizer México. Además de comprar las dosis actualizadas, ahora el país participará en algunas etapas de su producción en la Planta Toluca de Pfizer, en el Estado de México. Con esta alianza, que garantiza a la población mexicana el acceso a las vacunas más modernas, el país se posiciona en avances farmacéuticos y en colaboración público-privada. La transferencia de tecnología ARNm, además, abre la puerta hacia el desarrollo de otras terapias, con varios estudios en marcha sobre posibles insumos para enfermedades cardiacas, cáncer o diabetes.

El camino a ser país productor “México da pasos para no ser nada más comprador de vacuna, sino tener capacidad local de producir las vacunas que necesitamos en tiempos de paz y para una emergencia o pandemia

En el contexto actual, donde se esperan otras pandemias por la constante evolución de los virus y resurgen algunas enfermedades que antes estuvieron controladas, debido a bajas coberturas de vacunación, es clave que el país pueda producir sus propias dosis. Durante el sexenio anterior, el país tardó en aprobar las vacunas de covid actualizadas. Además, la pandemia evidenció una enorme desigualdad: los países productores accedieron primero a la vacunación y después los que no fabrican. México intentó producir la vacuna Patria, su propia dosis anticovid, pero tardó años en concretarse y fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) hasta 2024. Sin embargo, su diseño quedó rezagado ante los constantes cambios del virus y las nuevas tecnologías. El convenio representa también un cambio de estrategia ante el debilitado Birmex, el laboratorio paraestatal que en la década de los 2000 llegó a producir hasta 70 millones de dosis contra la polio. Pero dejó de producir en 2019 para centrarse en la distribución de medicamentos. “No creo que Birmex tenga que regresar a ser el único productor de vacunas, pero sí puede ser el ente regulador, organizador, que ayude a tener esta plataforma nacional de producción de vacunas que tanto nos hace falta”, explica Betancourt.

La producción local de algunas etapas de la vacuna covid permitirá no solo un incremento de dosis de última generación, también contribuirá al desarrollo económico nacional, indicó previamente Eduardo Clark, subsecretario de la Secretaría de Salud. “Si lo hacemos juntos, con diálogo, se logra no solo adquirir los insumos para garantizar la salud de los mexicanos, también adquirir mayor innovación que devenga en más empleos y más bienestar”, dijo en el evento por el 75 aniversario de Pfizer en México.

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La FGR y el arte de no ver

Alberto Guerrero Baena — Sat, 02 May 2026 12:05:56 GMT

El escándalo que nos desnuda

Hay momentos en que una crisis política deja de ser un episodio coyuntural para convertirse en radiografía. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es exactamente eso: una imagen clínica, brutal y sin filtros de lo que ocurre cuando un Estado decide que la militancia pesa más que el derecho, que la lealtad política importa más que los tratados internacionales firmados con tinta y compromiso solemne. La acusación formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —cargos de crimen organizado, posesión de armas y tráfico de drogas— no llegó de la nada. Llegó con expediente, con evidencia, con nombre y apellido. Y la respuesta de México fue, en el mejor de los casos, vergonzosa.

El tratado que nadie quiere leer La FGR: fiscal de partido, no fiscal de la república

No se trata de defender la injerencia extranjera ni de aplaudir la narrativa de Washington. Se trata de algo mucho más simple y mucho más incómodo: México tiene obligaciones jurídicas firmadas que no puede ignorar cada vez que el acusado porta credencial de militante oficialista. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, suscrito en 1978 y en vigor desde 1980, establece un protocolo claro, ordenado y sin ambigüedades. Cuando una autoridad judicial extranjera formula una solicitud de captura provisional o extradición, los canales son precisos: la vía diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la intervención de la Fiscalía General de la República como autoridad central, la valoración jurídica del expediente y, en su caso, la detención provisional del reclamado mientras se resuelve el fondo del asunto. El tratado no tiene cláusula de excepción por afinidad partidista. No existe el artículo que diga "salvo que el requerido sea gobernador del partido en el gobierno". Sin embargo, lo que hemos presenciado es exactamente lo contrario al protocolo. La Cancillería mexicana respondió con indignación performativa, acusando intromisión a la soberanía nacional. La FGR optó por el silencio cómplice y la omisión deliberada. Nadie tocó las puertas que el tratado señala. Nadie procesó el expediente con la seriedad jurídica que la situación exige. En su lugar, funcionarios de alto rango construyeron una defensa ideológica de un hombre señalado de tener vínculos con estructuras criminales que llevan décadas desangrando a Sinaloa y al país. Ningún episodio de este escándalo resulta más grave —ni más revelador— que la actuación pública del vocero de la Fiscalía General de la República. Su papel, definido con precisión quirúrgica por la Constitución y por el propio Tratado de Extradición, es uno solo: recibir la solicitud formal de la autoridad requirente, analizar su contenido con rigor técnico-jurídico, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado bilateral y activar los mecanismos procesales correspondientes. Eso es todo.

La Cancillería: ventanilla con delirios de tribuna

No hay más. No hay margen para el discurso patriótico, no hay espacio para la trinchera ideológica, no existe ningún fundamento legal que autorice al vocero de la institución persecutora del Estado mexicano a salir ante los medios a defender a un gobernador acusado con el lenguaje encendido de un militante de mitin. Lo que hizo la FGR, a través de su vocería, no fue derecho. Fue propaganda. Y esa distinción no es semántica: es la diferencia entre una institución que funciona y una que ha sido capturada. Mientras el vocero argumentaba soberanía herida y agravios geopolíticos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construía su caso con la parsimonia y la metodología que caracteriza a esa oficina: sin aspavientos, sin ruido mediático, con la certeza de quien sabe que los tiempos legales le pertenecen. Nueva York no tiene prisa porque el derecho no la obliga a tenerla. Presentará sus pruebas cuando el proceso lo requiera, con la solidez que los tribunales federales estadounidenses exigen. Mientras tanto, México desperdició su única ventana de actuación institucional seria haciendo exactamente lo que no debía: política. La FGR no es el departamento jurídico del partido gobernante. No es la oficina de comunicación del Ejecutivo federal. Es, por mandato constitucional, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal y de actuar como autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional. Esa función no admite matices partidistas ni soberanismos de doble discurso. Admite una sola cosa: obediencia al marco jurídico vigente, con independencia de quién sea el imputado. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, en los procesos de extradición, un papel técnico perfectamente delimitado: es la ventanilla diplomática por la que transita formalmente la solicitud extranjera hacia la autoridad central, que es la FGR. Su función es de canal, no de juez. Es de transmisión, no de deliberación política.

La gobernanza criminal: el elefante en la habitación La salida que nadie quiere tomar

La Cancillería no tiene atribuciones para calificar el mérito jurídico de una acusación formulada por un tribunal extranjero, ni para emitir juicios de valor sobre la pertinencia política de una solicitud de extradición. Eso no está en su mandato. Nunca lo estuvo. Sin embargo, la SRE decidió abandonar su rol de operador jurídico-diplomático para convertirse en vocera de indignación nacional. Cada declaración pública de la Cancillería en este caso fue un paso fuera de su competencia legal y un paso dentro del pantano político. El resultado es predecible: México debilitó su posición negociadora, exhibió la porosidad de sus instituciones ante la presión política interna y envió a Washington un mensaje que ningún gobierno responsable debería enviar: que los tratados bilaterales se cumplen de manera selectiva. Detrás del escándalo Rocha Moya existe una pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido con honestidad: ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en los procesos electorales y en el ejercicio del poder público? La sospecha fundada de financiamiento criminal a campañas políticas no es una invención de fiscales con agenda geopolítica. Es una realidad documentada, denunciada por investigadores, periodistas y organismos internacionales durante años. La diferencia es que ahora tiene rostro institucional, un gobernador en funciones, un nombre que obliga a responder. Ignorarlo es, en sí mismo, una política pública: la del avestruz. La solución no es ideológica. Es jurídica y exige decisión institucional. La FGR debe activar los mecanismos del tratado, analizar el expediente sin condicionamientos políticos y determinar si procede la detención provisional conforme a sus artículos. La SRE debe regresar a su función de canal diplomático y dejar de emitir juicios que no le corresponden. El Poder Judicial debe garantizar independencia frente a presiones del Ejecutivo. Ninguna de estas acciones implica rendirse ante Washington. Implica cumplir con obligaciones que México asumió soberana y libremente hace más de cuatro décadas.

El caso Rocha Moya no es únicamente la historia de un gobernador acusado. Es la historia de un sistema que, cuando se ve acorralado, elige la trinchera ideológica sobre el Estado de Derecho. La ley no es optativa. Ni siquiera cuando el acusado es militante. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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El alcalde de Culiacán se separa de su cargo tras ser señalado por narcotráfico

Carlos Vargas — Sat, 02 May 2026 06:04:36 GMT

El alcalde de Culiacán , Juan de Dios Gámez Mendívil , solicitó licencia a su cargo, después de que autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el crimen organizado. En sesión extraordinaria, el Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad la licencia por 10 días. Ana Miriam Ramos Villarreal fue nombrada alcaldesa provisional de Culiacán. A Gámez Mendívil lo señalan por ser uno de los facilitadores para que 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera, traficaran droga a Estados Unidos, además de que tomaran el poder en Culiacán a partir de protección y una red de influencias.

También pide licencia Rocha Moya FGR pide información a EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo después de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras la solicitud de autoridades de Estados Unidos de detenerlo y extraditarlo. "Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana", dijo Rocha Moya. El ahora exmandatario negó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que demostrará su inocencia. "Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", dijo. "Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado", explicó. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores , la Fiscalía General de la República ( FGR ) solicitó a autoridades de Estados Unidos las pruebas y documentos que tengan en contra de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa. Raúl Jiménez Vázquez , titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la FGR, aseguró este viernes que tras recibir la solicitud para detener y extraditar a los señalados, se determinó que no hay pruebas suficientes para actuar... por el momento. El funcionario explicó que los fiscales de Estados Unidos tienen que acreditar con evidencia la urgencia para capturar a los implicados, a quienes se les acusa de haber llegado al Gobierno de Sinaloa de la mano de 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera. ''El pedimento fue examinado por el área de asuntos internacionales de la FGR y concluimos que no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional'', dijo Jiménez en conferencia de prensa. ''Advertimos que no hay pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar'', añadió. Según él, la forma en que se difundió la información sobre Rocha Moya y los otros presuntos implicados pone en riesgo el debido proceso. ''FGR enviará una comunicación al Cancillería para solicitar a la autoridad requirente todas la pruebas que sean necesarias por las vías que garanticen la confidencialidad de la información'', añadió. La Fiscalía General señaló que lleva a cabo investigaciones sobre los hechos referidos y que pudieron ocurrir dentro de territorio mexicano.

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Rubén Rocha Moya pide licencia al cargo de gobernador; FGR solicita a EU pruebas en su contra

Carlos Vargas — Sat, 02 May 2026 05:04:11 GMT

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , solicitó licencia temporal a su cargo después de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras la solicitud de autoridades de Estados Unidos de detenerlo y extraditarlo. "Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación , y lo hago desde mi profunda convicción republicana ", dijo Rocha Moya. El ahora exmandatario negó tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que demostrará su inocencia. "Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", dijo. "Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado", explicó.

FGR pide información a EU

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores , la Fiscalía General de la República ( FGR ) solicitó a autoridades de Estados Unidos las pruebas y documentos que tengan en contra de Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa. Raúl Jiménez Vázquez , titular de la Fiscalía Especializada de Cultural Competencial de la FGR, aseguró este viernes que tras recibir la solicitud para detener y extraditar a los señalados, se determinó que no hay pruebas suficientes para actuar... por el momento. El funcionario explicó que los fiscales de Estados Unidos tienen que acreditar con evidencia la urgencia para capturar a los implicados, a quienes se les acusa de haber llegado al Gobierno de Sinaloa de la mano de 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera. ''El pedimento fue examinado por el área de asuntos internacionales de la FGR y concluimos que no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional'', dijo Jiménez en conferencia de prensa. ''Advertimos que no hay pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar'', añadió. Según él, la forma en que se difundió la información sobre Rocha Moya y los otros presuntos implicados pone en riesgo el debido proceso. ''FGR enviará una comunicación al Cancillería para solicitar a la autoridad requirente todas la pruebas que sean necesarias por las vías que garanticen la confidencialidad de la información'', añadió. La Fiscalía General señaló que lleva a cabo investigaciones sobre los hechos referidos y que pudieron ocurrir dentro de territorio mexicano.

¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?

Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación. Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación. También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

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Katherine Polk, la jueza federal de EU que llevará el caso de Rubén Rocha Moya

Dulce Soto — Fri, 01 May 2026 22:00:33 GMT

El veredicto en el caso Rubén Rocha Moya quedará en las manos de Katherine Polk Failla , la jueza federal del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York . El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió también los nombres de los fiscales que estarán a cargo del caso penal contra el gobernador de Sinaloa , acusado de supuestos nexos con el narcotráfico. Se trata de Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, todos fiscales federales adjuntos a la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la fiscalía estadounidense. Ellos deberán preparar las pruebas que demuestren la culpabilidad del mandatario mexicano, emanado del partido Morena.

La jueza Polk Failla fue nominada para este cargo por el expresidente Barack Obama. Es originaria de Nueva Jersey y se doctoró en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Durante su carrera como fiscal llevó casos relacionados con terrorismo y fraude fiscal. El miércoles pasado, el Departamento de Justicia estadounidense informó de la acusación contra Rocha. La apertura formal de los cargos estuvo encabezada por Jay Clayton , fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y de Terrance C. Cole , administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ( DEA , por sus siglas en inglés). Jay Clayton es conocido porque también llevó la acusación de Nicolás Maduro , el expresidente de Venezuela señalado por la Casa Blanca de supuesto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y de liderar el Cártel de los Soles. Se le considera el “fiscal estrella” de la administración de Donald Trump por su posición para manejar las investigaciones relacionadas con los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de pederastia. Este caso señala al republicano, quien fue amigo de Epstein y aparece en fotos de varias de sus reuniones. Además de Rocha, Clayton también acusa a otros nueve exfuncionarios y políticos de Sinaloa de los probables delitos de tráfico de drogas armas y de nexos con el Cártel de Sinaloa.

“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, declaró el fiscal el miércoles. De ser extraditado a Estados Unidos y de ser hallado culpable, el gobernador de Sinaloa podría enfrentar una cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

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Sheinbaum firma acuerdo para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación

Carlos Vargas — Fri, 01 May 2026 21:47:33 GMT

En el Día Internacional del Trabajo , la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo constitucional para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales y para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación.

La mandataria afirmó que ''la primavera laboral'' llegó para quedarse, por ello, anunció también un acuerdo para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación. En el caso de la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, ''forma parte de las acciones para seguir avanzando en los derechos laborales de los mexicanos''. “Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, dijo la mandataria. También destacó las acciones de la llamada ''Cuarta Transformación'' en materia de empleo: ''El incremento salarial, la desaparición del outsourcing, la mejora en las pensiones, la justicia laboral, la democracia sindical, la implementación de la seguridad social para todos los trabajadores de plataformas, la reestructuración de más de cinco millones de créditos impagables del Infonavit y Fovissste, y elevar a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género''. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que el 1 de mayo es memoria viva de aquellos que lucharon para conquistar derechos laborales que hoy son fundamentales. También dijo que el neoliberalismo fue un modelo que dio la espalda a las personas trabajadoras de México, mientras que con los Gobiernos de la Transformación los derechos laborales se han convertido en el centro de la política pública. Anotó que con el Certificado Laboral de Agroexportación se garantiza seguridad social, condiciones dignas y salarios justos en el campo mexicano. El funcionario apuntó que también se creó el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, un espacio con todos los servicios del Gobierno de México, para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras agrícolas y sus familias.

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El fuero y la voluntad de los liderazgos morenistas dejan a Rocha Moya protegido... por ahora

Carlos Vargas — Fri, 01 May 2026 20:00:24 GMT

El gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza , ambos de Morena, tienen fuero constitucional, por lo que están protegidos ante eventuales detenciones por parte de autoridades de México, las cuales fueron solicitadas por funcionarios de Estados Unidos ante la presunta complicidad de ambos personajes -y ocho más- con el crimen organizado. Para que ambos enfrenten a la justicia, es necesaria una declaración previa de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, la cual mantiene mayoría morenista. En el caso de Rocha Moya, primero se tendría que votar su desafuero en la Cámara Baja y después se tendría mandar el caso al Congreso estatal para que se determine o no remover la protección al funcionario.

En el caso del senador morenista, una autoridad debe presentar la solicitud ante la Cámara de Diputados, donde se turna el expediente a la Comisión Instructora. Luego se vota -otra vez en manos de Morena- si se le retira el fuero. El fuero es una protección constitucional que tienen los diputados y senadores con el fin de impedir que sean detenidos o juzgados por delitos. Esta inmunidad procesal surgió para proteger la libertad de expresión de los legisladores y así evitar que sufrieran de persecuciones políticas. El retiro de esta protección es un acto exclusivo de la Cámara de Diputados. Es un proceso que puede durar semanas o hasta meses, pues va a depender de la disposición política de los legisladores. En algunos casos, las peticiones para retirar el fuero, quedan archivadas.

Sin pruebas... dice Gobierno de México EU los acusa de tráfico de drogas y crimen organizado ¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?

El proceso comienza cuando un ciudadano o el Ministerio Público solicita el retiro de esta protección de algún legislador que es investigado por un delito. El caso se estudia en la Sección Instructora y después pasa al pleno de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados retira el fuero, pero no le corresponde juzgar. Solo quita la protección al legislador que es señalado de algún delito, para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales. En el caso de Juan Gámez, alcalde morenista de Culiacán también señalado por vínculos con el narcotráfico, tiene que ser el Congreso estatal el que determine que se puede proceder en su contra. El jueves 30 de abril terminó el periodo de sesiones en el Congreso, por lo que se necesitaría convocar a un periodo extraordinario para proceder de inmediato contra Rocha Moya y el legislador Enrique Inzunza. Como se explicó antes, se necesita disposición política para que un caso así avance. En las últimas horas, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal contra los personajes... sin embargo, desde los liderazgos de Morena ya se ha establecido que no se puede proceder -de momento- porque autoridades de Estados Unidos no acompañaron su solicitud de captura con pruebas. El miércoles 30 de abril -mismo día en que Estados Unidos presentó al público la acusación contra los funcionarios mexicanos-, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra. Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó esta tarde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes. La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo esta semana que si no hay pruebas, se tratará solo de un tema político, como aseguró también el propio Rocha Moya, quien ve en la indagatoria en su contra, un caso armado para golpear a la llamada ''Cuarta Transformación''. Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación. Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación. También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

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"La presidenta está fuerte, sólida y muy segura", dice Sheinbaum ante presión de EU por el caso Rubén Rocha

Dulce Soto — Fri, 01 May 2026 15:46:47 GMT

La presidenta Claudia Sheinbaum negó encontrarse entre “la espada y la pared” por las presiones de Estados Unidos para extraditar a políticos y exfuncionarios de Sinaloa , incluido el gobernador Rubén Rocha, por presuntos nexos con el narcotráfico. Por el contrario, aseguró, está firme en su postura de que la Fiscalía General de la República ( FGR) investigue si hay pruebas sólidas en contra de Rocha, porque su administración coopera con la Casa Blanca, pero no de manera subordinada.

“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero, lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar ”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina. Cuestionada sobre si los señalamientos de Estados Unidos serían una posible represalia ante la investigación que México inició por la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, la presidenta dijo que ambos casos son investigados por la FGR y que se informarán los avances. En abril, dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua en un accidente carretero, cuando regresaban de un operativo para desmantelar laboratorios de metanfetamina. El ingreso de los agentes no fue informado al gobierno federal, que ahora indaga a la administración estatal de la panista Maru Campos. Días después, Estados Unidos acusó al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa y pidió su extradición y la de otros nueve funcionarios estatales. Sheinbaum descartó que estas nuevas presiones del gobierno de Donald Trump la hagan retractarse de indagar lo que ocurrió en Chihuahua. “Hay instancias e instituciones, en las que creemos, que están llevando estos casos y ellos tienen que informar. Pero la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura, por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía, por encima de todo. Y lo tenemos muy claro y estoy tranquila”, aseguró.

“Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”, agregó entre aplausos de los sindicatos que acudieron a la conferencia por la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo. Ante señalamientos de si el gobierno protege a Rocha, Sheinbaum dijo que defiende el Estado de derecho y las leyes, y que la fiscalía tiene que hacer el análisis del caso porque es la autoridad competente. “Todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe que es culpable. Así es la justicia en México”. Dijo que, además, su gobierno acordó con Estados Unidos cuatro principios en materia de seguridad: el respeto a la soberanía y la integridad territorial; la responsabilidad compartida y diferenciada; el respeto y confianza mutua, y la cooperación sin subordinación. “Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad”, agregó Sheinbaum. Previamente, al emitir sus discursos, los líderes sindicales respaldaron a la presidenta en su defensa de la soberanía nacional. “Le expresamos que los trabajadores de México estamos con ella”, dijo Tereso Medina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México ( CTM ).

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Rocha, el desafío más grande para Sheinbaum

Jacques Coste — Fri, 01 May 2026 12:07:00 GMT

Hay que decirlo sin ambages ni eufemismos: la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha y otros cuadros políticos de Sinaloa se inscribe en un contexto de imperialismo creciente de Estados Unidos, que busca recuperar la hegemonía hemisférica. Busca —para decirlo todavía más claro— que América Latina vuelva a ser su patio trasero y que los países latinoamericanos se conviertan en Estados vasallos.

La acusación de la Fiscalía también se inscribe en la revigorización de la guerra contra las drogas bajo el gobierno de Trump. Para Washington, los llamados “cárteles” son organizaciones terroristas y amenazas contra la seguridad nacional, por lo que es válido combatirlos con medios militares convencionales y no convencionales. Desde esta perspectiva, también es legítimo ejecutar acciones que violan la soberanía nacional de otros países. No estoy especulando. El gobierno estadounidense ha sido claro al respecto. Basta con leer su Estrategia de Seguridad Nacional, que contiene el “corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Basta, también, con escuchar los discursos bravucones del propio Trump y de Marco Rubio, Pete Hegseth y los legisladores republicanos. Sobre todo, basta con observar las operaciones extraterritoriales y contrarias a derecho internacional que Estados Unidos ha lanzado contra los “narcoterroristas”, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por medio de destrucción de barcos en el Caribe y la extracción (eufemismo para no decir secuestro) de Nicolás Maduro. Por eso, la acusación a Rocha es delicadísima. Es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado cualquier presidente mexicano en las últimas décadas. Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha optado por lidiar con el imperialismo y sus exigencias en materia de combate al crimen organizado mediante la subordinación total de la política mexicana de seguridad a los intereses estadounidenses. Reducir el flujo de migrantes y drogas a Estados Unidos —con mecanismos militares— ha sido una prioridad de este gobierno. Además, bajo el liderazgo de García Harfuch, las instituciones de seguridad mexicanas intensificaron su cooperación e intercambio de inteligencia con las agencias estadounidenses y las Fuerzas Armadas mexicanas realizaron operativos para capturar o abatir a criminales mediáticos (incluido El Mencho) y desmantelar redes delincuenciales en distintas regiones del país. Por si fuera poco, México “trasladó” irregularmente a decenas de criminales a Estados Unidos. La presidenta parece haber cedido ante todas estas exigencias de seguridad bajo el supuesto de que la estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses evitaría que Washington cruzara dos líneas rojas para su gobierno: la acusación y el procesamiento judicial de políticos morenistas en Estados Unidos y la realización de operativos de seguridad de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano sin acompañamiento (o al menos consentimiento) de elementos nacionales. Con la acusación a Rocha, Washington cruzó la primera línea roja y, si Sheinbaum no coopera con Estados Unidos, es probable que también cruce la segunda.

La misma fiscalía federal que está acusando a Rocha es la que condujo el proceso que culminó con la captura y la extracción ilegal de Nicolás Maduro. No es un dato menor: Estados Unidos ya usó una orden judicial de esa fiscalía para extraer al presidente en funciones de un país latinoamericano acusado de cargos de narcotráfico, ¿por qué no haría lo mismo con un gobernador señalado por los mismos delitos? Al iniciar las presiones del gobierno de Trump para que México combatiera la “narcopolítica”, escribí en estas páginas que la presidenta Sheinbaum debía conducir la limpia de la corrupción y la vinculación política con el crimen organizado desde dentro, antes de que Estados Unidos la manejara desde fuera. Hoy llegamos a ese punto. La hipocresía de Estados Unidos en su discurso respecto a las drogas y la politización de su sistema de justicia no le restan seriedad y verosimilitud a las acusaciones contra Rocha. Tampoco minan la verosimilitud de los señalamientos de vínculos de varios cuadros de Morena con el crimen organizado: ahí están los casos de Sergio Carmona (ilustrativo de las ligas entre los empresarios formales, las actividades económicas ilícitas, la política y la operación electoral), Hernán Bermúdez Requena (ilustrativo del crimen organizado fungiendo como regulador de la vida económica y social de regiones enteras del país) y del huachicol fiscal en la Marina. La presidenta está ante un trilema envenenado: (1) entregar a Rocha, bajo el riesgo de que éste suelte toda la información comprometedora que tiene sobre la clase política mexicana y con el peligro de que Morena se fracture; (2) defender a Rocha y los demás acusados, comprometiendo la integridad territorial ante una posible operación unilateral estadounidense para extraerlos; o (3) recurrir a tácticas dilatorias esgrimiendo pretextos legales al menos hasta las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos o hasta que Rocha culmine su gobierno en 2027, y mientras tanto negociar algún acuerdo aceptable tanto para Morena como para las autoridades estadounidenses. Este escenario implica el riesgo de que Estados Unidos pierda la paciencia, use la revisión del T-MEC y otras palancas para asfixiar a México o incluso recurra a un operativo unilateral. Hasta ahora, todo parece indicar que la presidenta optará por la tercera opción, pero las tácticas dilatorias sólo le comprarán un poco de aire. No digo que la decisión sea fácil; al contrario, Sheinbaum está ante una de las situaciones más difíciles para cualquier jefe de Estado. Tan sólo espero que en sus cálculos imperen el cuidado de la soberanía nacional y la integridad territorial por encima de las consideraciones partidistas y las lealtades políticas. En tiempos del nuevo imperialismo estadounidense, México necesita una jefa de Estado, no una líder de partido. _____ Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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#ZonaLibre | Rubén Rocha, ¿el indefendible?

Caleb Ordóñez — Fri, 01 May 2026 12:06:38 GMT

Rubén Rocha Moya llegó a la silla de Sinaloa con el viento de la Cuarta Transformación en la espalda, con el respaldo de un movimiento que prometía acabar con los vicios del pasado y con la convicción —o al menos la pose— de que él era diferente. Arropado por su gran amigo y eterno defensor Andrés Manuel López Obrador.

Construyó su red, tejió sus alianzas, repartió favores y ascensos, y se instaló en Culiacán con la solidez aparente de quien cree que el escándalo siempre le ocurre a otros. Hasta que un día, sin anuncio de cortesía y sin que nadie lo invitara, llegó la bomba. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tocó a la puerta. La derrumbó. La acusación formal contra Rocha Moya lo señala como un narco político con vínculos directos con los Chapitos —los hijos del Chapo Guzmán, el clan más poderoso del crimen organizado en este momento-. No fue una filtración. No fue un rumor de pasillo. Fue un expediente formal, aprobado en las alturas del gobierno norteamericano, respaldado por la maquinaria judicial más costosa del mundo. Y con él cayeron, como fichas de dominó, las miradas sobre su círculo más cercano: desde el entonces secretario general de Gobierno (hoy senador), Enrique Inzunza Cázarez, pieza clave en la operación política del estado; pasando por el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, responsable del frente más sensible en una entidad marcada por la violencia; hasta liderazgos partidistas como Merary Villegas Sánchez, encargada de sostener la estructura política del movimiento en la entidad. Así como otros operadores políticos, funcionarios de su círculo íntimo, figuras que construyeron con él lo que se suponía era una administración del cambio. La magnitud del terremoto es difícil de exagerar. Rubén Rocha Moya se convierte, en este preciso momento, en el único gobernador en ejercicio en la historia de la Cuarta Transformación en ser acusado formalmente de narcotráfico por una potencia extranjera. Es la crisis institucional más grave que ha enfrentado el movimiento desde que llegó al poder en 2018. Ni los peores escándalos de los últimos años se acercan a esto: un gobernador con nombre, apellido y expediente, señalado de ser el eslabón político que une al Estado con el crimen organizado. Digamos lo que hay que decir con claridad: no conocemos el contenido exacto del expediente. Pero sí sabemos que ese tipo de carpetas no se elaboran a la ligera. Una acusación formal del Departamento de Justicia implica años de investigación, testimonios, escuchas, rastreo financiero. Implica que los grandes capos que han pasado por las cortes federales norteamericanas —y que han cantado con una franqueza brutal para obtener beneficios procesales— lo han señalado. Eso no se inventa. Y tampoco ayudan las propias declaraciones de Rocha, quien en diversas ocasiones ha hablado con una ligereza pasmosa sobre la necesidad de "negociar con los grupos criminales" como si eso fuera una política pública normal y no una confesión en diferido.

El espejo de García Luna El hombre que le temía al teléfono

Hay un precedente que incomoda y que nadie en Morena quiere pronunciar en voz alta: Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública federal, el hombre más poderoso del aparato de seguridad durante el calderonismo, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narco. Durante años, el PAN lo defendió. Sus correligionarios argumentaron persecución política, montajes, conspiraciones. Hasta que las pruebas hicieron insostenible el alegato. El PAN quedó manchado no por haber tenido a un criminal en sus filas —eso les puede ocurrir a todos— sino por haberlo defendido cuando ya era evidente que no merecía defensa. Morena está hoy exactamente en esa bifurcación. Cada palabra de respaldo a Rocha Moya es un paso hacia ese mismo abismo. Ricardo Monreal habla de presunción de inocencia. Citlali Hernández hace lo propio. Son argumentos jurídicamente correctos y políticamente suicidas si el expediente resulta tan sólido como todo indica. La pregunta que el movimiento debe hacerse no es si Rocha tiene derecho a un proceso justo —por supuesto que sí— sino si Morena puede permitirse el lujo de cargar con ese peso sin destruir su propio relato. Hay un detalle revelador en la conducta de Rocha Moya tras hacerse pública la acusación: no esperó. No llamó a Palacio Nacional, no pidió instrucciones, no aguardó a que la presidenta Claudia Sheinbaum marcara el tono de la respuesta institucional. Se adelantó. Salió a dar su versión con una velocidad que no habla de inocencia tranquila sino de un hombre que sabe exactamente qué conversación quería evitar. Porque esa conversación, según versiones que circulan con insistencia en los corredores del poder, habría incluido una petición que Rocha Moya lleva tiempo resistiendo: separarse del cargo. Se dice que desde el año pasado hubo señales discretas, mensajes enviados a través de los canales que usan quienes no quieren que las cosas queden en papel. La respuesta de Rocha Moya, en todos los casos, habría sido la misma: no. Un gobernador que se aferra al cargo con una determinación que va más allá del orgullo político. La pregunta obvia es: ¿qué protege quien se aferra tanto al poder? Porque cuando el poder se tambalea, no sólo cae el hombre: cae todo lo que construyó a su alrededor. El daño colateral de esta historia tiene un nombre que circula cada vez con más frecuencia: Mario Delgado, actual secretario de Educación y uno de los hombres más cercanos políticamente a Rocha Moya. Su relación con el gobernador sinaloense no es un secreto ni es nueva. En un escenario donde Rocha Moya se convierte en un lastre tóxico, esa cercanía puede costarle caro precisamente cuando Delgado miraba hacia Colima con ambiciones de gobernatura. La política tiene una lógica implacable: los que se sientan a la mesa del que cae, caen también. No siempre por culpa. A veces, simplemente, por proximidad.

El éxodo silencioso

Los gobernadores de Morena ya no presentan desplegados de respaldo como lo hicieron en otras ocasiones de crisis. El silencio es elocuente. Hay quienes tienen razones propias para alejarse: Marina Del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, enfrenta sus propias -y fuertes- investigaciones del lado norteamericano. Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, juega con la posibilidad de refugiarse en el Verde Ecologista, lo que le da una salida limpia para desmarcarse de la debacle sin tener que confrontar abiertamente a nadie. El movimiento se fragmenta en silencio, cada quien buscando su propio salvavidas antes de que el barco termine de hundirse. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha optado por una estrategia que la define: no defender a Rocha, sino preguntarse en voz alta por qué Estados Unidos decidió soltar esta acusación precisamente ahora. Es una lectura geopolítica que tiene su lógica, pero que también funciona como escudo. Sheinbaum tiene una aprobación elevada y sabe que este tema es un campo minado para su imagen institucional. Cada paso que da lo mide con la precisión de quien sabe que el suelo puede ceder. Rubén Rocha Moya no podrá ungir a un sucesor. La gubernatura de Sinaloa en 2027 quedará fuera de su alcance real, independientemente de lo que ocurra en los tribunales. Su capital político está liquidado. Su nombre se ha convertido en un problema, y en política, los problemas no tienen lealtades. Uno a uno, los que ayer posaban junto a él en fotografías de campaña irán encontrando razones para estar en otro lugar cuando la cámara vuelva a encenderse. Poco a poco, la 4T hará lo que la política mexicana ha hecho siempre en estos casos: tomar distancia. Primero será sutil, luego evidente y finalmente total. Porque al final, ningún proyecto se sacrifica por un solo hombre. La narco política no destruye sólo carreras ni expedientes ni gobiernos. Destruye algo más difícil de reconstruir: la idea de que el ejercicio público puede ser un acto de servicio honesto. Cada funcionario que pacta con el crimen le roba a la ciudadanía algo que no aparece en ningún presupuesto —la confianza de que alguien, en algún lugar del aparato del Estado, está trabajando para ellos y no en su contra. Rocha Moya, si los hechos son ciertos, no sólo habrá traicionado a su partido ni a su presidenta. Habrá traicionado a cada sinaloense que creyó que votar sirve de algo, que las instituciones pueden más que las balas, que la política puede tener dignidad. Y ese es el crimen que ningún tribunal norteamericano puede procesar: el de matar la esperanza de los que pusieron su fe en las urnas. _____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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¿Día del Trabajo? De la consigna al derecho

Rogelio Gómez Hermosillo — Fri, 01 May 2026 12:05:28 GMT

Durante gran parte del siglo XX, el 1º de mayo era sinónimo de desfile obligado. Miles de trabajadores llenaban el Zócalo mientras las dirigencias sindicales presumían mantas con “demandas” que a menudo terminaban en agradecimientos y “loas” al presidente. El "charrismo" sindical convertía la conmemoración en un acto de sumisión.

Hoy, el problema no es quién desfila, sino cómo hacer realidad lo que se conmemora. Porque si el 1º de mayo es el Día del Trabajo, tendríamos que preguntarnos: ¿qué trabajo? Y sobre todo: ¿dónde quedaron los derechos? A nivel internacional, el 1º de mayo conmemora la exigencia de los derechos laborales. México fue pionero al consagrarlos en el artículo 123 de la Constitución, y en los años sesenta se incorporaron al marco de los derechos humanos mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el papel, estándares de vanguardia, en la realidad, su negación estructural. He insistido antes —y los datos de frentealapobreza.mx lo confirman— que las condiciones laborales en México generan pobreza . Hoy quiero ser más enfático: esas condiciones constituyen una negación sistemática del derecho humano al trabajo para 60 millones de personas. * 23.8 millones porque están excluidas de su derecho al trabajo. * 36 millones porque tienen trabajos precarios : sin seguridad social, sin contrato, sin derechos. El llamado eufemísticamente “trabajo informal”. La informalidad no es una “irregularidad” ni una estrategia de “evasión fiscal”. Es adaptación forzada ante la falta de trabajos de calidad. Son estrategias de sobrevivencia. Y el tamaño del fenómeno es demoledor: * 30 millones (M) de trabajos informales, 99.9% carece de seguro social. * 11.4 M, 88% del autoempleo y 26.1 M, 86% de quienes laboran en unidades económicas de 1 a 5 empleados, carecen de seguro social Frente a esto, hay quienes aún ven el trabajo como una mercancía sujeta a la supuesta “mano invisible” del mercado. Es una aberración. Como bien señalan líderes empresariales que promueven el salario digno, quienes trabajan en las empresas son personas, no “cosas” ni “recursos humanos”. Tampoco tengo una visión ingenua que ignore las realidades económicas. No se trata de decretar empleo por voluntarismo. Se trata de algo más complejo y fundamental: garantizar condiciones acordes con el derecho humano al trabajo, en cualquier contexto económico. En lo laboral también importa el “estado de derecho”. La discusión actual sobre la recuperación del salario mínimo, las vacaciones o la jornada laboral se ha saturado de polarización política. Atribuirle al presidente los avances o los retrocesos es un reflejo condicionado que recuerda aquellas mantas de “Gracias, Sr. Presidente”, no un análisis serio.

Porque los datos son tercos, no ideológicos: - Hace 20 años, el porcentaje de población ocupada respecto a la población en edad de trabajar era 58%. A finales de 2018 (antes del gobierno actual) era 58%. A finales de 2025 sigue siendo 58%. - Es cierto que hay 6.1 millones de personas más ocupadas que en 2018. Pero también hay 10.6 millones más en edad de trabajar. La tasa no se mueve. - La informalidad hace 20 años era 60%; en 2018, 56%; hoy, 55%. No hay cambio estructural, ni para bien ni para mal. Esto no es un problema de un sexenio. Es un problema de diseño institucional y de concepción del trabajo. Propongo tres líneas concretas para avanzar : 1. Mantener la recuperación responsable y gradual del salario mínimo general, con una meta y tope en el valor de 2.5 canastas básicas en 2030. 2. Aplicar con mayor firmeza las normas de la legitimación de contratos y elección democrática de dirigentes sindicales, para impulsar la negociación colectiva. 3. Desvincular el acceso a servicios de salud de la condición laboral y reducir gradualmente las cuotas “obrero patronales” que los financian, empezando por las micro empresas. Mientras la protección social dependa de un empleo formal, más de 20 millones de personas que trabajan en micro negocios y por cuenta propia quedarán fuera. El 1º de mayo debería ser el día en que, como sociedad, recordemos que el trabajo no es un favor ni una mercancía: es la base de la dignidad. Y mientras casi 60 millones de personas vivan la exclusión y la precariedad como normalidad, el “Día del Trabajo” será sólo un nombre sin contenido. Que el 1º de mayo no sea sólo para conmemorar textos en papel, sino para exigir y avanzar en el ejercicio de derechos en la realidad. _____ Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Seguridad nacional, el rehén más rentable de la política mexicana

Alberto Guerrero Baena — Fri, 01 May 2026 12:04:22 GMT

El teatro de la indignación selectiva

México tiene un problema gravísimo de seguridad nacional, y no es precisamente que agentes de la CIA hayan operado en Chihuahua desmantelando un laboratorio del crimen organizado. El problema real es que el gobierno federal convirtió ese operativo —que en cualquier nación con instituciones maduras se gestionaría por canales discretos de cooperación bilateral— en un circo de acusaciones constitucionales selectivas, carpetas de investigación instrumentalizadas y comparecencias senatoriales sin sustento legal ni coherencia política alguna. La indignación oficial no huele a defensa de la soberanía. Huele a cálculo electoral con fecha de vencimiento.

El doble rasero de la traición a la patria

Porque si de soberanía hablamos, hay que hablar con rigor, con memoria y sin distingos partidistas. Y cuando se hace eso, el discurso oficial se derrumba solo. El Senado mexicano agitó la figura de traición a la patria contra la gobernadora Maru Campos como si fuera un garrote político de uso reservado para la oposición. Es un error jurídico de proporciones mayúsculas y una provocación moral que no debería quedar sin respuesta analítica. El mismo criterio —colaboración con potencias extranjeras en detrimento del Estado mexicano— aplica con mayor sustento documental y testimonial a varios gobernadores que han sido señalados públicamente por autoridades estadounidenses, a quienes se les han cancelado visas y cuyas entidades son plazas consolidadas de operación del crimen organizado: Sinaloa, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, entre otros con señalamientos igualmente graves. Si el Senado tiene voluntad institucional genuina y no partidista, que cite también a esos funcionarios ante sus curules. Que abra carpetas con el mismo fervor. Que exija las mismas comparecencias. El silencio cómplice en esos casos es tan estruendoso como la estridencia acusatoria en el caso Chihuahua. La pregunta jurídica es contundente y no admite matices convenientes: ¿una gobernadora está constitucionalmente obligada a comparecer ante el Senado por una citación sin sustento en el marco legal vigente? La respuesta es no. Rotundamente no. Y esa misma respuesta protegería, con idéntica lógica constitucional, a cualquier gobernador de las entidades mencionadas si alguien tuviera el valor político de citarlos. Que nadie lo haga revela con claridad quirúrgica que esto no es derecho; es persecución con toga prestada.

El "presidente todo lo sabe" y sus consecuencias jurídicas La seguridad nacional como rehén electoral

Uno de los momentos más demoledores de esta crisis lo proveyó el propio expresidente López Obrador con una frase que pronunció con arrogancia y que hoy regresa como bumerán institucional: "el presidente todo lo sabe". Esa declaración, que en su momento buscaba proyectar omnisciencia y control, se convierte ahora en una trampa jurídica y política de proporciones severas para toda la cadena de mando federal. Si el presidente todo lo sabe, entonces la operación de agentes de la CIA en territorio nacional —coordinada, según documentación disponible, con elementos del Ejército Mexicano— no pudo haber sido ignorada ni por la SEDENA ni por la SSPC. Que sus titulares aleguen desconocimiento absoluto es, en el mejor escenario posible, una confesión de incompetencia institucional de primer nivel; en el peor, una mentira de Estado construida con la misma facilidad con que se fabrican carpetas de investigación. Las responsabilidades jurídicas no se detienen en la figura de la gobernadora de Chihuahua, por más que el relato oficial lo intente. Se extienden, por acción, omisión o colusión deliberada, hasta quienes tenían la obligación constitucional de supervisar, autorizar o al menos reportar cualquier actividad de inteligencia extranjera operando en suelo mexicano. Ignorarlo convenientemente, selectivamente, con precisión quirúrgica hacia una sola figura política, es también una forma de traición a la patria, aunque resulte considerablemente menos fotogénica para el espectáculo legislativo que tanto disfrutan ciertas bancadas. Lo que esta crisis desnuda con brutalidad es algo que se lleva años documentando: en México, la seguridad nacional no es una política de Estado; es una variable electoral administrada según las necesidades del ciclo político en turno. La Ley de Seguridad Nacional modificada durante el sexenio anterior no buscaba proteger a México del crimen transnacional; buscaba proteger al régimen de la cooperación bilateral que pudiera incomodar sus propias complicidades. Los candados impuestos a la inteligencia compartida con Estados Unidos no respondieron a una doctrina de soberanía coherente —porque esa doctrina jamás existió con rigor— sino a la necesidad de controlar qué se sabía, quién lo sabía y cuándo convenía que se supiera.

El episodio Chihuahua-CIA es, en ese sentido, el espejo más incómodo que ha enfrentado el sistema político mexicano en materia de seguridad en años recientes. No porque revele la presencia de agencias extranjeras operando en el país —eso tiene décadas de historia documentada en ambos lados de la frontera— sino porque exhibe, con una crudeza difícil de maquillar, que las instituciones de seguridad e inteligencia mexicanas son incapaces de gestionar la cooperación bilateral sin convertirla en arma política. Y que mientras el gobierno decide a quién sí acusar de traición y a quién blindar con silencio, los laboratorios del crimen organizado siguen operando, los cárteles continúan exportando muerte y la frontera norte permanece como el tablero más peligroso de América del Norte. Esa es la traición que nadie en este gobierno tiene el menor interés en investigar. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Los populistas. La historia no miente

Juan Francisco Torres Landa R. — Fri, 01 May 2026 12:02:57 GMT

Uno de los grandes temas en esta vida es lo que se debe aprender de la historia. Y es que aunque hay escenas y tendencias que se han visto en el pasado, no es extraño que errores se vuelvan a repetir. No aprendemos de las experiencias previas, a pesar de saber que se han confirmado enormes casos de abusos y fallas estructurales. La memoria es muy flaca y parece que la humanidad está dispuesta a volver a caer en el mismo hoyo sin entender todo lo malo que puede suceder otra vez.

Arribo democrático Creación de enemigos Eliminación de contrapesos

La reflexión viene al caso porque en nuestro país tristemente se está repitiendo una escena de deterioro absoluto como resultado de un guion muy gastado e insostenible al cual se acogen los gobiernos populistas. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es una repetición vulgar de la misma receta y se abusa de la buena fe de la gente que cae presa de una narrativa hueca que sin embargo impacta la toma de decisiones y la afinidad a cierta propuesta electoral. Los gobiernos fascistas de los años 30 del siglo pasado en Italia y Alemania son de las expresiones más claras de cómo líderes carismáticos pueden llevar a sociedades aparentemente sólidas hacia extremos de actuación que amenazaron no solamente la estabilidad de dichas naciones, sino que extendieron la crisis a muchos otros países de la región, y en un extremo muy complicado, a una conflagración mundial de un gran desgaste humano. A pesar de la evidencia flagrante de qué tan mala puede resultar una receta populista para cualquier país, el modelo se ha seguido reproduciendo en varias latitudes con temas comunes de consecuencias nefastas. Es igualmente reconocible la secuencia de que no hay beneficio o resultado tangible alguno. Pero sí vemos varios patrones que deben reconocerse para entender los alcances de este tipo de gobiernos, para definir su origen, existencia, y sobre todo su vida efímera. : estos gobiernos suelen llegar al poder por la vía del voto popular. Es decir, no son resultado de un golpe de estado abrupto. Pero una vez que se instalan en el poder, deciden que no van a permitir que nada ni nadie los reemplace, lo que revela un evidente sesgo antidemocrático. Su fin es minar las instituciones que los llevaron al poder para impedir que alguien más lo logre. La contradicción de términos es evidente y los devela como lo que son: gobiernos de extremo y sin vocación de competir en igualdad de circunstancias. Creen cumplir con un fin divino. : para lograr su propósito de presentarse como salvadores de la nación y del pueblo, se dedican a polarizar a todos creando grupos en el país a quienes ellos definen como enemigos. A esos sectores que se crean ideológicamente como nocivos, se les achacan todos los males y se convierten en los hechos en la excusa para no dar resultados y no responsabilizarse de absolutamente nada de lo malo que suceda. : siguiendo la misma tónica de absolutismo, se dedican a minar todos los elementos que sean límites al poder. No les interesa reconocer límites legales ni obstáculos para sus decisiones. Parte de su plan radica en eliminar todos los instrumentos diseñados para fijar áreas en las que no se puede ejercer el poder. Esto pasa por violentar la misma Constitución y destruirla de ser necesario. Por el poder, todo. No hay límites en sus mentes.

Devastación de instituciones Vínculos con delincuencia organizada Incapacidad de gobernar Irresponsabilidad financiera Inviabilidad operativa Destrucción sistemática

: para lograr lo anterior, la agenda implica la erradicación de la arquitectura que sustenta a organismos cuya misión es ser diques a posibles excesos y arbitrariedades. En los hechos, se devastan las estructuras que tomaron años o décadas generar y que resulta indispensable desaparecer para que no haya quien señale que determinados actos son ilegales. La única voluntad que según ellos cuenta es la que se ejerce desde la estructura del poder populista. No hay pluralidad. : a efecto de tener mayor eficacia en tiempos electorales, los gobiernos populistas se alinean con delincuentes que operan en favor de ellos para forzar votos de amplios sectores de la población. El problema grave es que, a cambio de ese pacto, el gobierno se dedica a dejar que las organizaciones delincuenciales operen impunemente, lo que en los hechos implica dejar a la ciudadanía a su suerte ante severos problemas de secuestros, robos, derecho de piso, extorsión y otras formas de expoliación. El Estado abdica a su principal obligación de dar seguridad a cambio de favorecer a quienes les aseguran votos a la mala. Una locura. : en los hechos estos gobiernos no dan resultados. Su misión es concentrar poder, culpar a los grupos disidentes de todos los males del país, premiar a los incondicionales, no profesionalizar las decisiones o actos de gobierno, y jamás aceptar responsabilidad de errores o pifias. Esto los lleva a ir navegando entre las distintas crisis que ellos generan, lo que en los hechos va creando una bola de nieve incontrolable. : otra parte de la conducción de estos gobernantes es que dedican enormes recursos a la compra de voluntades entre el electorado a base de programas que dotan de recursos líquidos a los destinatarios, pero no elementos reales de movilidad social u otros de servicios públicos que permitan realmente procurar mejoras estructurales. De hecho lo que se pretende es generar una serie de dependencias con sectores de la población, pero jamás permitir cambios en sus condiciones reales de vida para que los apoyos se constituyan en un poderoso instrumento electoral. El problema es que los gastos se incrementan sin control y como el país no tiene un funcionamiento económico viable, entonces las finanzas públicas se erosionan progresivamente. : la serie de problemas que hemos descrito propicia un desastre precisamente por la forma en que se manejan los recursos de la nación. La irresponsabilidad de no generar confianza, destruir las bases de inversión y minar la calidad de desempeño del gobierno produce un efecto de desgaste incremental hasta que se vuelve inmanejable y revienta la burbuja de problemas. Literalmente truenan al país porque su incapacidad para gobernar es extrema. : finalmente lo que se ocasiona es que estos gobiernos colapsan todo a su alrededor y logran una implosión de su propia narrativa para exponer sus fallas estructurales y ser confirmados como viles depredadores del poder, corruptos hasta la médula, e incapaces de hacer cosas buenas por el país. El despertar es complejo, pero inevitable. Se tienen que salir para no hacer más daño, y eso se logra con la unidad del electorado que finalmente sale del sueño inducido por los populistas.

Y son todas estas características las que nos llevan a una conclusión clara y final. Los gobiernos populistas son insostenibles. Las únicas preguntas fundamentales son hasta cuándo duran y cuál es la magnitud de los daños que hayan causado cuando colapsan. Tenemos los ejemplos cercanos de Cuba y Venezuela para entender la magnitud de la devastación que se puede causar a una sociedad con este tipo de gobiernos, y a decir por las noticias recientes, no debemos estar ya muy lejos de ver que vengan cambios profundos en los gobiernos de dichas naciones porque la pauperización es ya insoportable. Hungría ya se deshizo de su gobernante populista, algo que parecía impensable hasta hace unos cuantos años. Eso nos lleva a la pregunta clave: si los hechos se repiten, entonces la calamidad populista que llegó a México en 2018 también está condenada a extinguirse por cumplir todas las variables de la ruta de destrucción e insostenibilidad. Pero en ese contexto hay un elemento muy nocivo: los que ocupan el gobierno no entienden con facilidad que se deben ir por incompetentes y rapaces. Piensan o dicen que tienen derecho a permanecer eternamente por encarnar la voluntad del pueblo. Se autoconvencen de sus mentiras. Son adictos al poder. En el fondo son simplemente corruptos y voraces. La salida de ese túnel pasa por una fórmula muy clara y contundente: la voluntad masiva ciudadana de abrir los ojos ante una fórmula de gobierno que es improductiva y letal. Insistimos en que recientemente vimos cómo los húngaros lograron precisamente el reemplazo del populista que ya llevaba más de 16 años gobernando. Esa es la salida inteligente, porque la otra alternativa es una que puede tener vertientes violentas como aconteció el siglo pasado en Italia y Alemania. No podemos seguir permitiendo que Morena destruya todas las bases de convivencia democrática. En la historia reciente, la muy referida sobrerrepresentación les dio la ilegítima posibilidad de unilateralmente modificar las reglas constitucionales y destruir las bases de división de poderes, contrapesos e instituciones autónomas. Una tragedia que tristemente nos ha tocado presenciar y que constituye la razón de por qué hay que parar esta forma tan lesiva de querer gobernar. No podemos ser cómplices de tantos daños a la nación. La hemorragia tiene que parar. En nuestras manos está entonces el repetir el ejemplo húngaro y ajustarlo a lo que mejor convenga para nuestra propia realidad. Sin duda, la máxima unidad posible entre la oposición, campañas eficaces, comunicación convincente, candidatos atractivos y unión de causas son indispensables para dar el campanazo. Ya las alarmas están en rojo. Ahora queda definir cómo queremos salir de esta pesadilla. Si queremos parar la tragedia, tenemos que ser estratégicos en las elecciones de 2027 para imprimir el mayor número de derrotas a Morena, demostrar que en efecto no son invencibles, y así fraguar la unión máxima que permita tener en 2030 la muy necesaria alternancia. Será en ese momento que demostremos que la historia no miente y que a los populistas se les bota con el voto masivo. No nos equivoquemos: en nuestras manos está reescribir el destino nacional. Es la oportunidad histórica que tenemos y la cual implica una cita a la cual no podemos fallar. P.D.1. La visita de la Presidenta al evento de presidentes radicales en Barcelona hace unos días demostró que los gobiernos populistas se apoyan unos a otros y que están dispuestos a simular su solvencia a pesar de que en sus respectivos países las crisis que han generado confirman su insostenibilidad y destrucción institucional. Pura narrativa. Cero resultados.

P.D. 2. El caso de Edith en CDMX nos deja muy claro que cuando a las instituciones se les debilita, la remuneración oficial se reduce, y la corrupción se incentiva, entonces no hay forma de atender las legítimas causas de impartición de justicia. La cruda realidad es que se pierden hasta las más elementales razones para dar justicia, y en el caso específico haber evitado un feminicidio dolorosísimo para todos. Simplemente indolencia en el actuar. P.D. 3. El engaño de seguridad social generalizada es brutal. No contentos con haber destruido el Seguro Popular y todos los asideros de una política de salud respetable, ahora salen con la novedad de que van a dar cobertura universal a la población, esté asegurada o no. Es una locura porque no existen ni las condiciones físicas, ni las finanzas que permitan absorber dichos gastos. Otra vil mentira para exhibir sus aspectos más débiles de sentido común y responsabilidad. P.D.4. La visita de funcionarios de la ONU en temas de desaparecidos puso al descubierto los enormes vacíos que existen en la atención de este problema tan grave en el país. No es menor que una de cada 1,000 personas en México esté desaparecida y que ese número se siga incrementando. Realmente una situación de lesa humanidad y un gobierno que quiere minimizar los problemas que requieren atención en serio. P.D.5. Los no preparativos para el Mundial en la CDMX están haciendo crisis. Tenemos un evento de visibilidad global y la ciudad está hecha un desastre. Iniciando con un aeropuerto inoperante, calles con baches, accesos insuficientes, y ahora la petición de la Jefa de Gobierno de que los locales no salgamos de la casa en los días de partidos. La solución entonces es que nos ocultemos para no hacer patentes las deficiencias. Vaya desprecio por todos los pobladores de la urbe. P.D.6. La imputación al Gobernador de Sinaloa (y 8 personas más vinculadas a su gobierno) por parte de las autoridades de EUA, dejan claro que los vínculos de Morena con la delincuencia organizada no son solamente temas de referencias en la prensa, sino ahora es parte del proceso de persecución que en EUA se hace contra quienes se ligan a organizaciones que allá se definen como terroristas. Veamos hasta donde llega esta persecución sabiendo que hay muchos más servidores públicos con problemas similares, incluso a nivel del Ejecutivo y sus familiares y amigos. _____ Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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La lucha "narcoterrorista" de Trump salpica a Morena; gobierno de Sheinbaum enfrenta prueba de fuego

Lidia Arista — Fri, 01 May 2026 05:59:45 GMT

La batalla de Donald Trump contra los cárteles de la droga y a los que tiene clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras alcanzó a los primeros funcionarios y políticos mexicanos de Morena. La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa en contra del gobernador Rubén Rocha Moya , el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán , Juan de Dios Gámez Mendívil y otros seis políticos del estado sienta un precedente de la mano dura de Estados Unidos con temas de trafico de drogas y corrupción y es una "prueba de fuego" para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A las 18:00 horas del martes 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió del gobierno de Estados Unidos solicitudes de extradición de los políticos mexicanos, pero fue hasta pasado el mediodía del miércoles que la Embajada estadounidense soltó "la bomba" que hoy cimbra al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas”, era el título de una publicación del Departamento de Justicia que compartió la Embajada comandada por Ronald Johnson, quien la semana pasada acudió al estado dirigido por Rocha y quien hoy es acusado de tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y asociación delictuosa. La acusación cae en medio de las conversaciones que México y Estados Unidos tienen previas a la revisión formal del tratado comercial (T-MEC) que se tiene junto a Canadá, y a días del " desencuentro" entre ambos gobiernos por la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en labores en contra del narcotráfico. “Esto pone en un predicamento al gobierno de México y a la presidenta: si decide, a pesar de eso, seguir dando protección o decide entregarlos tratando de contener el golpe político y otras posibles implicaciones (...) se puede venir un enfrentamiento mucho más fuerte entre su gobierno y de Donald Trump", alerta José Andrés Sumano, experto en seguridad y catedrático de El Colegio de la Frontera Norte.

''Los acusados han actuado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los 'Chapitos'''.

Sinaloa, ¿un caso sabido? El gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve políticos y funcionarios, de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Las indagatorias de Estados Unidos indican que los acusados están estrechamente alineados con la facción del Cártel que dirigía los hijos del "Chapo" Guzmán. Hoy, tanto el Joquín Guzmán Loera como dos de sus hijos: Ovidio Guzmán López "El Ratón", como Joaquín Guzmán López están bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. El padre enfrenta cadena perpetua en ese país, mientras que los "Los Chapitos" han optado por estrategias legales de cooperación con el Departamento de Justicia. Las acusaciones contra Rubén Rocha no son nuevas. El morenista que tomó el poder el 1 de noviembre de 2021 fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa meses atrás por Ismael “El Mayo” Zambada, el otro líder fundador del Cártel de Sinaloa, mismo que fue extraído del país por uno de los hijos de Guzmán para entregarlo al gobierno de Estados Unidos. En ese contexto Zambada reveló que el día de su "secuestro" en Culiacán, se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa en una finaca dinde asegurá fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. "Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba al tanto de una situación en curso, disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa", contó Zambada. Esa versión fue negada por el gobernador y afirmó que había algunos interesados en “hacerlo narco a fuerzas”. Después de ese hecho, Sinaloa cayó en una guerra local librada por las fracciones lideradas por los hijos del "Mayo" Zambada y los del "Chapo" Guzmán, que tienen a la entidad sumida en una ola de violencia.

Días clave ''Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia".

Los últimos días para Rocha fueron cruciales. Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Sinaloa , Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una advertencia contra la corrupción. “Si queremos que nuestro futuro compartido sea lo más prometedor posible, la corrupción y la extorsión no tienen cabida”, dijo esa tarde en suelo sinaloense. Días después, el diario estadounidense Los Angeles Times informó que a Rocha se le canceló la visa, con lo que se sumó a políticos como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, y Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora. En la acusación de EU, al gobernador Rubén Rocha se le señala, incluso de haber llegado al cargo de gobernador con la ayuda de “Los Chapitos”, a quienes ya en el poder, se asegura que les ha dado protección. “Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, dice la acusación . Este mismo miércoles, el gobernador rechazó las acusaciones y dijo que el ataque no es solo contra su persona, sino contra la 4T.

¿Más casos de nexos con cárteles? Alberto Guerrero, experto en seguridad pública, sostiene que el caso de Rocha puede ser solo uno de varios que pueden surgir desde Estados Unidos. “Esto demuestra que hay una muy buena parte del país está inmiscuido en un tema de gobernanza criminal donde prácticamente todos los órdenes de gobierno e incluidos organismos de seguridad y de procuración de justicia también están implicados con organizaciones criminales”, plantea. En su batalla contra los cárteles, el gobierno de Trump tiene entre sus objetivos el combate a la "narcopolítica" pues considera imposible que una autoridad luche contra de los carteles de la droga, si están financiados o tienen una relación con ellos . Para el experto en seguridad de El Colef, la acusación formal en contra de Rocha pudo robustecerse con lo que declararon en Estados Unidos “El Mayo" Zambada y los Guzmán y que hay más acusaciones dependederá de la información que haya logrado recabar ese gobierno con los testigos protegidos. “El crecimiento del crimen organizado está ampliamente ligado al tema de la narcopolítica, es decir, son estas redes de protección las que les han permitido crecer a los niveles que tienen hoy y tener influencia de la manera en la que tienen en los gobiernos. ¿Puede ser nada más Sinaloa o vendrán más? eso depende de la información que hayan recabado de todos estos testigos protegidos y, personas que tienen cooperando”, expone Sumano.

El caso que tienen más armado, es el de Sinaloa, pero eso no significa que vaya a ser el único, a lo mejor se queda ahí, pero a la mejor tienen información de otros estados”.

En los últimos meses, Estados Unidos ha logrado que lleguen a su territorio para enfrentar la justicia 92 capos y narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Vicente Carrillo Fuentes , "El Viceroy", exlíder del Cártel de Juárez, entre otros.

La prueba para Sheinbaum Las acusaciones contra Rubén Rocha representa una de las pruebas más fuertes para la presidenta Claudia Sheinbaum. Para los analistas, si entrega a Rocha será un golpe para el partido, al que desde hace años se le ha querido vincular con el narco, pero si no lo hace, la compleja relación con Estados Unidos se puede tensar aún más. Facundo Rosas, experto en seguridad, sostiene que la justicia de Estados Unidos suele no dar un paso en falso cuando lanza una acusación. “El sistema de Estados Unidos está muy ensayado, no dan un paso sin estar seguros. Yo creo que se tardaron mucho en articular cada una de las piezas tanto testimoniales como algunas otras que eran materiales y las fueron acomodando de tal forma que hoy pues ya tienen una lógica y sustentan la acusación”, comenta. Las acusaciones contra Rocha Moya llegan en un momento en el que la relación bilateral no atraviesa su mejor momento y donde las autoridades han dejado en claro que van por desmantelar estas redes de complicidad. “El problema viene para la presidenta y qué hacer ante el gobierno de Estados Unidos que está diciendo, ‘oye, necesitas entregarme a uno de tus gobernadores, a uno de tus principales senadores, a un alcalde y otros’. Entonces pues a ver qué decide hacer la presidenta”, añade Sumano.

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Azcapotzalco estrena Utopía con clases de robótica e IA para niños y jóvenes

Shelma Navarrete — Fri, 01 May 2026 01:53:28 GMT

Este jueves se inauguró la Robotopía , un espacio dentro de la Utopía Azcapotzalco que ofrecerá clases gratuitas de robótica , inteligencia artificial (IA), tecnología y técnicas de cultivo sustentable para niños, niñas y adolescentes. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que cada 15 días se inaugurará una Utopía para avanzar en la meta de abrir 100 de estos espacios en la Ciudad de México durante su gestión.

“No nos vamos a detener hasta lograr que esta ciudad tenga 100 Utopías y que vayamos con la perspectiva de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que a 15 minutos podamos tener el empleo, que a 15 minutos estén las escuelas y que en 15 minutos podamos tener un espacio como este, como son las Utopías”, afirmó la mandataria. Ubicada en el Deportivo Ceylán , el espacio de 30,000 metros cuadrados beneficiará a alrededor de 53,993 personas, en especial a las y los habitantes de las colonias Euzkadi, Potrero del Llano, Jardines de Ceylán, Las Salinas y Pro Hogar 2. Cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (Cendi) que recibirá a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. La meta es construir 200 Cendis en la Ciudad de México para 2030. La Utopía Azcapotzalco también ofrece al público: - Auditorio con capacidad para 400 personas. - Salones para danza y música . - Cabina de Radio Utopía . - Alberca semiolímpica. - Gimnasio con zona de pesas. - Ring de box , trotapista, cancha de futbol , seis canchas de frontón y dos canchas de squash . - Tortillería con maíz criollo producido en la Ciudad de México.

Brugada afirmó que una de las misiones de las Utopías es democratizar el acceso a la cultura y el deporte, en especial para niños, niñas y jóvenes. “Aquí también en las Utopías tenemos que hacer realidad la cultura como un derecho, el deporte como un derecho”, afirmó la jefa de Gobierno. Como una celebración posterior al Día de las Madres, el 16 de mayo Lila Downs dará un concierto gratuito en la nueva Utopía, la cual es la segunda inaugurada en la Ciudad de México. La mandataria adelantó que proyecta la construcción de otra Utopía en Azcapotzalco, en la Unidad El Rosario, donde hay un espacio de 20,000 metros cuadrados sobre la Avenida de las Culturas que fue adquirido por el gobierno capitalino.

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¿Se suspende el Hoy No Circula este 1 de mayo? Así opera el programa en el Día del Trabajo

Expansión Digital — Fri, 01 May 2026 01:32:37 GMT

Si este viernes 1 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México , hay algo que debes revisar antes de encender el motor: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede costarte miles de pesos, además de retrasos innecesarios. Aunque se trata de un día de descanso oficial por el Día del Trabajo , el programa no se suspende . Opera de manera normal, así que más vale tomar previsiones. La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas y forma parte de las medidas para reducir la contaminación. La regla está activa tanto en la capital como en municipios mexiquenses, por lo que una revisión rápida puede ayudarte a evitar sanciones y organizar mejor tu día.

¿Qué autos no pueden circular este viernes? De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este viernes no pueden circular los vehículos que cumplan con estas características: -Engomado azul -Terminación de placa 9 o 0 -Holograma 1 o 2 Si tu auto entra en esta categoría, lo mejor es dejarlo estacionado y buscar alternativas como transporte público, bicicleta o aplicaciones de movilidad. ¿Qué vehículos sí pueden circular? Sí podrán circular sin restricciones: -Autos con holograma 0 o 00 -Vehículos eléctricos o híbridos -Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0 ¿Habrá Doble Hoy No Circula? Por ahora no hay contingencia ambiental , por lo que el programa opera con normalidad. En caso de que se activara una contingencia, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante el viernes.

¿Dónde aplica el programa? El Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México . En territorio mexiquense, aplica en: -Atizapán de Zaragoza -Coacalco -Cuautitlán -Cuautitlán Izcalli -Chalco -Chimalhuacán -Chicoloapan -Ecatepec -Huixquilucan -Ixtapaluca -La Paz -Naucalpan -Nezahualcóyotl -Nicolás Romero -Tecámac -Tlalnepantla -Tultitlán -Valle de Chalco Además, también opera en: -Toluca -Santiago Tianguistenco En estas dos ciudades, el programa funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. ¿De cuánto es la multa? No respetar el programa puede salir caro. Con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026, las sanciones son: Multa mínima (20 UMAs) : 2,346 pesos Multa máxima (30 UMAs) : 3,519 pesos Además del pago, tu vehículo puede ser inmovilizado, lo que implica pérdida de tiempo y más complicaciones.

Consejos para evitar problemas Si planeas usar tu auto, toma en cuenta: -Consulta el calendario del Hoy No Circula -Revisa la calidad del aire -Planea tus traslados con anticipación -Verifica engomado, holograma y placas Cumplir con el programa no solo evita multas. También ayuda a reducir la contaminación en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y varios dolores de cabeza.

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Organizaciones y expertos piden consensos para aplazar elección judicial a 2028

Carina García — Fri, 01 May 2026 01:18:10 GMT

Una vez que concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso, más de 150 organizaciones y expertos instaron a los legisladores a alcanzar consensos que hagan posible la llamada contrarreforma judicial que aplace la elección de juzgadores al 2028 y mejore la calidad de la justicia. El plazo límite en el que esa propuesta podría aprobarse y entrar en vigor para 2027 vence a fines de mayo , por requerir reformas constitucionales, por lo que pidieron “decisiones concretas por parte de las autoridades que permitan construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país”.

La iniciativa, impulsada por diputados y senadores de Morena , fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación, pero para que prospere requerirá que se convoque a periodo extraordinario de sesiones del Congreso, ya que a partir de este jueves 30 de abril entró en periodo de receso. Además de la aprobación en el pleno de diputados y el Senado, se necesitará del aval de al menos 17 Congresos estatales pues se proponen reformas a 10 artículos de la Constitución. Por eso se requerirá de que la Comisión Permanente del Congreso emita convocatoria a periodo extraordinario de sesiones, “ al parecer podría haber coincidencias de todos los grupos parlamentarios para ese cambio ", según expuso la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado luz verde, por lo que la propuesta no ha prosperado ni tiene consenso en Morena, aunque los proponentes son los senadores Javier Corral y Susana Harp y los diputados Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, todos morenistas. En cambio, la iniciativa ha generado el apoyo de la academia, el sector judicial y electoral, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), pues plantea que la elección de casi 800 jueces y magistrados, a realizarse en 2027 según ordenó la reforma judicial, se realice hasta 2028. La implicación de ese cambio es que esas elecciones judiciales no sean el mismo día de las elecciones de cargos políticos , ya que éstos serán 500 diputados federales, 17 gobernaturas, cientos de diputados locales, presidentes municipales y regidores, en que competirán más de 20 mil candidatos. Otro componente de la propuesta es que los candidatos a cargos judiciales sean evaluados con criterios homologados, se les exija certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) y con más requisitos. Adicionalmente se plantean cambios que permitan la comprensión de las boletas, el acceso a información clara sobre las candidaturas, la operación de la jornada electoral y las condiciones para emitir un voto razonado, que no permitan la repetición de “acordeones”.

Aprobar esos cambios permitiría “construir un modelo de elección judicial a la altura de los desafíos del país. Con estos cambios NO se considera que están resueltos todos los problemas del nuevo modelo , pero es un paso adelante para resolverlos”, según expusieron en carta abierta 30 organizaciones y más de un centenar de expertos. Entre los firmantes están la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. JUFED; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil; Colegio Nacional de Victimología y Ciencias Jurídico Penales; México Evalúa; Fundación para la Justicia; Laboratorio Electoral y México Unido Contra la Delincuencia. En carta abierta destacaron que de acuerdo a la consejera del INE, Rita Bell, realizar las elecciones políticas y judiciales de manera simultánea no traerá consigo ningún ahorro , pues tendrían que instalarse casillas dobles, no una sola para recibir ambos tipos de votación. Eso se debe a que la Carta Magna prohibió a los partidos intervenir de cualquier forma en la elección de juzgadores, en tanto que es un derecho constitucional de los partidos tener representantes en cada casilla , así que tendrían que instalarse unas para elegir gobernador, legisladores, autoridades municipales, y otras más para votar por jueces y magistrados en aras de evitar injerencias partidistas como marca la Constitución , con lo cual no habrá ahorros.

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