El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador impugnó la suspensión de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”, dijo la Consejería Jurídica de la Presidencia en un comunicado.
La autoridad señaló que contrario a lo que sostienen jueces y magistrados del PJF, el que perciban beneficios extraordinarios “a cargo de los recursos públicos no es garantía de la independencia judicial. Esta no es una mercancía; es un principio que no tiene precio”.
Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF, indicó.
De acuerdo con la Consejería, los juzgadores “no debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad, al ser juez y parte en asuntos de su interés”.
“Por estas razones y al tratarse de un asunto inédito, de orden público, interés social y trascendencia nacional, con fundamento en los artículos 94 de la Constitución y 80 bis de la Ley de Amparo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”, expuso.
La Consejería indicó que la Suprema Corte debe atraer y resolver “de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez”.
Esta semana, el ministro Javier Laynez Potisek concedió una suspensión que frena la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por un monto de 15,434 millones de pesos, luego de que la Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por senadores y diputados del bloque opositor.
“Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, refiere el acuerdo.
Los 14 fondos y fideicomisos suman en conjunto 21,538 millones de pesos, sin embargo, el único que se salvó fue el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6,103 mdp.
El pasado 6 de septiembre, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, presentó una iniciativa para reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para eliminar fondos y fideicomisos del Poder Judicial.
Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que dichos fondos fueran destinados a apoyar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis, por lo que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, le tomó la palabra y comprometió su entrega.
Del total de los fondos, seis corresponden al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En una tarjeta informativa, el Consejo de la Judicatura Federal aclaró que los fideicomisos no son un privilegio y tampoco están destinados en beneficio de 11 ministros en funciones, 22 en retiro, ni usados para gastos personales.
La Corte sostuvo que la extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF.
Sin embargo, el presidente López Obrador, quien en varias ocasiones se ha manifestado por una reforma al Poder Judicial, dijo que los fideicomisos son un “guardadito” que beneficiada a los ministros.
Además, garantizó que los trabajadores no se verían afectados, sin embargo, estos realizaron diversas manifestaciones e incluso, paro de labores para evitar su extinción.
El pasado 31 de octubre, un juez federal otorgó la suspensión provisional a la reforma aprobada por Morena y aliados mediante la cual extinguió los referidos 13 fideicomisos.
Además, el juez prohibió al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe), las cuales tampoco podrán disponer de ese monto.
Posteriormente, el pasado 21 de noviembre, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una petición para que el ministro Laynez se declarara impedido para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, la cual fue rechazada por unanimidad por el Pleno de la Corte, al estimar que era improcedente.
