'Outsourcing' se discutirá en febrero en el Congreso como iniciativa preferente

Previo a la firma del acuerdo con el que se pospuso la discusión, Alcalde Luján explicó que tanto el gobierno, los empresarios y los trabajadores acordaron cuatro puntos:

• Las partes se comprometen a resolver el abuso de la subcontratación, por lo que las empresas iniciarán el proceso para modificar sus plantillas.
• El esquema de utilidades necesita más tiempo para que se discuta en pro de un reparto más justo, equitativo, y que termine con la discrecionalidad de cómo se realiza su distribución.
• La iniciativa tendrá carácter de preferente por lo que será en 30 días cuando los diputados deban discutirla para aprobarla o rechazarla.
• Se llamó a las empresas que solo se dedican a manejar la nómina para evitar dar de baja a sus empleados en diciembre. El IMSS, Infonavit y SAT realizarán un llamado, pero de encontrar irregularidades o la posible comisión de delitos se tomarán medidas.

El pasado 12 de noviembre, el gobierno federal presentó la iniciativa que mandaría a la Cámara de Diputados para eliminar el ‘outsourcing’ que se calcula afecta a menos 4 millones de trabajadores, y que planteaba perseguir a las empresas que recurran a la subcontratación por defraudación fiscal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que en la eliminación de la subcontratación “no se puede imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y derecho”, por lo que anunció que se iniciaría un periodo de consulta entre el gobierno, los empresarios y los empleados.

“Hemos decidido, después de solicitudes, de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial, el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo de estos dos temas: subcontratación y el reparto utilidades”, sostuvo.

El acuerdo fue suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; por Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; por Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); por Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS; por Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit y por Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

En representación del sector empresarial, firmaron representantes de la Canaco, de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, de la ANTAD, del Consejo Coordinador Empresarial, COMCE, entre otros.

Sin embargo, el acuerdo no fue aprobado por todos. Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazaron la iniciativa al considerar que afectará seriamente la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Reiteramos nuestra disposición de mantener el dialogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta materia: regulación sí, prohibición no”, manifestaron en un comunicado.