La SFP confirma 30 denuncias contra 'súperdelegados' del bienestar

Durante la conferencia matutina, Sandoval dijo que su institución ha recibido 34,000 denuncias que se concentran en 10 dependencias y que se investigan presuntas irregularidades de contrataciones públicas por más de 12,000 millones de pesos (mdp).

Resaltó que la Secretaría del Bienestar, de la cual dependen delegados federales, no es una de las dependencias con mayor número de denuncias ante la Función Pública.

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Ojo en salud

Sandoval explicó que una de las áreas con mayores denuncias es salud, tan solo en el ISSSTE, detalló que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12,000 millones de pesos.

Dijo que de 2007 a 2016 se detectaron en el Seguro Popular más de 7,800 mdp no comprobados, por lo que el Órgano Interno Control de la Secretaría de Salud y del Insabi ya preparan las denuncias penales por del daño al patrimonio.

Además, refirió que en 2018 se detectó la utilización indebida de más de 6,200 mdp en Unidades Médicas no acreditadas por lo que ya está en proceso una investigación.

“Este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal y ya estamos en proceso de judicializarlo, nosotros en lo administrativo ya estamos también deslindando las responsabilidades en particular”, dijo.

Lomelí, con falta administrativa grave

En el caso del exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la funcionaria dijo que sí hay elementos para atribuir una falta administrativa grave por el caso de sus empresas farmacéuticas.

Sandoval detalló que, tras las denuncias presentadas contra el también excandidato a la gubernatura de ese estado, se siguieron siete líneas de investigación, algunas vinculadas con empresas del exfuncionario público.

Detalló que se finalizó con dos investigaciones, una por contrataciones públicas y otra con empresas vinculadas a él y se determinó inhabilitar a dos empresas: Lomedic S.A de C.V y a Laboratorios Solfran.

“Sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa, en este caso sería una falta administrativa grave, y por lo tanto tendría que substanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades”, afirmó.

Carlos Lomelí fue nombrado como delegado de programas integrales del gobierno federal por el presidente López Obrador en 2018, sin embargo, se separó del cargo en julio de 2019 luego de que se interpusieran denuncias en su contra por un presunto conflicto de interés debido a que algunas de sus empresas farmacéuticas vendían a sobreprecios medicamentos al gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario federal afirmó que confía en la justicia y que enfrenta el proceso con tranquilidad.