7 polémicas que han marcado los 100 días de gobierno de AMLO

El 20 de diciembre, trabajadores del SAT en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán difundieron en redes sociales videos denunciando despidos injustificados, una situación que generó las primeras críticas contra el gobierno.

A estas protestas se unieron también empleados del ISSSTE, de la SCT, Semarnat y de la misma Oficina de Presidencia.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la medida era un ajuste administrativo y aseguró que quienes fueron cesados eran trabajadores temporales.

El mandatario también dijo que los “trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos".

López Obrador tuvo que hacer frente a la trágica e inesperada muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo en el que también fallecieron otras tres personas.

Los hechos ocurrieron 10 días después de que Martha Erika rindiera protesta, tras un proceso electoral que se resolvió en el Tribunal Electoral debido a las acusaciones de fraude de Morena y su abanderado, Miguel Barbosa Huerta.

Las críticas contra López Obrador surgieron por que el presidente no asistió al funeral de la pareja panista. En su lugar fue la secretaría de gobernación Olga Sánchez Cordero, quien montó una guardia de honor entre gritos de protesta.

Las exigencias por una investigación objetiva y creíble no han dejado de oírse, sobre todo desde el PAN, y pese a que el gobierno ha prometido transparencia total y se ha integrado una comisión para dar seguimiento y esclarecer las causas del accidente, aún no se tiene un informe final sobre lo que ocurrió.

La estrategia del gobierno federal anunciada a finales de diciembre para erradicar el robo de combustible trajo consigo una semana de problemas con el abasto de gasolinas que afectó prácticamente a todo el país y ocasionó el cierre de varias estaciones de servicio y largas filas de automovilistas.

La principal causa del desabasto fue el cambio en la estrategia de distribución, la cual pasó de emplear ductos a usar pipas. Esto causó reclamos de la ciudadanía, la oposición y de los gobernadores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, quienes denunciaron una falta de respuesta inmediata del gobierno y de Pemex respecto a la fecha para la normalización del suministro.

Cuando el abasto de gasolinas estaba en proceso de normalizarse, se registró una explosión en una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que hasta el momento ha dejado más de 130 muertos. Videos de antes de la tragedia mostraron cómo las personas acudieron al lugar –incluso con niños– para llenar bidones.

Tras este incidente, las críticas hacía el gobierno federal no se hicieron esperar, y el PAN y el PRD denunciaron negligencia y una falta de actuación inmediata y oportuna por parte de las fuerzas federales que resguardaban la fuga de combustible.

El nivel de preparación de algunos perfiles seleccionados para trabajar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) generó varias críticas hacia la titular María Elena Álvarez-Buylla y el gobierno federal.

Las controversias iniciaron cuando medios nacionales dieron a conocer que David Alexir Ledesma Feregrino fue nombrado subdirector de la Coordinación de Comunicación sin contar con un título universitario.

La experiencia de Ledesma Feregrino se limitaba a ser asesor de discursos de la exsenadora y hoy diputada federal Dolores Padierna; director de edición del medio Villamil Informa (2017-2018) y guionista de Capital 21 (2017-2018).

A esta, se sumó una nueva controversia cuando se dio a conocer que Edith Arrieta Meza, subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), tenía una licenciatura en Diseño de Modas, pero no en la materia.

La única experiencia laboral de la que informó Arrieta Meza fue como jefa de unidad departamental en la alcaldía Tlalpan —entonces a cargo de Claudia Sheinbaum—, donde su función principal era "fomentar el cooperativismo y la economía solidaria".

Una de las banderas del gobierno de López Obrador ha sido la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción, sin embargo, esto no impidió que dos secretarios de Estado fueran señalados por supuestamente ocultar bienes millonarios en el extranjero.

Primero fue el caso de la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien de acuerdo con el diario de Reforma omitió reportar un penthouse en Houston, Texas, que posee desde 2009 con un valor superior a 11 millones de pesos.

El mismo día de la publicación –el pasado 6 de febrero–, Sánchez Cordero negó haber ocultado esta información y en cambio pidió una explicación a Fernando Martínez, director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no incluir este patrimonio en su declaración.

Días después, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, fue acusado de ocultar en su declaración un departamento localizado también en Houston con un valor de 6.6 millones de pesos.

Espríu detalló que el inmueble fue adquirido por su esposa en 1992 y que en 2016 fue “donado” a una sociedad estadounidense en la que fungió como administrador, pero que previo a su ingreso como funcionario público, en 2018, todas las acciones a su nombre pasaron a la titularidad de su hijo, Javier Jiménez Gutiérrez.

En estos 100 primeros días de gobierno, López Obrador se ha lanzando en varias ocasiones en contra de los organismos autónomos y los órganos reguladores señalándolos de ser corruptos, de favorecer los intereses de “una minoría” y hasta de formar parte de un “gobierno paralelo”.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), son algunas de las dependencias que han estado en la mira del presidente.

Otro blanco ha sido la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con quien protagonizó su más reciente desencuentro cuando acusó a su titular, Guillermo Ignacio García Alcocer, de un supuesto conflicto de intereses.

Tras el señalamiento, García Alcocer informó que dos de sus familiares trabajaban para dos firmas energéticas, una de ellas no regulada por la CRE. Días después, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciaron sendas investigaciones en su contra, lo que llevó al funcionario a pedir una audiencia con el presidente, en la que al final se limaron asperezas.

Junto a estos episodios, el presidente también ha sido señalado por intervenir en otras instancias autónomas como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), en donde propuso perfiles afines a él.

La primer controversia en estas instancias surgió cuando López Obrador presentó la terna de candidatos para suplir la vacante que había dejado el ministro José Ramón Cossío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los tres candidatos fueron: la exdiputada federal de Morena y encargada de los Foros de Pacificación, Loretta Ortiz; la excandidata al Senado por Morena, Cecilia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien fue elegido para el cargo tras un proceso en el que se cuestionó la independencia de las dos aspirantes.

Una polémica similar surgió el 18 de enero, cuando Alejandro Gertz Manero, quien en la campaña presidencial de López Obrador se desempeñó como miembro del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, se convirtió en el primer fiscal general de la República.

Antes de su designación, senadores de oposición exigieron al nuevo titular de la FGR total independencia del Ejecutivo federal; nombrar fiscales especiales capaces y sin tintes partidistas; y trabajar contra la corrupción y la impunidad.

El gobierno también ha sido criticado por recortar recursos a las estancias infantiles de la Secretaria de Bienestar, antes Sedesol, y por cancelar la convocatoria para dotar de recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia –la cual luego se publicó– y otra para apoyar a proyectos de organizaciones que luchan contra el VIH-SIDA.

Entre los argumentos del presidente para tomar estas medidas se encuentra el combate a la corrupción ya que ha dicho que los recursos destinados a estos proyectos no llegaban a las beneficiarios, acusando de ello a las Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta manera ha prometido entregar los apoyos directamente, una decisión cuestionada por no atender de fondo las problemáticas.