El 'manual de buena conducta' que debe aprobar la Asamblea Nacional del PRI
La sombra de los escándalos de corrupción protagonizados por sus militantes siguió al PRI hasta su 22 Asamblea Nacional.
Esta semana, durante las mesas temáticas realizadas para preparar el cónclave de este sábado en la capital del país, el tema de los actos deshonestos sonó en las discusiones entre priistas. Incluso, algunos reprocharon que la mala conducta de compañeros manche al priismo , por lo que exigieron tomar cartas en el asunto de cara a las elecciones de 2018.
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Por ejemplo, en la mesa de estatutos, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín habló de que el PRI tendrá una "secretaría anticorrupción" interna, mientras que en otro espacio se aceptó que el combate a la corrupción y la impunidad forme parte de la declaración de principios del partido.
Estas modificaciones se dan luego de que actos de corrupción atribuidos a militantes priistas —en particular exgobernadores como Javier Duarte y Roberto Borge, detenidos y ya expulsados del tricolor— han afectado la imagen pública del instituto político y de sus integrantes.
"Estamos los priistas comprometidos a rendir cuentas a la sociedad", dijo esta semana el dirigente nacional, Enrique Ochoa, durante una breve conferencia en Sinaloa, donde se cocinaba un nuevo código de ética para militantes, candidatos y servidores públicos emanados del PRI.
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De cara a la Asamblea Nacional de este sábado —en la que participará el presidente Enrique Peña Nieto—, presentamos los puntos clave con los que los priistas buscan marcarse a sí mismos un camino de buena conducta.
Un nuevo código de ética
Las mesas aprobaron cambios al código de ética del partido, que, junto con todas las modificaciones a los documentos fundamentales del PRI, aún necesitan el aval de los delegados que participarán en la Asamblea Nacional.
En dicho código se encuentra qué puede y qué no puede hacer cada priista, desde las bases hasta los dirigentes, incluyendo a quienes resulten electos candidatos a cargos de elección popular. Además, aquí se incluye a quienes, siendo ciudadanos simpatizantes, sean seleccionados para abanderar al tricolor.
Promesa de buen comportamiento
Como parte de esto, las mesas acordaron establecer la obligación de que los priistas deban sujetarse a los principios de legalidad, lealtad, honestidad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción e impunidad, y congruencia.
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Ser transparente
A la par, se aprobó que quienes sean electos candidatos deban presentar su declaración 3 de 3, es decir, patrimonial, fiscal del último año y de posibles conflictos de interés, así como una carta de integridad y confianza, y una constancia de entrega-recepción del cargo para quienes hayan tenido un puesto público.
No a interés particulares
Otro punto aprobado fue obligar a los militantes a servir al interés general, y no a intereses personales, familiares o de algún grupo en específico, así como a abstenerse de incurrir en conflictos de interés.
No robar
Los priistas que administren recursos públicos o partidarios también tendrán que comprometerse a hacerlo con honestidad, eficacia y eficiencia, a evitar malversaciones, desvíos o endeudamientos injustificados, y a impedir afectaciones al erario o al instituto público.
En los últimos años, exgobernadores priistas han sido acusados de desvíos millonarios, como en los casos de Javier Duarte y Roberto Borge, así como de disparar la deuda de sus entidades, como ocurrió en Coahuila con Humberto Moreira y en Chihuahua con César Duarte.
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Decir la verdad
Para los procesos de afiliación y reafiliación, los solicitantes deberán presentar un carta para compreterse a cumplir con los documentos básicos del partido —incluyendo el código de ética—. Si se trata de personas procedentes de otro partido, además tendrán que presentar copia certificada de la renuncia a su pasada militancia.
Las mesas también aprobaron crear una comisión de ética nacional y 31 estatales, que se encargarán de prevenir y vigilar la actuación de los militantes, así como de investigar y sancionar conductas contrarias a las normas internas.
A la par, se acordó crear organismos fiscalizadores internos con facultades sancionadoras, al igual que mecanismos periódicos de rendición de cuentas para dirigentes, candidatos y funcionarios emanados de las filas priistas.
