5 cuestionamientos a la gestión de Rigoberto Salgado en la delegación Tláhuac

El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, está en la antesala de un proceso de remoción en la Asamblea Legislativa de la capital (ALDF). En su contra pesan diversos señalamientos, que fueron expuestos en la comparecencia a la que fue citado este miércoles luego del operativo del 20 de julio en el que ocho presuntos delincuentes murieron en las calles de la demarcación.

Aquí presentamos los principales cuestionamientos al político de Morena, quien en su encuentro en el recinto de Donceles insistió en que no ha violado la ley y en que Tláhuac "es más grande que sus problemas".

Posibles ligas criminales

Uno de los cuestionamientos apunta a la posible relación de Salgado y de su administración con el llamado Cártel de Tláhuac, la organización delictiva contra la cual iba dirigido el operativo de fuerzas federales y locales de hace dos semanas y que presuntamente era liderada por Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido por los elementos de seguridad.

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nullEn la comparecencia, el diputado perredista Mauricio Toledo dijo tener información de que al menos cinco personas ligadas con el grupo criminal están o estuvieron en la nómina delegacional. Citó los casos de Nancy Cortés Gutiérrez, supuesta pareja sentimental de Pérez Luna; de Betuel Beltrán Vázquez, hermano de Edgar Beltrán Vázquez, identificado como líder de sicarios; de Cristian Salgado Pérez, señalado como sobrino de Pérez Luna y jefe de proyectos delegacionales, y de Felipe de Jesús Cortés Gutiérrez y Griselda Cortés Gutiérrez.

Ante esto, Salgado no rechazó directamente que empleados de la delegación puedan tener algún vínculo con organizaciones delictivas. Únicamente dijo que las contrataciones hechas durante su gestión se hicieron bajo "un principio de buena fe".

Omisiones en seguridad

Otro punto cuestionado fue el de la posible desatención del delegado a los problemas de inseguridad en Tláhuac. Incluso, los legisladores lo acusaron de buscar achacar la situación al gobierno de la Ciudad de México.

Según los diputados, desde hace más de un año Salgado dejó de asistir a las reuniones del comité delegacional de seguridad, en el que los asuntos en la materia se analizan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Salgado rechazó que haya sido así, aunque su respuesta fue descrita como vaga por el pevemista Fernando Zárate.

Además, los legisladores consideraron que los escritos que Salgado envió al gobierno central para referir los problemas de inseguridad y solicitar apoyo fueron muy generales, y no dieron detalles sobre actividades de narcomenudeo, extorsión o robo.

"Tláhuac ha tenido un carácter delictivo muy peculiar, con incidentes aislados pero muy violentos", dijo el priista Adrián Rubalcava.

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Negocios irregulares

A lo anterior se sumaron acusaciones en el sentido de que Salgado permitió operar negocios irregulares, como el transporte a través de mototaxis. Éstos no se encuentran regulados por la Secretaría de Movilidad (Semovi) pero, según el panista Luis Mendoza, gozan de facilidades para operar porque son manejados por Ricardo Salgado, hermano del jefe delegacional.

El funcionario no aclaró si su hermano tiene o no vínculos con las organizaciones de mototaxistas —que además son señalados como vigilantes o repartidores de narcotraficantes—. Sólo dijo que hay cerca de 3,000 unidades agremiadas en la demarcación.

Además, el perredista Iván Texta cuestionó la posible relación de Salgado con el restaurante La Carreta del Pacífico, donde, de acuerdo con algunas versiones, Pérez Luna se reunía con sus presuntos cómplices.

Proveedores privilegiados

A la par de la situación de inseguridad y de la presencia de grupos delictivos en Tláhuac, los diputados de la capital cuestionaron otras decisiones de Salgado, como el otorgamiento de contratos públicos en su gestión.

Entre los proveedores a quienes se han entregado contratos por adjudicación directa están Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, Cinthia Nallely Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado. Según reportes de prensa, los tres aportaron recursos a la campaña del delegado en 2015.

Salgado dijo al respecto que estas personas también han ofrecido sus servicios a otras dependencias de gobierno e incluso a la ALDF, y aseguró que las adjudicaciones directas realizadas por su administración se han llevado a cabo con apego a la ley.

La casa del delegado

El perredista Iván Texta también llevó a la comparecencia el tema de la casa de Salgado. Este mismo miércoles, el diario El Universal reportó que, en un periodo de año y medio, la vivienda tuvo una transformación que elevó su precio a más de 6 millones de pesos.

Al respecto, Texta dijo que tales remodelaciones no son costeables con el salario del jefe delegacional, que ronda los 34,000 pesos quincenales. Además, mostró imágenes del lugar tomadas con la aplicación Google Maps, exigió aclarar cómo fueron cubiertas las obras en la residencia y señaló un posible caso de enriquecimiento ilícito.

Frente a esto, Salgado acusó una violación a su vida privada y argumentó que la exhibición de su domicilio lo pone en riesgo a él y a su familia.