Entre vicios y logros avanza el sistema penal acusatorio en el Estado de México

A siete años de la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en el Estado de México, la entidad ha logrado hacer más expedita la impartición de justicia, pero con vicios como la persistencia de prácticas como la tortura, la baja calidad de la investigación policiaca y la prevalencia de la prisión preventiva.

Estos hallazgos fueron expuestos en el estudio ¿Cómo se juzga en el Estado de México? realizado por la organización México Evalúa en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica, a partir de una revisión a 1,145 expedientes concluidos.

Con 17 millones de habitantes y uno de los índices más altos de delitos a nivel nacional, el Estado de México fue una de los primeros en implementar el nuevo sistema de justicia penal, el cual aún presenta debilidades en su ejecución. Una de ellas es la baja capacidad de investigación policial bajo supervisión de la Fiscalía, pues en el estudio se señala que el 91.7% de los imputados son detenidos en flagrancia, lo que indica la aparente inexistencia de un Ministerio Público que solicite activamente órdenes de aprehensión después de haber recabado datos de prueba.

“Los principales delitos investigados son robos o asuntos de ‘poca complejidad’, que no requieren de una investigación elaborada, o que la policía no tiene la capacidad ni la voluntad para llevar a cabo investigaciones más completas”, se señala en el documento.

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El delito de robo agravado, se detalla, es el que tiene una mayor presencia en los procesos juzgados bajo este sistema con un 49.2%, mientras que los porcentajes más bajos corresponden a otros más violentos como lesiones (5.3%), delitos sexuales (3.6%), secuestros (1.8%) y homicidios dolosos (1.3%).

Por otro lado, se expone, que la mayor parte de los casos concluyen con un procedimiento abreviado (61%) con duración no mayor a 30 días, donde el imputado reconoce su responsabilidad penal a cambio de la reducción de la pena.

En contraste, son pocos los procesos en los que se logra un acuerdo reparatorio (11.7%), que implica resarcir el daño a la víctima y el cumplimiento con una serie de condiciones durante un periodo de 6 a 24 meses.

Esta situación es señalada en el estudio como “desalentadora”, pues si se toma en cuenta que la mayoría de los casos son de flagrancia, expone que se podrían resolver mediante salidas alternas.

“El desempeño de las salidas alternas, tanto en términos de rapidez como de efectividad en reparar el daño para la víctima, nos sugiere que el nuevo sistema penal podría incrementar sustancialmente su eficiencia y efectividad si se maximizasen los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales”, se expone en el documento.

Vicios persistentes

Si bien existe un avance en cuanto a la comunicación de derechos a los imputados al registrar bajos porcentajes de omisión por parte de los cuerpos policiacos, el estudio indica que persiste la práctica de la tortura que pese a que ha sido documentada tiene una reacción “tímida” por parte de los jueces.

Con base en los expedientes judiciales, indica el estudio, se detectó que en casi 2 de cada 10 casos existió tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no tuvo consecuencias ni para quienes incurrieron en dichos actos ni en el proceso penal.

“Al no hacer consecuencias legales por estas omisiones, complicidades o negligencias, la tortura se vuelve un mecanismo de cajón tanto de policías como de ministerios públicos”, apunta el estudio.

Asimismo, da cuenta de que aún persiste el uso de prisión preventiva contra los imputados, la cual en algunos casos alcanza las 96 horas, a pesar de que se pueden aplicar mecanismos de control para que no se extienda más allá de ese periodo.

En cuanto a la defensa de los imputados, el documento indica la existencia de carencias en la labor de los abogados a favor de sus clientes, pues señala que éstos son deferentes a la actuación del Ministerio Público, al incurrir en conductas como el no haber presentado pruebas en las etapas de investigación.

“Estos datos nos obligan a preguntarnos si el Estado está cumpliendo con el deber de garantizar el derecho a una defensa penal activa”, se cuestiona en el documento.

Sobre estos hallazgos, la directorageneral de México Evalúa, Edna Jaime, planteó una serie de recomendaciones con la finalidad de que se mejore la calidad de la justicia no sólo en la entidad, sino en todo el país.

“Este estudio nos permite hacer recomendaciones al Estado de México, pero también al resto de las entidades, para mejorar la calidad de la justicia. Se debe contemplar la necesidad de privilegiar las salidas alternas, reducir el uso de la prisión preventiva y desarrollar una mayor capacidad de investigación por parte de los Ministerios Públicos y los defensores”, concluyó la representante de la organización, durante la presentación del documento.