No sólo es Duarte: por escándalos, otros 'góbers' salen por la puerta trasera

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, se separó del cargo 48 días antes de concluir su mandato para facilitar y atender las investigaciones en su contra, mismas que ya derivaron en una orden de captura girada por un juez, a petición de la PGR.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó la existencia la orden de aprehensión en contra de Duarte, cuyo paradero es desconocido desde el día en que pidió licencia; no obstante, aseguró que no ha salido del país, al menos no de forma legal.

El aún funcionario, quien asumió el gobierno estatal en diciembre de 2010, ha sido acusado y denunciado formalmente por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Varias irregularidades han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y medios como Animal Político, que documentaron los casos de empresas fantasma que obtuvieron contratos del gobierno de Veracruz.

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En medio de esta controversia, la dirigencia del PRI decidió expulsarlo de sus filas y el gobernador electo, el panista Miguel Ángel Yunes, afirma tener más información sobre prácticas corruptas y que, cuando asuma el cargo, buscará llevar a Duarte a la cárcel.

Desde que se separó del cargo, las autoridades federales han llevado a cabo detenciones y vinculaciones a proceso, además de haber ejecutado cinco órdenes de cateo en inmuebles de la Ciudad de México.

El panista Guillermo Padrés gobernó Sonora de 2009 a 2015.

Durante ese periodo enfrentó acusaciones por presuntos actos de corrupción, por ejemplo, permitir que empresas dejaran de pagar cientos de millones de pesos en impuestos o construir una presa sin contar con los permisos debidos.

En las elecciones de 2015, la priista Claudia Pavlovich —quien a la postre ganó la contienda— reiteradamente dijo que estos casos eran un ejemplo del mal desempeño del PAN en territorio sonorense.

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Además, a raíz de esos señalamientos, la dirigencia panista abrió una investigación interna sobre la labor de Padrés en Sonora. La indagatoria está a cargo de la Comisión Anticorrupción que encabeza Luis Felipe Bravo Mena.

El 24 de octubre pasado, dicho organismo citó a Padrés a comparecencia; sin embargo, el exgobernador no se presentó de manera física "so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos espurios”, según justificó mediante una carta.

Por este motivo, Bravo Mena solicitó que se le tuviera presentado por escrito y por ofrecidas todas las pruebas, aportadas en una comparecencia previa, que tuvo lugar el 26 de septiembre.

El priista Roberto Borge terminó en septiembre pasado su mandato como gobernador de Quintana Roo.

Dejó el cargo en medio de críticas a su gestión por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos es el caso conocido como los piratas de Borge, en el que Expansión y la organización Mexicanos contra la corrupción documentaron cómo una red de servidores públicos y notarios arrebataron su patrimonio a empresas y particulares, tanto en el municipio de Benito Juárez —donde se encuentra el centro turístico de Cancún— como en el de Tulum. Según se documentó, en esta estructura participan familiares de Borge, funcionarios y exfuncionarios de su administración.

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Luego de que este reportaje se dio a conocer, Borge promovió reformas a las leyes anticorrupción locales que le habrían permitido protegerse de posibles investigaciones. Sin embargo, la PGR presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha legislación.

El nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha prometido investigar la gestión de Borge, contra la que los afectados han presentado denuncias por despojo.

César Duarte entregó el pasado 4 de octubre el cargo de gobernador de Chihuahua a Javier Corral, quien en campaña —y en su propio acto de toma de protesta— planteó llevar ante la justicia al priista, quien encara acusaciones de presuntos actos de corrupción y endeudamiento del estado, así como de pretender blindarse de posibles investigaciones una vez que dejara el puesto.

El panista señaló que daría seguimiento a las denuncias presentadas ante la PGR en contra de Duarte, al afirmar que en dicha instancia federal se siguen procesos por los delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones.

El actual gobernador también ha mencionado que su antecesor está siendo auditado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyo entonces titular, Aristóteles Núñez, dijo en agosto pasado que investiga a cinco gobernadores, aunque no especificó todos los nombres.

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Entre las acusaciones que el ahora exgobernador encara está usar recursos públicos en su beneficio a través del Banco Progreso, del cual buscaba ser accionista a través de la constitución de un fideicomiso, aunque el mandatario posteriormente señaló que desconocía los términos del depósito que realizó para concretar dicha operación.

“A lo macho, no lo leí”, dijo a Televisa en 2014.

El mes pasado, el diario Reforma publicó citando “fuentes gubernamentales” que Duarte —aún gobernador— había acudido a declarar a la PGR por las acusaciones de lavado y enriquecimiento ilícito, lo cual fue negado por el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, quien detalló que el priista había comparecido pero en 2015, en torno a una denuncia presentada por la organización Unión Ciudadana por el caso del banco.

En julio, la administración del presidente Enrique Peña Nieto impugnó la creación de la fiscalía anticorrupción de Chihuahua y el eventual nombramiento de su titular, por considerar que eran contrarios a la reforma federal en la materia. El Gobierno de la República tomó medidas similares contra los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo, señalados de pretender garantizar impunidad para presuntas acciones de corrupción cometidas durante sus sexenios, ante la llegada al poder de sus opositores.

Ángel Aguirre no pudo concluir el periodo para el que fue electo como gobernador de Guerrero (2011-2015) debido a que, en octubre del año previo, solicitó licencia para separarse del cargo ante la crisis que generó la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías de Iguala.

El exmandatario, quien tras 38 años de militancia en el PRI se unió al PRD para participar en la elección en la que obtuvo la gubernatura, fue señalado de impulsar la candidatura del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado por las autoridades federales de ser el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad y —de acuerdo con la versión oficial— posterior asesinato de los estudiantes.

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Las protestas por la gestión de Aguirre y las investigaciones en torno al caso provocaron que diversos actores políticos y sociales —incluido el PRD— llamaran al mandatario a separarse del cargo; algunos senadores incluso amagaron con promover la desaparición de poderes en Guerrero.

Pero Aguirre no desapareció de la escena pública. Apenas este lunes, el exgobernador dijo a reporteros en un restaurante de Acapulco que no estaba oculto.

“Ni me he ido fuera del país ni de Guerrero, las autoridades saben perfectamente bien dónde encontrarme (...) Yo siempre digo que un político no se retira hasta que se muere”, comentó.

En junio de 2014, el priista Fausto Vallejo se separó definitivamente del cargo de gobernador de Michoacán, bajo el argumento de que su salud no le permitía mantenerse en funciones.

Por ese mismo motivo, el también exalcalde de Morelia ya había solicitado licencia en otras ocasiones. En esos periodos, quien se quedó al frente del estado fue su entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna, quien después fue detenido por tener vínculos con el crimen organizado.

La infiltración del narcotráfico en las instituciones estatales fue una de las principales críticas contra Vallejo, cuyo mandato fue concluido por el académico Salvador Jara.

Incluso, uno de los hijos del priista, Rodrigo Vallejo, fue aprehendido luego de que se dieran a conocer videos de reuniones que tuvo con el presunto narcotraficante Servando Gómez Martínez, La Tuta. Sin embargo, meses después quedó en libertad.

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El exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina (2009-2015) es otro caso en el que su sucesor presentó denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción. En particular, la administración del actual mandatario, el independiente Jaime Rodríguez El Bronco, lleva una investigación por el supuesto desvío de recursos por 3,683 millones de pesos (mdp) en incentivos indebidos aprobados a la automotriz Kia.

El exmandatario ha debido comparecer ante un juez por este caso, y enfrenta el cargo de ejercicio indebido de funciones, luego de que la autoridad judicial le retiró los de peculado y daño patrimonial.

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Medina se ha declarado inocente. Sus abogados señalan que, en el caso Kia, los incentivos no fueron ilegales pero que, de cualquier forma, el exgobernador no los autorizó directamente por lo que no es responsable.

Este expediente se inscribe dentro de una docena de imputaciones realizadas por la fiscalía estatal en el operativo llamado “Operación Tornado”, que investiga supuestos casos de abuso de poder en la administración del priista, y cuyo daño sumaría cerca de 9,000 mdp. El gobierno de Rodríguez ha advertido que prepara nuevas acusaciones contra Medina.

Adicionalmente, Medina ha sido acusado penalmente por el activista Gilberto Lozano por supuestos desvíos de recursos públicos por 14,135 mdp, y por lavado de dinero, al señalarlo de ser dueño de propiedades en México y Estados Unidos con un valor no acorde con sus ingresos. El expresidente del PRI estatal Aldo Fasci Zuazua también acusó a Medina de poseer millonarios inmuebles.

El proceso judicial contra el exgobernador de Tabasco Andrés Granier (2007-2012) se ha mantenido desde que fue arraigado en junio de 2013, acusado tanto a nivel estatal como federal de desvío de recursos públicos, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público; también fue señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero libró ese cargo.

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Además, su sucesor, el perredista Arturo Núñez, lo acusa de haberle dejado un desfalco en las finanzas del estado, cuyas riendas asumió el 1 de enero de 2013.

Durante su sexenio, Tabasco sufrió crisis relacionadas con la carencia de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector médico. El periodo de Granier inició con la crisis que generaron en 2007 las inundaciones que dejaron cerca de un millón de personas damnificadas, así como pérdidas económicas.

Granier, de 68 años de edad, se ha mantenido recluído en la Torre Médica del Penal de Tepepan, debido a problemas de salud.

Marcelo Ebrard terminó su mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2012, cuando entregó el cargo a Miguel Ángel Mancera con un alto nivel de aprobación en las encuestas.

En marzo de 2014, empezó a recibir críticas después de que la administración de Mancera decidiera suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Metro, bajo el argumento de que la obra tenía fallas que ponían en riesgo a los usuarios.

La llamada línea dorada fue el gran proyecto de infraestructura de Ebrard y fue inaugurada a poco más de un mes de que concluyera su gestión. Sin embargo, según las actuales autoridades capitalinas y diputados que han investigado el tema, en la construcción hubo varias irregularidades.

Ebrard asegura que él no cometió actos de corrupción y que las acusaciones en su contra son un intento del PRI para desprestigiarlo y terminar con su carrera política. En 2015 buscó ser candidato a diputado, primero por el PRD y después por Movimiento Ciudadano, pero el Tribunal Electoral federal le negó el registro. Según versiones de prensa, desde entonces vive en el extranjero.

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