Pese a revés, el amparo para frenar la deuda de Chihuahua continúa: Abogado
El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) informó que presentará un recurso de revisión contra la resolución de un juez que les negó la suspensión que solicitaban al decreto de bursatilización que permite al Gobierno del estado de Chihuahua contratar nueva deuda pública hasta por 6,000 millones de pesos adicionales.
Jesús Soledad Terrazas, abogado del brazo jurídico de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, explicó que este proceso tiene como objetivo 'congelar' los efectos de dicho decreto, en tanto el juzgador analiza de fondo la legalidad de éste, a través de un juicio de amparo que se lleva a cabo de manera paralela.
"Será finalmente un Tribunal Colegiado de Circuito el que resolverá de forma definitiva si procede o no conceder la suspensión para la autorización para bursatilizar recursos", dijo a Expansión.
“El juicio principal, el normal, por así decirlo, continúa su trámite. En este caso, hay un momento que la ley llama audiencia constitucional, que ahorita está fijada para el 5 de septiembre (...) Ahí, el juez analizará si DILE tiene una legitimación suficiente en el amparo o para combatir ese decreto y si considera que sí, entonces analizará si el decreto de autorización del gobernador es o no constitucional”, explicó Soledad Terrazas.
El 6 de junio pasado, los legisladores locales aprobaron la monetización de recursos de la empresa Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV, por 6,000 millones de pesos, recurso solicitado por el gobernador, César Duarte, con la intención de destinar el 50% al pago de obligaciones a cargo del estado y el remanente a inversiones públicas.
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DILE interpuso un amparo con el argumento de que la autorización de los recursos en los últimos tres meses de gobierno del priista César Duarte constituye una acción inconstitucional a lo establecido en el Artículo 117.
El Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de Chihuahua negó el pasado lunes la suspensión definitiva —aunque anteriormente ya había aprobado una—, debido a que no encontró elementos para considerar que hay urgencia en suspender el decreto de bursatilización y porque consideró que, como el Presupuesto de Egresos prevé un partida de seguridad social para los trabajadores estatales, paralizar el endeudamiento podría afectar su correcto funcionamiento.
“El juez consideró que en el caso no había una prueba suficiente de que hubiera una urgencia para DILE de que se suspendiera el recurso, o sea más allá de que sostenemos que es inconstitucional la deuda, el juez dice que no alcanzó a apreciar un beneficio inmediato en la esfera de los derechos de DILE, y por eso determinó detener la suspensión”, añadió Soledad Terrazas.
El diario Reforma publicó este jueves que los diputados locales de Chihuahua habrían mentido al juez sobre el uso de los recursos, pues argumentaron que serían usados para el pago de pensiones, cuando su destino sería "el pago de las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de los financiamientos controlados".
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El abogado enfatizó en entrevista con Expansión que, en contra de la sentencia que dicte el juez el 5 de septiembre como en contra de la que se publicó el lunes, procede un recurso de revisión y en ese caso siempre es un Tribunal Colegiado el que tiene la última palabra.
Más deuda en un estado endeudado
Chihuahua es la entidad mexicana con el mayor endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló en un comunicado que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la media nacional de endeudamiento per cápita es de 4,486 pesos, mientras que para cada chihuahuense es de 12,000 pesos.
Por su parte, el gobernador electo Javier Corral, pidió a la SHCP no avalar esta operación y llamó a la banca nacional y extranjera a “no consumar este agravio”.
El panista señaló que el actual gobernador desea pagar con ese dinero a proveedores cuestionables y comprometer a los chihuahuenses, e incluso “asfixiar” a las futuras administraciones.
