#DiarioPolítico: Leyes anticorrupción en Aguascalientes; seguridad para alcaldes

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que las autoridades deben responder con transparencia a la "democracia vigilante" de los mexicanos que no toleran actos de corrupción de los gobernantes.

“El ciudadano está harto y hasta la madre de la corrupción, el ciudadano no puede tolerar ni va a tolerar actos de corrupción ni de impunidad y ese llamado lo debemos de entender todos y cada uno de los que estamos gobernando”, dijo en conferencia de prensa durante los encuentros de reflexión Era Familiar Princess 2016.

El mandatario añadió que el ciudadano manifiesta su aprobación o su rechazo a la actuación de los funcionarios de manera inmediata y no está dispuesto a esperar tres o seis años más, por ello los gobiernos deben entender a diario lo que marca ese termómetro social.

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, junto al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y los secretarios Carlos Sotelo y Octavio Martínez, pidieron al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, revisar la estretategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.

En la reunión también exigieron la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, ocurrido el fin de semana pasado.

La dirigencia partidista planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas mantenidas hasta ahora y se revise la estrategia de seguridad con el propósito de poder brindar mayor protección a las autoridades municipales de todos los partidos políticos en el estado de Guerrero, pero sobre todo a la población de la entidad.

La CNS reiteró la disposición para continuar con las labores de supervisión y estrategias de vigilancia en la entidad.

Ambas partes acordaron instalar una mesa permanente de trabajo y comunicación con alcaldes para hacer propuestas a la estrategia de seguridad del país.

El Congreso de Aguascalientes aprobó este jueves la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que obliga a los funcionarios de los tres poderes a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, para prevenir actos de corrupción, pero no a hacerlas públicas.

El Sistema Estatal Anticorrupción será coordinado por un comité presidido por un ciudadano e integrado por seis funcionarios públicos y será estrenado a más tardar el 19 de junio de 2017.

Con él se podrá sancionar a los particulares que participen en actos de corrupción incluso con la disolución de las empresas, cuando se cause prejuicio al erario público.

“Podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves”, establece la reforma.

Otras sanciones serán económicas, la inhabilitación para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas y/o el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las arcas del estado o los municipios.

La Sala también podrá imponer sanciones administrativas a los funcionarios y servidores públicos que incurran en faltas de esa naturaleza, independientes de la intervención de las contralorías internas de las dependencias y el Órganos Superior de Fiscalización en la
investigación del ejercicio de los recursos públicos.

Además, se creará una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción encargada de investigar por actos de este tipo tanto particulares como a funcionarios y servidores públicos.

Sin embargo, la función de este órgano dependiente de la Fiscalía General del estado estará limitada por el fuero de los funcionarios públicos, cuya desaparición fue frenada por diputados del PRI, PAN y Nueva Alianza.

Con información de Jennifer González

Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se manfiestaron frente a la Casa Blanca, en Washington, mientras se realizaba una de las reuniones para establecer un mecanismo de seguimiento al caso.

Una delegación del Gobierno mexicano y otra de los padres de los 43 estudiantes han mantenido reuniones en Washington desde el miércoles con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para decidir sobre la formación del esquema de seguimiento a las medidas cautelares acerca del caso.

El mecanismo se dedicará a dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2014 sobre el caso, y su actuación será indefinida en el tiempo, con lo que terminará solo si la Comisión levantara esas medidas que exigen al Estado avanzar en la investigación y asistir a las víctimas, entre otras cosas.

Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en el basurero de Cocula.

Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.

Con información de EFE

Distintas oficinas de Naciones Unidas en México manifestaron su rechazo a la reforma a la Constitución Política de Veracruz –aprobada el jueves por el Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador Javier Duarte– mediante la cual se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

De acuerdo con los organismos, la reforma es un retroceso y es contraria a la constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.

La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres);la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indicaron que la legislación compromete los derechos de las mujeres.

“Para ONU-MUJERES, ONU-DH y UNFPA, la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas (…), afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad; impacta su desarrollo y el de sus familias; incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas, y conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna”, indicaron en un comunicado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó este viernes el Mecanismo de Seguimiento Especial para continuar con la investigación de la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El mecanismo se aprobó al considerar que el caso de Ayotzinapa aún reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, y tras diversas reuniones ante el pleno de la CIDH, el Centro Prodh, Fundar y Tlalchinollan, así como con representantes del Estado mexicano.

El mecanismo dará seguimiento a las medidas cautelares y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicó el Centro Prodh en un comunicado.

Se integrará por al menos dos asesores técnicos especiales que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios; los asesores tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información.

El Comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos.

Por otro lado, las familias y sus acompañantes consideran que las características del mecanismo de seguimiento que la CIDH ha decidido pueden hacer que éste sea una importante garantía para el esclarecimiento pleno del paradero de los estudiantes desaparecidos.

Margarita Zavala, esposa del exmandatario federal Felipe Calderón, reiteró su intención de contender en las elecciones de 2018, pero que esperará los tiempos de su partido y lo que marca la ley electoral.

Invitada a la Convención Democráta, donde Hillary Clinton fue postulada para suceder a Barack Obama, Zavala aseguró que existe un "momento histórico" para las mujeres.

La aspirante presidencial fue cuestionada por León Krauze sobre si era a México lo que Hillary Clinton es a Estados Unidos, a lo que se limitó a decir que era "simbólico".

"Yo creo que son países muy distintos, pero la parte simbólica de lo que es para las mujeres a mí sí me parece un momento histórico que el país esté postulando a una mujer y que vaya a ser presidente de Estados Unidos, que es posible que lo sea, me parece simbólico e importante", afirmó

Sobre las declaraciones de su contendiente republicano Donald Trump, dijo que tiene un discurso de odio que le preocupa, porque los mexicanos que viven en el país vecino del Norte son parte importante de la riqueza de EU.

Sobre si pagaría el muro –que ha anunciado Trump– dijo que no porque eso "no tenía ningún sentido".

El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier —quien cumple su sentencia en la Torre Médica de Tepepan por problemas de salud—, enfrenta una nueva orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparable por un monto de 224,352 pesos.

Un juez en Tabasco libró la medida luego de que la acusación fue planteada por la Procuraduría General de la República (PGR), que previamente ya había señalado al exmandatario por otro caso del mismo delito por un monto superior a los dos millones de pesos.

Granier también es investigado por presuntos desvíos millonarios durante su administración (2007-2012). El exmandatario —de extracción priista— rechaza tales acusaciones, y ha afirmado sentirse un “perseguido político” del actual gobernador, el perredista Arturo Núñez.

El secretario de Salud en la administración del exgobernador de Puebla Mario Marín Torres (2005-2011), Alfredo Arango, fue inhabilitado para ocupar un cargo público por 12 años, además de recibir una sanción económica por 13,317 millones 350 pesos por causar un presunto daño patrimonial de 6,658 millones 675 pesos en su último año de gestión.

Por mayoría de votos, diputados locales aprobaron el dictamen elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que tras casi cinco años de revisión, evidenció que el exfuncionario no comprobó en qué gastó millones de pesos del erario.

Entre las anomalías encontradas en la cuenta pública 2010 de Arango destacan compras con sobrecostos en medicamentos y maquinaria hospitalaria, además de que entregó adjudicaciones directas por montos de más de 1 millón de pesos, lo cual es ilegal.

Las irregularidades encontradas a Arango por la legislatura pasada —en julio de 2012— ascendían a 8,464 millones 383,000 pesos, la “más alta en la historia de Puebla”, según dijo en su momento quien era presidente de la Comisión Inspectora en el Congreso local, Mario Riestra Piña.

Sin embargo, durante el proceso de solventación, el exfuncionario pudo comprobar el ejercicio de 1,805 millones 708 pesos.

El exfuncionario estuvo en la cárcel durante 1 año y 11 meses, luego de que fue detenido en enero de 2012 al cumplirse una orden de aprehensión marcada como “grave” y sin derecho a libertad bajo caución, pero en diciembre de 2013 el actual gobernador, Rafael Moreno Valle, lo dejó en libertad tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos, al destacar que carecía de antecedentes penales.

La ASE aún revisa cuentas pendientes de otros funcionarios del gobierno de Marín.

Con información de Elvia Cruz