El PRI busca la nulidad del proceso electoral en Aguascalientes
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaron la nulidad de la elección a gobernador en Aguascalientes, entre otras razones por la presunta intervención de la iglesia católica a favor del Partido Acción Nacional (PAN).
Además, apuestan porque Martín Orozco Sandoval, hasta ahora gobernador electo, no pueda contender en una eventual elección extraordinaria, pues aseguran que rebasó en 20% el tope de campaña.
“La sanción no sería solamente la anulación de la elección, si no también que no pudiera competir el mismo candidato porque esa sería la sanción correspondiente por no cuidar este acto”, advirtió el secretario general del PRI en el estado, Alberto Solís.
El recurso, presentado por abogados del Comité Ejecutivo Nacional y el representante del tricolor ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Francisco Ramírez, es contra los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección a gobernador, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a Orozco Sandoval.
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Además de la injerencia de la iglesia católica, y el rebase del tope de gastos, acusan que el alcalde panista de la capital, Antonio Martín del Campo, y funcionarios municipales, habrían desviado recursos para favorecer a sus correligionarios.
“Ha habido funcionarios que han sido sancionados en el sentido de que establecieron justamente esa correlación entre las obras y programas municipales con los nombres de los candidatos, y finalmente también estamos hablando de que hay funcionarios que de forma abierta, como el síndico municipal, establecieron la compra, la cooptación del voto y desvíos de recursos públicos tanto de gasolina como de despensas”, detalló Solís Farías.
A pesar de que una de las pruebas de la intervención del clero aportada por el PRI es la publicación del boletín dominical y videos de llamados al voto de castigo contra ese partido por parte de los ministros de la iglesia, los priistas dijeron no sentirse castigados.
Por el contrario, confiaron en revertir los resultados del proceso y en una eventual elección extraordinaria.
Esto a pesar de la confrontación que el partido se ganó con grupos empresariales y sociales, luego de la modificación a la iniciativa ciudadana de la ley 3 de 3.
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Por otro lado, aunque no participó en la elección a gobernador, Movimiento Ciudadano informó en un comunicado que su representante ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Abel Sánchez Garibay, presentó un escrito, así como videos y otros documentos que acreditan cómo los integrantes del clero aguascalentense pidieron ir en contra de los candidatos supuestamente ajenos a su concepto de “familia natural”.
“Consideramos que eso constituye un atentado a nuestras leyes y a la equidad electoral, pues todo desembocó en el triunfo del panismo. De manera repetitiva y homofóbica descalificó el trabajo de legisladores locales y federales debido a sus posturas en pro de los derechos”, afirmó el representante.
La Diócesis, acusó, se aprovechó de la preponderancia de la religión católica en la población de la entidad para salvaguardar intereses propios e interferir en cuestiones del Estado.
“El artículo 130 de la Constitución Política ha sido violentado. Movimiento Ciudadano no permitirá que grupos opuestos a las conquistas históricas propicien retrocesos en perjuicio de una población que demanda política constructiva y de altas miras”, se explicó en el documento.
Ambos recursos pasarán a a Sala Administrativa y Electoral la próxima semana y, en caso de ser procedente, irá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
