ONG en Aguascalientes advierten retroceso por recurso contra NOM pro aborto
Activistas independientes y miembros de 11 organizaciones civiles de Aguascalientes consideraron “un retroceso” la controversia constitucional que el Congreso local aprobó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Norma Oficial Mexicana que permite a las mujeres violadas abortar sin tener que comprobar el asalto sexual.
En rueda de prensa, advirtieron que vigilarán que en el estado se respete ese derecho de las víctimas y ofrecieron acompañamiento y asesoría a las mujeres en esa situación, a través de la plataforma www.necesitoabortar.tk.
La Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, obliga a las instancias de salud pública a interrumpir el embarazo “previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada, de que dicho embarazo es producto de una violación”. Solo cuando la víctima sea menor de 12 años, la solicitud deberán presentarla sus padres o tutores.
Betsy Montoya, presidenta de la organización REDefine, aclaró que la NOM 46 no implica que el delito de violación quede impune, pues también establece que las secretarías de salud deberán avisar al Ministerio Público cada vez que practiquen un aborto practicado bajo esas condiciones.
En Aguascalientes, la violación es un delito sexual que se persigue de oficio. El aborto voluntario también es considerado un delito, salvo cuando no practicarlo pone en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo es producto de violación. Sin embargo, en este último caso, el Ministerio Público debe autorizar a la mujer y a las instancias de salud a practicarlo, trámite que en ocasiones tarda más de las 12 semanas en las que la interrupción del embarazo no pone en riesgo a la mujer.
La activista anticipó que la aplicación de la NOM 46 ayudará a detectar casos de incesto y otras formas de violencia intrafamiliar, aunque reconoció que deberá garantizar servicios amigables tanto en los Ministerios Públicos como las secretarías de salud ofrezcan y promover la cultura de la denuncia.
“Tendremos que empezar por sensibilizar y capacitar a todo el personal de los ministerio públicos, de las secretarías de salud, justamente para que cuando lleguen este tipo de casos, reciban un trato sensible y humano”, comentó.
Otros estados como Jalisco y Guanajuato ya han promovido acciones de inconstitucionalidad de esta norma, que no han prosperado. En Veracruz, organizaciones civiles solicitaron alerta de género porque el gobierno ha impedido que las niñas violadas que resultan embarazadas aborten.
Rosalinda Aréchar, presidenta de Mexicanas en Acción Positiva (Aguascalientes) dijo confiar en que el recurso que presente el Congreso del estado tampoco prospere y exigió a los diputados cumplir con su trabajo de garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia social.
