El crimen de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora cometido hace unos días en la Sierra Tarahumara, cimbró a buena parte del país e hizo cuestionar nuevamente la falta de estrategia de seguridad por parte de las autoridades.
Los asesinatos ocurrieron justo cuando el país rebasó los 121,000 mexicanos muertos por acciones violentas y superando con ello, la cifra de asesinatos ocurridos en todo el sexenio de Felipe Calderón.
Los homicidios dolosos han servido para medir el nivel de violencia en el en México, pero hay otro delito que las propias autoridades reconocen que ha venido creciendo tanto a nivel nacional como en la CDMX: la extorsión o el llamado “pago de piso”.
De acuerdo con datos oficiales y aportados por el experto en seguridad, Francisco Rivas, en los primeros cinco meses del año la extorsión creció casi 28% contra el mismo periodo del año pasado, mientras que de enero a mayo de este 2022 tuvo la mayor tasa de víctimas desde que se cuenta con registros. No obstante, este delito es uno de los que cuentan con mayor cifra negra.
De acuerdo con analistas, este delito está presente en muchos sectores y áreas económicas del país y afecta ya a las personas más vulnerables, pues los grupos criminales controlan los precios de productos de la canasta básica o energéticos como el gas.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la extorsión es un delito que aún no puede ser frenado.
“Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, dominio de mercados y hay asesinatos por eso, y se está trabajando”, dijo.
