El control al gasto en publicidad oficial enciende más el año electoral

El gasto de los gobiernos en publicidad oficial se ha convertido en un tema polémico en México y se encamina a ser uno de los que generen más tensión durante las elecciones de este año.

¿Qué tanto gastará cada quien en difundir sus actividades en los medios de comunicación? ¿Bajo qué criterios deben decidir los gobiernos en dónde anunciarse y en dónde no? ¿Cómo evitar que esos recursos públicos sean utilizados para presionar a directivos o periodistas e influir en coberturas noticiosas? ¿Es necesario crear una instancia independiente que vigile los contratos entre instituciones y empresas mediáticas?

Todas estas preguntas estarán en el aire en los próximos meses, luego de que a finales de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso ha sido omiso en regular este campo y le ordenó que antes del 30 de abril expida una ley que regule la publicidad oficial . Adicionalmente, el tema recibió otro impulso después de que el diario estadounidense The New York Times publicó en diciembre un reportaje que, con base en información de la organización civil Fundar, señala que el actual gobierno federal ha gastado casi 2,000 millones de dólares en este rubro, alrededor de 37,000 millones de pesos.

Hoy, mientras el Congreso se prepara para iniciar el periodo de sesiones en el que tendrá que tocar el asunto, también corren los procesos electorales federales y locales que llevarán a la renovación de 3,146 cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República, en una competencia que se definirá en las votaciones del 1 de julio.

Así, al tiempo que se realice la contienda electoral más grande en la historia del país, los principales candidatos tendrán que fijar sus posturas en torno a cómo consideran que los funcionarios y las instituciones pueden gastar dinero público para anunciarse.

Hasta ahora, México no sale bien parado en este terreno. En 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de que el presupuesto del Estado suele ser empleado como un mecanismo de control hacia los medios .

Y recientemente, la misma organización civil Fundar dio a conocer que en los últimos cuatro años el gasto en este rubro ha tenido sobrejecicios . Por ejemplo, en 2013 hubo una diferencia de 48.7% entre el presupuesto aprobado y el monto total ejercido, mientras que en 2016 la brecha fue de 133.58%: la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de 4,580.4 millones de pesos, cuando en realidad se gastaron 10,698.8 millones de pesos.

Una larga deuda legislativa

México arrastra un retraso de 10 años en emitir una ley reglamentaria en materia de publicidad oficial. La obligación comenzó con la reforma político-electoral de 2007, en la que se reformó el artículo 134 de la Constitución para establecer que toda la comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades deberá tener un fin informativo, educativo o de orientación social, sin incluir nombres, voces o imágenes que promuevan a los funcionarios.

Los diputados y senadores desde entonces tenían que haber aprobado una legislación secundaria, pero esto no ocurrió.

Para la reforma político-electoral de 2014, el Congreso no sólo refrendó el sentido del artículo 134 constitucional, sino que se fijó una fecha límite para expedir su reglamentación, el 30 de abril de 2014, pero el plazo se venció sin que el tema se discutiera. A esto se sumó la promesa incumplida del propio presidente Enrique Peña Nieto, quien antes de asumir el cargo dijo que crearía una instancia ciudadana que se encargaría de supervisar los contratos de publicidad de todos los niveles de gobierno con medios de comunicación.

Tras el fallo de la Corte, organizaciones, expertos y académicos se han unido para exigir que la discusión del asunto sea seria, integral y abierta a la ciudadanía.

nullAna Crisitina Ruelas, directora de Artículo 19, dijo a Expansión que se debe analizar las cerca de 11 iniciativas que están pendientes en el Congreso, con el objetivo de tener un "mejor modelo" de regulación, que cumpla con recomendaciones de organismos como la CIDH. Además, consideró que en la futura discusión deben incluirse puntos como integrar en el padrón de medios a empresas tecnológicas como Google o Facebook, y definir quién va a determinar a qué audiencia va dirigida la publicidad.

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La ruta de la CIDH

De cara al debate en las cámaras, los legisladores pueden voltear a ver las experiencias y recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala ocho principios para establecer una buena reglamentación en la materia. Aquí los sintetizamos:

1. Establecer leyes especiales, claras y precisas.

2. Fijar objetivos legítimos: obligar a que la publicidad oficial sea de utilidad para la población y garantizar que las campañas tengan un propósito.

3. Hacer que los estados diseñen mecanismos de contratación y distribución transparentes y claros, con los que se evite la sospecha de favoritismo o discriminación por la línea editorial de un medio.

4. Exigir a las dependencias realizar una adecuada planificación de cómo se otorgarán los fondos públicos a campañas y actividades concretas, para evitar que se incremente el gasto injustificadamente a menos de que ocurra una emergencia.

5. Establecer sistemas de información o registro de proveedores en los que se inscriban tanto medios de comunicación como agentes intermediarios.

6. Publicar periódicamente toda la información relevante sobre criterios de contratación, motivos de asignación, presupuestos, gastos y contratos publicitarios, incluyendo los montos de publicidad discriminados por medios, campañas publicitarias y organismos contratantes.

7. Establecer controles externos y autónomos de vigilancia y monitoreo para la asignación de los recursos, además de sanciones en caso de violación a las normas.

8. Diseñar políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios.

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