Cada día, millones de litros de aguas residuales caen en cascada por un cañón hasta el Océano Pacífico, justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México. Como sabe cualquier surfista de San Diego, las marejadas de verano que vienen del sur empujan el líquido tóxico hacia el norte.
Mientras tanto, millones de litros más de aguas residuales tratadas y no tratadas bajan por el río Tijuana y hacia el mar justo al norte de la frontera.
Cuando el viento y las corrientes conspiran, el olor de las bacterias fecales ensucia la pintoresca ciudad Imperial Beach, en el condado San Diego, donde la alcaldesa Paloma Aguirre califica los vertidos como "el mayor desastre medioambiental y de salud pública del país, que nadie conoce".
Si fuera el resultado de un huracán o un incendio forestal, en lugar de décadas de negligencia, la crisis podría justificar una declaración de emergencia, liberando fondos de recuperación para hacer frente a los daños ambientales, la amenaza para la salud pública y la pérdida de turismo.
En cambio, los amantes de la playa y los políticos se afanan en mejorar las infraestructuras a ambos lados de la frontera.
La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, construida en el lado estadounidense de la frontera para limpiar las aguas mexicanas, está sobrecargada de trabajo y carece de fondos suficientes, pero sus responsables afirman que volverá a funcionar con normalidad en agosto.
El estado de Baja California dice que las reparaciones más importantes de la maltrecha infraestructura de alcantarillado de Tijuana concluirán poco después, lo que podría poner fin a los peores vertidos. Tiene previsto invertir 530 millones de dólares para mejorarla entre 2023 y 2027.
"No, nomás estamos contaminando las aguas de los Estados Unidos, también de México", afirmó Kurt Honold, exalcalde de Tijuana y actual secretario de Economía e Innovación de Baja California. "Nuestros hijos también quieren nadar en Rosarito y en Tijuana y no enfermarse".
Inmediatamente al norte del muro fronterizo entre los dos países que desciende hacia el mar, las autoridades sanitarias de San Diego han cerrado efectivamente la playa durante más de tres años seguidos.
Más al norte, cerca del muelle de Imperial Beach, se han colocado señales amarillas brillantes que advierten "Manténgase fuera del agua" de forma intermitente desde 2021, privando a los surfistas de las olas y al lugar de los ingresos cruciales del turismo de verano.
Entrevistada en la playa bañada por el sol, la alcaldesa de Imperial Beach, que practica el bodyboard, dijo que si la crisis afectara a una ciudad blanca y rica, las autoridades estatales y federales ya la habrían resuelto hace tiempo.
"Somos ante todo una comunidad de clase trabajadora; somos ante todo una comunidad morena. Somos una comunidad fronteriza", afirmó Aguirre, ecologista antes de entrar en política.
La planta internacional pertenece a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés), un organismo regido por tratados entre Estados Unidos y México. Cuando funciona correctamente, trata 25 millones de galones al día (1,095 litros por segundo).
Pero la instalación se ha desgastado bajo la presión causada por las averías de la infraestructura de Tijuana en 2022 y la tormenta tropical Hilary hace un año, dijo Morgan Rogers, gerente de operaciones de área de la oficina de campo de San Diego de la IBWC. El tratamiento de aguas residuales se ha reducido a 22.7 millones de galones diarios este año.
"Cada galón que tratamos aquí es un galón que no va al océano, ya sea en el río o al sur en Tijuana", afirmó Rogers, quien guió a Reuters en una visita reciente, cuando sólo uno de los cinco tanques primarios de la planta -cada uno al aire libre con casi la capacidad de una piscina olímpica- funcionaba correctamente.
Mientras hablaba, una gran burbuja salió a la superficie. "Uf, se puede ver algo de flujo pasando por aquí", dijo Rogers. "Pero estamos avanzando a buen ritmo".
Además de una inversión de 30 millones de dólares para su actualización, la planta está a punto de someterse a una expansión de 400 millones de dólares con fondos federales para duplicar la capacidad, dijo Rogers, pero necesitará otros 200 millones de dólares para completar el trabajo.
A unos 10 kilómetros al sur de la frontera, un túnel bajo la autopista de la costa vierte aguas residuales con la furia de una presa que se ha abierto. Se trata del desagüe de San Antonio de los Buenos, la depuradora averiada de Tijuana.
México dice que una nueva planta de 33.3 millones de dólares en construcción está programada para entrar en funcionamiento el 30 de septiembre.
Por el momento, la cantidad de aguas residuales vertidas al océano sigue siendo objeto de controversia. La IBWC calcula que se vierten entre 35 millones y 45 millones de galones al día.
Baja California afirma que la planta vierte 23 millones de galones diarios (1,000 litros por segundo) de aguas residuales mínimamente tratadas con cloro. La Comisión Nacional del Agua de México cifra el vertido en 27 millones de galones diarios (1,200 litros por segundo).
Además, unos 50 millones de galones diarios de agua contaminada con aguas residuales fluyen desde el río Tijuana hacia Imperial Beach, según un medidor fluvial de la IBWC.
Alrededor de la mitad no han sido tratadas, mientras que el resto es una mezcla de aguas residuales tratadas, aguas subterráneas y agua potable procedente de las tuberías con fugas de Tijuana, estima Rogers.
Según Honold, las infraestructuras de Tijuana, gestionadas por el Estado, han sufrido décadas de abandono a medida que la población de la ciudad pasaba de 65,000 habitantes en 1950 a unos dos millones en la actualidad.
Entonces, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, elegida en 2021, hizo de las reparaciones de alcantarillado una prioridad, dijo Honold. "Lo sentimos", añadió. "Vamos a arreglarlo, y lo estamos arreglando".
