Expusieron que, de no concederse la suspensión de la reforma impugnada, se afectará de manera irreparable los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
De acuerdo con el documento, en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones, una de estas que, durante la dictaminación, se aprobó en el pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.
Ese cambio se dio “sin que existiera el quórum requerido, afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad”, alegaron los diputados de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
En el fondo del decreto aprobado, este –de acuerdo a los impugnantes– viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal.
"Se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor”, añade el documento.
La tercera circunstancia de ilegalidad –advierten– se refiere a la disposición o “confiscación” de bienes particulares, pues los Fideicomisos están integrados por aportaciones voluntarias de los trabajadores.
Por eso, al devolverse a la Tesorería de la Federación se concretaría “una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos”.
“De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”.
Este recurso es necesario para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia, afirmó el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira.
