Desde 2015, cuando fue ratificado por el Senado de la República como ministro de la SCJN, Javier Laynez “se ha distinguido por sus sentencias técnicamente sólidas en apego a la Constitución”, consideró el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Tito Garza Onofre.
Polémicas
Laynez fue el segundo y último ministro postulado por el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Llegó a la SCJN para sustituir al ministro saliente Juan Silva Meza.
Durante el sexenio participó en la redacción de la reforma energética de Peña Nieto y, por esa razón, legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron su postulación a la Corte, pues consideraron que se le ponía en ese cargo para frenar los amparos en contra de la reforma.
En octubre de 2021 se difundió que el ministro fue detenido en Torreón por conducir en estado de ebriedad, pero Laynez lo negó.
En su momento, La Barra Mexicana de Abogados también cuestionó la nominación de Laynez a la Corte porque consideró que carecía de independencia debido a que había ocupado diversos puestos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Senado lo ratificó con 81 votos.
Sentencias
Algunas de las resoluciones de la SCJN en las que el ministro Laynez ha participado incluyen votar a favor de la legalización en Jalisco del matrimonio entre parejas del mismo sexo; de avalar la constitucionalidad de la figura de las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial y en contra de que la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador incluyera una pregunta sobre si el Mandatario debería continuar en el cargo.
Trayectoria
Antes de ser ministro de la Corte se desempeñó como consejero jurídico de los expresidentes Ernesto Zedillo y Vicente Vox; fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. También ocupó otros cargos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Hacienda.
En 2006, durante su paso por la PGR como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, se extraditó a Estados Unidos a Rafael Arellano Félix, uno de los líderes del Cártel de Tijuana, y se solicitó a Canadá la extradición del dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia.
