Corte admite a trámite controversia del INE contra una parte del "Plan B"

Para el INE, las modificaciones legislativas merman su autonomía y la capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, además de que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.

Además, establece que la reforma avalada por Morena y aliados permite que las autoridades puedan intervenir en una contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

En síntesis, aclara el INE, se contraviene el modelo de comunicación social y la propaganda gubernamental establecida en el artículo 134 Constitucional, lo que le impide ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad de las elecciones.

“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal”, indica el acuerdo del ministro Pérez Dayán.

De igual forma, refiere que de acuerdo al INE, dichas modificaciones “producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional”.

Esto es, que el referido Decreto obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ratificó que una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el segundo paquete de reformas del Plan B, acudirá nuevamente ante la Corte.

Ello, en relación a las modificaciones planteadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LGPJF) y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.