Los mandatarios estatales explicaron sus argumentos de por qué consideran que la prisión preventiva debe mantenerse tal como lo establece la constitución en su artículo 19, entre ellos, porque refieren que la medida ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos.
“El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”, señalan.
También destacaron que quitar parte del texto constitucional o dejar sin efecto algunos párrafos de este, es decir, modificar dicho texto, no es una atribución de la Corte, mucho menos el artículo en cuestión, dado que no fue impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni en los tiempos que se prevén para ello.
“Ante todas estas consideraciones, las gobernadoras, la jefa de gobierno y los gobernadores que firmamos estamos convencidos de que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer”, destacaron.
Los firmantes son la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; las gobernadoras Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche, y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.
Así como los gobernadores Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Víctor Castro, de Baja California Sur; Miguel Barbosa, de Puebla; Julio Menchaca, de Hidalgo; Rutilio Escandón, de Chiapas; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Cuitláhuac García, de Veracruz; y David Monreal, de Zacatecas. Los acompañan también Ricardo Gallardo (PVEM), de San Luis Potosí, y Cuauhtémoc Blanco (PES), de Morelos.
