La ausencia de plazos fijos para resolver los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede provocar dilaciones injustificadas y falta de certeza jurídica, aseguró Edna Jaime, directora de México Evalúa.
Durante la presentación del estudio “Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal”, la politóloga dijo que el estudio encontró “deficiencias, contradicciones, algunos errores en las bases de datos que nos compartió la Corte”.
Las decisiones de la @SCJN tienen un gran impacto en la vida de las y los mexicanos. ¿Éstas se toman mediante procesos claros y transparentes? Presentamos #ObservatorioSCJN https://t.co/tRV54lqnDb
— México Evalúa (@mexevalua) July 5, 2022
“Nos preocupó –y nos quedamos con una duda- después de recibir la información. ¿Tienen problemas de registro de información, de sistematización en la Corte o no nos la quisieron dar? Y nos vamos a quedar con esa duda”, acotó la politóloga.
Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia de esa organización, comentó que, si bien los jueces hablan a través de sus sentencias, en realidad también lo hacen a través de sus silencios, esto es, del tiempo en que cada ponencia resuelve o no los asuntos que le son asignados.
Y estos señalamientos, anotó, “han sido acompañados de sospechas de que la aceleración y sobre todo la demora en la resolución de ciertos asuntos se deben a presiones políticas, mediáticas o económicas”.
Expuso que a raíz de una resolución, miles de personas se enfrentan con la incertidumbre de no obtener justicia pronta y expedita.
Al reconocer, sin embargo, que la demora no es nueva ni exclusiva de México, evocó al político inglés del Siglo XIX William E. Gladstone en el sentido de que “justicia demorada es justicia denegada”.
Saúl López, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, comentó que algunas decisiones discrecionales de los ministros de la SCJN podrían estar justificadas.
No obstante, resaltó que algunos ministros “han aprovechado sus espacios de discrecionalidad para favorecer a grupos políticos, de interés o incluso, privados”.
Blanca Lilia Ibarra, Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expuso que la transparencia no solo abona a la legitimidad de las instituciones, sino que disminuye la corrupción, la ineficiencia y la discrecionalidad.
Ibarra Cadena destacó que en el Poder Judicial, al no ser electos por el voto popular, carece de legitimidad de origen y dependen de la llamada “legitimidad de gestión”.
En el INAI, anotó, “estamos convencidos de que el derecho de acceso a la información es inseparable del derecho de acceso a la justicia. No puede haber debido proceso legal sin transparencia, tutela judicial efectiva sin publicidad, ni rendición de cuentas si no pueden leerse las sentencias”.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, comentó que las decisiones que adopta la SCJN son de gran trascendencia no solo para las partes en litigio, sino para el país, pues tiene el mandato de proteger los derechos humanos, hacer valer la Constitución y ser un contrapeso ante los posibles abusos de los demás poderes del Estado.
Dijo que en los últimos años existe la percepción de que “estos tiempos (de resolución) pueden ser distintos en función del peso político o mediático del caso, o del peso económico de las partes”.
Por ello, en el estudio se evalúa el plazo en que un asunto llega a la Corte y éste es resuelto mediante sentencia.
La politóloga Jaime Treviño destacó que en el estudio se encontró “deficiencias, contradicciones, algunos errores en las bases de datos que nos compartió la Corte. Nos preocupó –y nos quedamos con una duda- después de recibir la información. ¿Tienen problemas de registro de información, de sistematización en la Corte o no nos la quisieron dar? Y nos vamos a quedar con esa duda”.
Así, con la base de datos que México Evalúa pudo construir, se concluyó que la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena tarda en promedio 356 días para resolver un asunto, esto es, desde que se le dio entrada hasta su resolución mediante sentencia.
Le sigue la ministra Ana Margarita Ríos Fajart, con 294 días; Norma Lucía Piña Hernández, 256 días; Juan Luis González Alcántara Carrancá, 246 días; Javier Laynez Potisek y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 222, respectivamente; Yasmín Esquivel Mossa, 213; Jorge Pardo Rebollar, 196 días; Alberto Pérez Dayán, 180 días; Luis María Aguilar Morales, 175 días.
En el estudio no se incluye a la ministra Loretta Orti Ahlf, quien fue designada por el Senado de la República en noviembre del 2021.
Las decisiones de la @SCJN tienen un gran impacto en la vida de las y los mexicanos. ¿Éstas se toman mediante procesos claros y transparentes? Presentamos #ObservatorioSCJN https://t.co/tRV54lqnDb
— México Evalúa (@mexevalua) July 5, 2022
Para hacer más eficiente el trámite de los asuntos de la SCJN, México Evalúa propone:
*Implementar un sistema en turno informático.
*Transparentar el turno.
*Implementar un mecanismo de auditoría del sistema.
*Diagnosticar y repensar la ingeniería de los procesos.
*Implementar mecanismos y herramientas que mejoren la eficiencia de los procesos que son parte del trámite.
