Morena se inconforma
Por su parte, Morena y algunos de los servidores públicos sancionados presentaron un recurso de revisión para que se dejara sin efectos la sentencia.
A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, en el proyecto aprobado en sesión pública por videoconferencia, se reiteró que, a pesar de beneficiarse con el posicionamiento indebido de su imagen, ninguna prueba demuestra que el Ejecutivo Federal haya orquestado la estrategia masiva de promoción.
Al resolver el fondo de la controversia, se modificó la sentencia impugnada para fincar responsabilidades a los servidores públicos que habían sido excusados bajo la justificación territorial, pues la Constitución prohíbe usar propaganda gubernamental y recursos públicos para promover la imagen de algún funcionario.
De igual forma se recordó que los recursos públicos deben ser aplicados con imparcialidad y en beneficio de la sociedad, no para influir en la competencia electoral ni para publicitar a algún funcionario.
La prohibición aplica a los Poderes de la Unión, órganos autónomos, dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno. Asimismo, aplica al sujeto emisor o responsable y al contenido de los actos de promoción.
Al final, el pleno confirmó la responsabilidad atribuida por la Sala Especializada a tres servidores públicos adscritos a la Secretaría del Bienestar y, en plenitud de jurisdicción, tuvo por acreditada la responsabilidad de veintidós servidoras y servidores públicos adicionales.
