Las estimaciones del CIEP contabilizan a 8.8 millones de personas de entre cero y 17 años que no están inscritos en los niveles educativos que les corresponde según su edad, lo que requeriría de 188,442 millones de pesos (0.7% del PIB) para integrarlos y a 6.8 millones de personas que están en la edad típica de estudiar el nivel superior, que si se inscribieran en alguna institución de educación pública, necesitarían 252,313 mdp (0.9% del PIB) adicionales millones para poder incluirlos.
A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que 5.2 millones de estudiantes que dejaron las aulas en el ciclo escolar pasado. De estos, un 26.6% lo hizo porque sus familias consideraban que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; un 25.3% debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y un 21.9% reportó no inscribirse por carecer de computadora o algún otro dispositivo electrónico o contar con conexión a internet.
Por lo que, Pérez Pacheco destaca que para 2022 se prevé destinar el 1.9% más de recursos de lo presupuestado el año pasado, lo que es insuficiente para dotar de infraestructura sanitaria adecuada para el regreso a clases seguro, integrar a los alumnos que se sumaron con la reforma de 2019 y ofrecer educación de calidad, como lo marca la legislación de hace tres años.
“Se va a aprobar más presupuesto, pero tal vez no se vaya a los sectores donde se requiere. El llamado es dar estos recursos de 440,000 lo que sería únicamente para garantizar el derecho a la educación; sin embargo, hay todavía muchos desafíos en el sector que no están siendo atendidos”, comenta en entrevista.
Para el especialista, México aún está lejos de cumplir con la propuesta del Ejecutivo federal de dar educación para todos y de calidad, pues aunque está en la Ley, no se ha traducido en más recursos y apoyos para integrar a quienes no están en las aulas.
