José Luis Vargas fue depuesto como magistrado presidente del TEPJF la semana pasada por 5 magistrados, que bajo la presidencia por ministerio de ley de la magistrada Janine M. Otálora eligieron como nuevo titular a Reyes Rodríguez Mondragón. Anoche, para desatorar la crisis, designaron a Felipe Fuentes Barrera como presidente temporal, en espera de elegir el próximo mes quién estará al frente del órgano jurisdiccional hasta 2023.
Sin hacer referencia directa a este conflicto, Cossío dijo que en estos días hay “un espectáculo verdaderamente triste para la judicatura nacional” y que es “muy lamentable por donde quiera que se le vea”.
Al participar en el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades Hacia la LXV Legislatura”, organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el exjuzgador puso énfasis en que más allá del tema de independencia judicial el segundo pendiente más importante del país en términos estructurales es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Este debió expedirse desde 2018 pero “estamos ante una omisión constitucional absoluta” del Congreso.
Anticipó un “desastre” pues cuando se deroguen códigos civiles locales no habrá forma de aplicar un código supletorio y una parte muy importante de los litigios nacionales se tramitan en juzgados familiares federales y locales, con un volumen importante de divorcios u otro tipo de juicios.
Además de los conflictos que históricamente se producen, hoy el país vive una acumulación de rezago por la pandemia COVID-19, lo que genera una enorme presión judicial, advirtió.
En tanto, el exprocurador y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Sergio García Ramírez, planteó como uno de los pendientes legislativos la regulación de los mecanismos de elección de los jueces y altos funcionarios del Poder Judicial.
Habría que reflexionar –planteó- “si las normas que hoy existen son adecuadas o si da lugar a deslices de carácter político que no son bienvenidos”.
En la Constitución se exigen méritos especiales, características éticas y personales, experiencia y desempeño a los que aspiran a un cargo público, eficiencia capacidad y probidad, honorabilidad, antecedentes profesionales en la actividad jurídica.
Pero “nada de esto se reclama de otros servidores públicos pero todo esto se requiere en los altos juzgadores y debiera requerirse para todos los juzgadores”.
Así, planteó que debería modificarse el régimen de nombramiento de los funcionarios de justicia, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los más altos juzgadores
