En todos los escenarios, como conclusión de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el gran ganador.
Pero en términos de ejercicio de democracia participativa la ciudadanía no ganará nada: se desvirtuará ese tipo de mecanismo, se erogarán 500 millones de pesos sin un objetivo claro, y solo será una figura usada con fines políticos, concluyeron especialistas en política y democracia.
José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); María Marván, coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y Hugo Concha, investigador del IIJ y director de la Revista Reforma Judicial desmenuzaron la consulta en un foro virtual organizado por Expansión Política.
En el debate “La primera consulta ciudadana: ¿estímulo a la participación o decepción de un mecanismo?” concluyeron que sea cual sea el número de ciudadanos que participen, si sus resultados son vinculantes ( sólo si vota el 40% de los electores, o sea 37.2 millones ) y sin importar la respuesta, todo podrá ser utilizado políticamente por el presidente, principal promotor del ejercicio consultivo.
El 1 de agosto próximo se realizará en todo el país la primera consulta popular organizada conforme a la ley, y el Instituto Nacional Electoral (INE) colocará 57 mil 124 mesas receptoras de opinión ciudadana para someter una pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redactó para no vulnerar derechos humanos de presuntos responsables de conductas ilícitas.
La pregunta será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Crespo estimó que la figura misma de consulta “va a salir debilitada” pues en esta primera vez que se realizará en el país ya se convirtió en “un instrumento de manipulación política, de propaganda del propio gobierno “.
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Las figuras de democracia directa son de valía –expuso Marván, pero en este caso, “por la pregunta planteada por el presidente, por la pregunta formulada por la SCJN, estamos haciendo de esto un ejercicio vano en el que se va a gastar mucho, en el que no entendemos ni los más avezados, qué nos están preguntando” ni a qué conducirá la opción del sí o del no.
Crespo Mendoza afirmó: "(el presidente) pierde y gana de cualquier manera porque yo creo que a él mismo no le conviene entrar a las comisiones de la verdad (como la que podría crearse si gana el si) eso va a ser un galimatias ¿qué se investiga? ¿quien investiga?".
El analista abundó: “¿Abrir qué casos? ¿lo de Colosio?, ¿lo del Fobaproa?, ¿el fraude del 88 como él mismo lo ha mencionado?. O sea, se va a perder, se va a diluir. Ahí le convendría al gobierno que no sea efectivamente vinculante (obligatorio acatar el resultado) porque se lavan las manos”.
Pero en dado caso, agregó que “si fuera vinculante, cosa muy poco probable, pues también le pueden dar el uso político que quieran decidiendo los temas a investigar, para seguir golpeando políticamente la oposición. Por donde le veas esto no tiene sentido”.
Para Concha Cantú, el ganador será el jefe del Ejecutivo federal. “Tenemos una cosa muy vaga que va a ser utilizada políticamente. Si gana el 'no', me imagino que el presidente va a decir '¿ven?' No es ningún pacto de impunidad que yo tenga con el pasado, el pueblo sabio no quiere que hagamos nada con lo que sucedió antes, no gastemos nuestra energía, vamos hacia adelante, al futuro, a construir la cuatro T”.
Incluso “si gana el 'sí', el propio gobierno va a querer hacer lo que le convenga con ese 'sí'”, pues la gran mayoría de los delitos que pudieran existir ya prescribieron.
Marván Laborde también dibujó los escenarios, y todos son de triunfo.
“En la siguiente mañanera y muchas otras que nos van a recetar, si hay poca participación le va a sacar raja a eso; si hay mucha participación le va a sacar raja a eso. Si gana el 'no', va a decir que él hizo todo lo posible. Si gana el 'sí' va a decir que él interpreta la voluntad popular y a partir de eso va tomar 3 o 4 acciones”.
En ese caso no se sabe si actuará en contra de cada uno de los expresidentes o en contra de uno en particular “en fin, ya acaba siendo muy irrelevante porque no hay un mandato preciso y una consulta debe tener un mandato preciso: si quiero esto no quiero esto”, dijo la académica.
La consulta popular fue promovida por un grupo de activistas vinculados a Morena, el partido del presidente, y tras acreditarse el número de firmas necesarias, el Congreso convocó a realizarla el pasado 26 de octubre.
Pero al analizar la constitucionalidad de la consulta y pregunta propuestas, la SCJN modificó esta para no violar los derechos humanos, como el de presunción de inocencia, ya que sus promotores plantearon de origen preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo con juzgar a los expresidentes.
Al reformular la pregunta, quedó tal ambigüedad que no hay claridad de qué actores políticos se habla, qué periodo abarca el pasado a investigar, qué instancia lo hará y a quién, expusieron.
Pero la Corte consideró procedente la consulta, bajo una presión “fortísima por parte del presidente (que) en sus mañaneras decía que la Corte estaba obligada a aceptar”.
Por eso, “en una especie de malabarismo constitucional, dijeron dos cosas: si es válida la consulta, pero tenemos que reformular la pregunta. La verdad de las cosas es que la pregunta es absurda“.
Concha expuso que tenían que cambiarla por obviedad, “porque en la consulta no se puede someter la justicia al pueblo, ¡imagínate¡ pues ahí si ya se acabaron las instituciones si hacemos esto”.
Alertó que el problema es que la SCJN “aprobó la consulta con una pregunta genérica, es muy abstracta y muy peligrosa porque rompe los parámetros, los cánones, de lo que son estas figuras por que va a estar sujeta a interpretaciones: el gobierno va a poder interpretar lo que le dé su regalada gana con lo amplia que está”.
El académico recordó que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseguró en una entrevista que como resultado de la consulta se puede dar paso a comisiones de la verdad en un proceso de justicia transicional.
Dijo: "Si eso fuera, yo estaría totalmente de acuerdo, el país necesita ese tipo de mecanismos excepcionales más aún cuando nuestros procedimientos judiciales francamente no funcionan … nuestras instituciones de justicia están hechos pedazos”.
Pero recordó que eso no viene en la pregunta.
"Yo –agregó Marván- sí le preguntaría (a Zaldívar) que si él tuvo la oportunidad de redactar la pregunta porque no dijo lo que ahora quiere que entendamos. Porque la pregunta no dice lo que él quiere que entendamos”.
Para Crespo Mendoza, la evidencia de la ambigüedad de la consulta es que “mucha gente está pensando que se esclarezca lo del Metro (la Línea 12) o el dinero que recibieron los hermanos de López Obrador” por lo que propuso que se realicen encuestas de salida “para saber qué está pensando la gente y que quede claro que no es solo la interpretación del presidente”.
Los tres: Crespo, Concha y Marván se pronunciaron por ir a una reforma a la Ley de Consulta Popular en el futuro, para reducir el umbral de 40% de participación de la Lista Nominal de Electores (LNE) para que sus resultados sean vinculantes, pues esa cifra es muy alta.
Crespo se pronunció por propiciar que sean muchas más las consultas. “Tan estamos a favor de la democracia participativa que podemos hacer hasta una por año”.
Los obradoristas están diciendo “los que se oponen a este ejercicio es que no quieren que la gente participe, es que no son demócratas, no. Estamos a favor, estamos a favor de que la gente primero pero primero procedimiento constitucional y segundo, si ya se va este procedimiento que sea sobre cosas sustanciales, sobre cosas realmente concretas”, explicó.
Marván propuso que, como en Estados Unidos, las consultas populares sean muchas más a nivel estatal y por asuntos concretos y tangibles, además de incluir otros mecanismos de democracia participativa.
Concha planteó bajar el umbral, pero además consideró que el presidente no debería tener la potestad de proponer consultas populares.
“El presidente tiene muchos otros instrumentos. Creo también que se podría precisar con más detalle los temas que el artículo 35 constitucional prohíbe para la consulta popular”, indicó.
