El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 resaltó la necesidad de instaurar un sistema de protección social universal, que permita mitigar los riesgos asociados a las etapas de vida y a contextos de emergencia, como el que atraviesa el mundo en la actualidad.
El organismo alertó que la magnitud de los efectos negativos del COVID-19 sobre la economía, el comercio, el empleo y el bienestar supone un riesgo importante de retrocesos en los logros de desarrollo social de las últimas décadas, orientados a mejorar el bienestar de la población y contribuir al cumplimiento de los derechos sociales.
Ante la emergencia sanitaria, que ha traído consigo miles de fallecimientos y una caída histórica de la actividad económica y de los ingresos de los hogares, señaló que es preciso ampliar la cobertura integral de protección social hacia grupos vulnerables, incluyendo atención en salud universal basada en un enfoque de derechos, así como desarrollar estrategias de inclusión laboral durante el periodo de recuperación, a corto plazo.
En tanto, consideró que a largo plazo una cobertura más amplia en materia de protección social contribuye a la protección contra otras crisis, es inversión en capital humano y ayuda a incrementar el consumo, aunado a que es una política central para la reducción de las desigualdades, el avance hacia la inclusión social, el crecimiento inclusivo y la cohesión social.
“El desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y un sistema de protección social universal. De manera inicial, se aseguran los ingresos y el consumo en los hogares; sin embargo, en el largo plazo es necesario reducir las desigualdades para responder a los impactos de la crisis en la vida de las personas”, cita el informe.
